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9 de OCTUBRE de 2009
BINIZA (Voces al viento, en zapoteco): Los chismes en el sur llegan muy rápido. Dicen que el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, amenazó a los funcionarios estatales en el hotel Terranova de Coatza, que si no apoyan a Duarte, se vayan. Lo dijimos: Rey sólo la complica. Ahora ya son dueños del gobierno, de los impuestos del pueblo y se creen dioses.
GANAN DEMANDA MILLONARIA CONTRA AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN
+ Ganó Cibernéticas a Guadalupe Porras
+ En Menos de dos años, Minatitlán deberá pagar más de ciento sesenta millones de pesos a Julio Aldana.
+ Proyecto: “Tierra”, Nuevo Plan
+ Renta Comunicaciones Cibernéticas camiones recolectores al ayuntamiento.
DELFINA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ / Cortesía de SOTAVENTO DIARIO.- El apoderado legal de la empresa Comunicaciones Cibernéticas, Jorge A. Ocampo Espinoza, informó que después de un año y 4 meses, el Tribunal Contencioso Administrativo de Coatzacoalcos emitió sentencia a favor de esta empresa; por lo tanto, el ayuntamiento de Minatitlán está obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados al haber cancelado el contrato a Cibernéticas por el servicio de recolección de basura en este municipio, que eran de un cargo al erario público de casi 220 mil pesos mensuales.
“La sentencia consiste en que se declara la nulidad lisa y llana de la recisión del contrato que había decretado el ayuntamiento mediante acuerdos y la requisa de los vehículos automotores; eso obliga al ayuntamiento a devolver los vehículos, hacer los pagos, a pagar daños y perjuicios y en dado caso que pretendan incumplir el contrato, que nos paguen por los 15 años de servicio en que se estableció el contrato”, especificó el apoderado legal de Cibernéticas.
Al mismo tiempo, sentenció que “la postura de carácter legal no tiene vuelta”, siendo además que desde un principio todo se ajustó a derecho y los contratos de Cibernéticas fueron aprobados por mismo Congreso del Estado.
Por lo tanto, judicialmente Comunicaciones Cibernéticas es la única empresa que debe operar en el servicio que le fue concesionado; desde luego que para poder ejecutar el trabajo y realizar el servicio, se tiene que ejecutar la sentencia de lograr que el ayuntamiento pague lo establecido.
A pesar de que Cibernéticas no demostró capacidad para brindar el servicio y por lo cual se le rescindió el contrato; precisamente al rehusarse a prestar el servicio en tiempos de inundaciones y cuando la ciudadanía requería de más apoyo; se argumentó que dentro del proceso judicial emprendido se logró demostrar que quien tuvo la responsabilidad de manipular el servicio de Limpia Publica fue el propio ayuntamiento de Minatitlán.
Ocampo Espinoza, detalló que dentro del proceso judicial se acreditan pruebas, supuestas quejas razonadas y que estas fueron originadas por el propio personal del ayuntamiento.
A manera personal dijo: “Las fallas del ayuntamiento fueron cuestiones políticas, aparte el egoísmo, entiendo yo”; “incluso dentro de las mismas actuaciones judiciales existen publicaciones periodísticas donde la regidora de Limpia Pública se expresa en contra de las políticas de la alcaldesa; muy respetable de nuestro punto de vista, pero afectó a la población en el servicio”.
La empresa tiene como objetivo la salud ambiental, derivado de ese proyecto se elaboraron contratos, dentro de estos, una parte se comprometió la empresa a instalar los equipos de saneamiento y por otra parte los ayuntamientos aportar el terreno; incumplió el ayuntamiento con los terrenos, eso fue lo que derivó la pugna judicial, explicó.
Además el ayuntamiento incumplió con los pagos; cuando debió hacerlo mensualmente y por casi 220 mil pesos, dependiendo del volumen métrico de los desechos que habría que levantar.
Sin embargo, el ayuntamiento en estos momentos tiene suspendido los pagos, que tiene que ejecutar la empresa; hemos ganado el juicio dos años y medio; “está endeudado en drástica medida el ayuntamiento”, afirmó.
Respecto a los camiones que requisados por el ayuntamiento, señaló que estos están en servicio; analicen, si no le dieron anuencia y continuidad a la empresa para seguir prestando el servicio por falta de pago; hoy en día esos camiones se los renta el ayuntamiento a Comunicaciones Cibernéticas.
DRÁSTICO QUEBRANTO DEL AYUNTAMIENTO DE MINA
+ “Cuestiones políticas y egoísmo de las autoridades”, las causas.
+ Judicialmente iniciará Comunicaciones la requisa de camiones y cobrará adeudos atrasados,
+ Nunca se dejó de prestar el servicio: Comunicaciones Cibernéticas (¿?)
GUILLERMO H. GUTIÉRREZ ARIAS / Minatitlán, Ver.- “El Ayuntamiento de Minatitlán está drásticamente endeudado con la empresa Comunicaciones Cibernéticas”, dijo de manera tajante el apoderado legal de la misma, Jorge Alberto Campos Espinoza.
De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal de la Contencioso Administrativo del Puerto de Coatzacoalcos, después de un proceso de un año cuatro meses se va a llevar a cabo la ejecutoria judicialmente para que se hagan efectivos los adeudos que tiene el Ayuntamiento de Minatitlán con la empresa Comunicaciones Cibernéticas, dijo el apoderado legal.
Por lo que se iniciará con la requisa de los camiones de limpia pública (más de 20), se cobrarán los daños y perjuicios y el pago de los meses por el servicio que nunca se dejó de prestar.
Y si el ayuntamiento de Minatitlán incumpliera, tendría que pagar los doce años restantes de acuerdo al convenio firmado. “La postura de carácter legal no tiene vuelta, los convenios fueron firmados y aprobados por el Congreso del estado y publicados en la gaceta oficial, agregó.
Campos Espinoza hizo referencia que cuando se inundó Minatitlán, el ayuntamiento le paró los camiones a la empresa Comunicaciones Cibernéticas y contrató otros camiones a los que si les está pagando”.
Judicialmente está demostrado -añadió- de que la empresa Comunicaciones Cibernéticas nunca paró el servicio, incluso en la temporada de las inundaciones que sufrió Minatitlán el año pasado.
Comentó que “las fallas de ellos fueron cuestiones políticas”. El Egoísmo, desde mi punto de vista personal, es una de las principales causas del incumplimiento del Ayuntamiento de Minatitlán, existen publicaciones periodísticas donde la regidora de limpia pública se expresa en contra de la alcaldesa (Guadalupe Porras David) contestó a las interrogantes de los medios informativos.
Tan mal ha sido la política de la alcaldesa Guadalupe Porras, que primero no le cumple a Comunicaciones Cibernéticas y le quita el servicio de limpia pública y “hoy el Ayuntamiento le renta los camiones de limpia pública a la empresa (más de 15 camiones).
De acuerdo a la sentencia judicial, Comunicaciones Cibernéticas es la única empresa que debe de operar el servicio que le fue concesionado. Dentro del Proceso Judicial hemos demostrado que la responsabilidad de manipular el servicio de limpia pública fue del ayuntamiento y los problemas que se originaron es responsabilidad de ellos.
Esta situación -agregó -afectó a la población en el servicio de limpia pública. No cumplió el ayuntamiento con lo convenido de proporcionar el terreno para la instalación de los equipos de saneamiento ambiental, a parte de que no cumplió con los pagos lo que afectó a la empresa.
Y categóricamente, contrario a lo que ha dicho el ayuntamiento de Minatitlán que preside Guadalupe Porras David, dijo que “el servicio de limpia pública nunca lo ha suspendido la empresa Comunicaciones Cibernéticas, independientemente de que el ayuntamiento no cumplió con los pagos”.
CIBERNÉTICAS DEJA SIN LIQUIDEZ A MINA
DELFINA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ / Cortesía de SOTAVENTO DIARIO.- Con escaso margen de maniobra económica; hoy el ayuntamiento de Minatitlán sufre una nueva embestida que seguramente podría costarle 162 millones de pesos al ayuntamiento encabezado por Guadalupe Porras David.
Es la empresa Comunicaciones Cybernéticas del empresario Julio Aldana Prieto, que asestaría el golpe final a la administración minatitleca, que atraviesa por los peores momentos financieros en la historia de cualquier período gubernamental, afirman los propios ediles opositores al sistema municipal actual.
A esto se agrega los recortes presupuestales hechos por la federación, de casi el 50 por ciento, cuyos recursos se destinan al pago de nómina principalmente y otros gastos corrientes del ayuntamiento, que en los últimos meses han resultado difícil de solventar; entre estos los adeudos con diversos proveedores de papelería, de limpieza, refacciones; mas los pagos de servicios de agua y luz entre otros.
Entre otros asuntos financieros que aquejan a la administración, están el préstamo de 50 millones de pesos que se hiciera a Banobras; además otros diez millones al Estado de las participaciones federales que apenas se recibirían este año; de los que todavía debe 5millones el municipio.
Extraoficialmente se conoce que el ayuntamiento tendría un ligero respiro, con el pago del impuesto predial por parte de la refinería “General Lázaro Cárdenas”; sin embargo, fuentes dignas de crédito señalan que “no procede el pago”, por lo tanto Petróleos Mexicanos recurrirá a las instancias legales para quedar exento de tales obligaciones.
EL IEV PAGARÁ 7 MILLONES DE PESOS A COLUMNISTAS
En el presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano viene un rubro de 7 millones de pesos para pagarles a columnistas.
Se supone que los que hacen columnas dan opiniones y a simple vista se ve que los consejeros del IEV no quieren que nadie los critique o cuestione. Una cosa es comprar espacio en los medios de comunicación y otra es comprar conciencias.
Creemos que hay una confusión seria entre los que manejarán los comicios para presidentes municipales, diputados locales y de gobernador. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Ya de por si el elevado presupuesto que presentaron a la legislatura ya lo catalogan como un asalto al erario público.
También el IEV dice que castigará a los adelantados, pero le avienta la pelota a los particulares y partidos políticos, en decir que las denuncias deben estar sustentadas. ¿Entonces para qué piden dinero para monitorear los medios de comunicación? ¿Qué eso no es para que los partidos se vayan alineando?
MALAS NOTICIAS EN SUCHILAPA
El Gobernador Fernando López Arias, nació en la congregación de Suchilapa en el municipio de Jesús Carranza. La comunidad colinda con el estado de Oaxaca, por lo que quiso que sus paisanos tuvieran acceso a la salud y les construyó una clínica de primer mundo con todos los aparatos para cualquier contingencia.
La clínica fue inaugurada por el entonces Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, el 19 de octubre de 1968. ¿Se pueden imaginar los avances que les dio a los habitantes donde nació? Pero aunque usted no lo crea, a 41 años están los aparatos, pero el personal de la clínica no sabe utilizarlos.
Fabián Antonio Santiago, que es de Coacotla, municipio de Cosoleacaque, pero vive en Jáltipan, tierra adoptiva del ex gobernador, está indignado como reportero. Tiene razón, no tienen poca. ¿Cuántas vidas se han perdido por este simple detalle?
¿QUIÉN LES ENTIENDE? ¿SUBIRÁ EL PASAJE?
El director de Tránsito del Estado, Enrique Cano, dice que puede que el aumento del pasaje urbano se puede dar de acuerdo a las regiones y podría darse antes que termine el año. El dirigente de los transportistas dice que el aumento al pasaje será el próximo año. El gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán dice que el aumento se discutirá hasta que cesen los accidentes. El diputado local Antonio Remes, del PAN, está de acuerdo que se suba el pasaje a 7 pesos. Los diputados federales están callados y se supone que son los que se oponen a que el presidente Calderón aumente los impuestos.
Nuestra tía Chucha nos manda una carta y dice: “El pasaje va a aumentar después que se apruebe el presupuesto de la federación el 20 de octubre. Los priístas, sí van aprobar el 2% a los pobres, pero aplicable a todo menos a los alimentos y medicinas, por lo que tendremos un IVA del 17%. ¿Dónde quedó que el presupuesto del presidente Calderón no promueve el empleo?
Bueno hay que esperar, tía desconfiada.
LAS INUNDACIONES, ¡UN MAL QUE TENDREMOS QUE SUFRIR CADA AÑO¡
+ “El agua reclama su espacio”
JOSÉ LLANOS ARIAS (jefe de Hidrometeorología de la Cuenca Golfo Centro de Conagua).- Iniciemos diciendo que, cada año, la vertiente oriental del Golfo de México se ve afectada, en promedio, por unos 45 frentes fríos entre septiembre y mayo e igual número de ondas tropicales que cruzan por nuestra región entre junio a noviembre. También suelen presentarse tormentas atmosféricas locales que favorecen fuertes chubascos y, por si esto fuera poco cada 2 a 4 años, de manera directa, nos afecta un ciclón tropical. Y, por supuesto, todos estos fenómenos atmosféricos en algún momento pueden ocasionar lluvias localmente intensas que ocasionan fuertes avenidas en los ríos de la región.
Lo anterior, pertenece a un punto de vista atmosférico, pero ahora vamos a analizar el aspecto hidrológico y empezaremos por decir que las lluvias que se registran en la región prácticamente generan un tercio del total de agua superficial que escurre a nivel nacional, agua que cruza por la entidad veracruzana hacia el Golfo de México. Este volumen es transportado por una gran cantidad de ríos y arroyos que, de acuerdo a una regionalización realizada por el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario, se contabilizan en alrededor de 5000 ríos pequeños o arroyos en el Estado; es decir, 5000 micro-cuencas donde se realizan diversas actividades.
A estos ríos y arroyos adicionalmente se les clasifica en afluentes de respuesta rápida y lenta. Los primeros son aquellos donde de manera inmediata el agua de lluvia es transportada a su parte baja, en algunos casos esto ocurre en menos de 7 horas y ejemplo de ello son los ríos Pantepec, Vinazco, Cazones, Tecolutla, Nautla, Actopan, Jamapa Cotaxtla, Valle Nacional y varios ríos y arroyos que se ubican en zonas donde la pendiente es pronunciada. Por otra parte, están los ríos de respuesta lenta como el Pánuco, Coatzacoalcos y el Papaloapan en los que el escurrimiento desde su parte alta hasta la baja toma un tiempo de recorrido de más de 24 horas, este tipo de ríos permite tener un mejor seguimiento de sus avenidas, en cambio en los de respuesta rápida, el tiempo es tan reducido que complica las medidas de alertamiento.
Ahora, adicionemos un elemento más a la problemática. Se tiene que, por diversas circunstancias de subsistencia y factores económicos, los pueblos se asientan a las márgenes de los ríos y arroyos y, en este sentido, Veracruz no es la excepción. En el Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz, que público la Secretaria de Protección Civil en el 2003, se identifica que existe un poco más de un millón doscientos mil habitantes en zonas susceptibles de inundación.
Así pues, al conjuntar todos estos elementos y otros factores más como el cambio del uso del suelo, la deforestación, la obstrucción de los causes, el arrastre de sedimentos, etcétera, no es de extrañar que cada año Veracruz se vea afectado con inundaciones y, consecuentemente, la población resulte afectada en su patrimonio y el propio Estado resulte afectado en su infraestructura.
Afortunadamente, a nivel mundial los Sistemas de Protección Civil cada vez están mejor equipados y con recursos humanos mayor capacitados para atender las emergencias hidrometeorológicas, por ello cada vez se tiene menor pérdida de vidas humanas, aunque es de señalar que no sucede así con las pérdidas materiales.
Para enfrentar las crecientes o avenidas de los ríos se llevan a cabo diversas medidas estructurales como lo son: construcción de bordos, protecciones marginales, presas para retención de sólidos o control de avenidas, así como dragado o rectificación de ríos. Sin embargo, es importante señalar que, debido a que estas obras son diseñadas en base a la información hidroclimatológica disponible -que en muchos casos no cubre todos los eventos que puedan darse- y a factores económicos en el que se busca el equilibrio entre el costo de la obra y el valor de los bienes protegidos, en algún momento se puede presentar un fenómeno hidrometeorológico extremo que supere el diseño de la obra y por ende ocasione afectaciones a los bienes de la población y del Estado.
Desafortunadamente, estos daños suelen ser aún mayores, debido a que las familias al considerarse protegidas por la obra, se asientan confiadamente en sus inmediaciones o se arriesgan a realizan actividades productivas de mayor inversión económica, que en un evento hidrometeorológico extremo son fácilmente arrasadas.
Actualmente en muchos países, con la finalidad de alcanzar niveles de protección más adecuados, se utiliza ya una combinación entre medidas estructurales como las mencionadas anteriormente y medidas no estructurales. Las medidas no estructurales, implican modificar la utilización de las zonas susceptibles de inundación, es decir, tener un mayor control o regulación de su ocupación.
En algunas localidades las autoridades construyen en esas áreas, espacios comunes utilizados como zonas de esparcimiento o, en su caso, se autoriza la siembra de cultivos agrícolas, pero se les exige la contratación de seguros.
Mientras los ciudadanos no tomemos la conciencia o no se ejerza la autoridad para que no se construyan hogares en las zonas de inundación y no se obstruyan los cauces, seguramente, cada año, tendremos que recurrir a la estadística para comparar las pérdidas sufridas, porque el agua como dicen tiene memoria y siempre reclamará su espacio.
LA CONTROVERSIA CONTRA BANAMEX: UN CASO EN EL QUE NADIE PIERDE
RETROSPECTIVA / Francisco Javier Muñoz Ruiz.- Un caso que el gobierno federal mantuvo en sigilo desde hace varios meses amenaza convertirse en un nuevo escándalo mediático en el que, tras la tormenta, habrá varios ganadores y un solo perdedor: la credibilidad gubernamental. Se trata de la controversia constitucional que todas las fuerzas políticas con representación en el Senado de la República llevarán ante La Suprema Corte de Justicia de la Nación por la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico de autorizar y tolerar que el banco Banamex opere con recursos de procedencia extranjera, específicamente con dinero del gobierno de Estados Unidos, contraviniendo lo que señala el artículo 13 de la Ley General de Sociedades de Crédito que establece la prohibición expresa de que personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad participen en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple.
Toda la historia comenzó con el paquete de salvamento de entidades privadas y empresas que varios gobiernos, pero sobre todo el estadounidense, hicieron para apoyarlas ante el estallido de la crisis económica internacional el año pasado. Así, el Tesoro Estadounidense inyectó recursos públicos en el capital de bancos norteamericanos para evitar su quiebra, entre ellos Citigroup, propietario de Banamex. Ante este hecho el gobierno mexicano se mantuvo callado por meses y fue hasta el 19 de marzo cuando la Secretaría de Hacienda, mediante un boletín, señaló que se reservaba el derecho de interpretar los artículos de la ley por lo que -a su juicio- no hubo ninguna violación. En ese mismo comunicado el gobierno se comprometió a enviar reformas al Congreso para clarificar las reglas del juego a los bancos extranjeros en el país. Como era evidente esa posición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la autorización a Banamex de seguir operando desató una fuerte polémica en el país que desapareció de la escena mediática por el proceso electoral federal del mes de julio pasado y que retorna en estos días luego de que al parecer ya se le encontró el modo de convertir el previsible fallo adverso de la SCJN en contra de la decisión de Hacienda en una inmejorable oportunidad de hacer negocios.
En efecto, ante una violación flagrante a las leyes vigentes que prohíben la injerencia de gobiernos extranjeros en las instituciones bancarias del país y que con toda seguridad será interpretada así por los ministros de la Corte, se ve que le buscaron la vuelta para obtener beneficios. Esta impresión queda luego de conocer la decisión del secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, de otorgar al gobierno estadounidense un periodo de gracia de 3 años para que, en caso de prevalecer su participación en Banamex, sea restituido a la nación a través de la venta de sus activos. Para lo cual, evidentemente, ya se tienen compradores entre el grupo de los grandes capitanes de empresa de nuestro país, encabezados por Roberto González Barrera del Grupo Maseca, por lo que el fallo de la Corte vendrá muy bien para cerrar esta operación. Por eso la aceptación del PAN de sumarse a las fuerzas políticas en el Senado que interpondrán la controversia constitucional.
Banamex ha estado envuelto en la polémica desde su desincorporación. Debemos de recordar que el banco se vendió en tiempos de Vicente Fox Quesada al banco estadounidense trasnacional Citigroup en una transacción nada clara, avalada tanto por el entonces huésped de Los Pinos como por su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, debido a que las partes involucradas realizaron la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, para eludir el pago de impuestos lo que ocasionó un quebranto al erario nacional de 35 mil millones de pesos, que al cambio de aquella fecha significaron más 3 mil 500 millones de dólares. Situación que ha sido reiteradamente señalada por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Más recientemente la publicación Reporte Índigo publicó que la institución financiera adeuda al fisco cerca de 132 mil millones de pesos. Deuda que habría sido deliberadamente encubierta por servidores públicos. De acuerdo a datos proporcionados por el senador perredista Graco Ramírez esos funcionarios presuntamente forman parte de “una red establecida por Francisco Gil Díaz desde que fue subsecretario de Hacienda”. Ramírez señala que Alejandro Gutiérrez Ortiz Mena, hoy jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), mantuvo “sin decisión 37 créditos activos de Banamex por un importe de 131 mil 984 millones de pesos” cuando fungía como administrador general de Grandes Contribuyentes. Agrega que Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Carlos Rizo León, actual administrador general de Grandes Contribuyentes, fueron socios del despacho Ortiz, Sainz y Tron, S.C., que se especializa en temas fiscales. Esa firma legal, asegura Graco Ramírez, tiene a Banamex y Avantel entre sus principales clientes. “Resulta que aquí hay un gran conflicto de intereses. Es mucha casualidad: o este despacho produce los mejores fiscalistas para proteger el sistema tributario mexicano, o este despacho realmente se encarga de mantener copado al sistema tributario”, advierte el legislador.
Ahora, ante los problemas financieros derivados de la crisis mundial aparece el salvamento de Citigroup para sus filiales e inyectan recursos del gobierno estadounidense al banco con lo que se configura la violación a la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que motiva la decisión de interponer una controversia constitucional ante la Corte. Pero algo que llama la atención en todo este episodio es la enérgica posición del senador priista Manlio Fabio Beltrones quien lo menos que ha dicho es que existe “negligencia del Poder Ejecutivo federal para hacer cumplir la ley”, “actitud omisa a la autoridad mexicana para corregir la violación al orden jurídico que implica la participación del gobierno estadunidense en la banca nacional, a través de Banamex” y que es lamentable que necesario recurrir a la Corte para “persuadir al Ejecutivo federal a que, de acuerdo a sus responsabilidades constitucionales, haga valer la ley y adopte una decisión soberana en la que además, contaría con el respaldo de las instituciones nacionales y las fuerzas políticas”.
Como promotor de la controversia y encargado del cabildeo con sus pares en el Senado, el priista sabe muy bien lo que viene. Porque de acuerdo a expertos legales en la materia estamos frente a un juego de gana, gana, donde Beltrones tiene una poderosa moneda de cambio en un momento clave. Ya que para Felipe Calderón y Agustín Carstens el asunto de que Banamex regrese a manos mexicanas no es mal visto, aunado a que el Tesoro estadunidense, principal accionista de Citigroup, tampoco vería con malos ojos la venta de un Banamex a mejor precio. Y es que se conjugan la crítica situación financiera del banco norteamericano con la necesidad del gobierno de recuperar el dinero público. Por eso ya tienen armado el equipo de compradores nacionales. La operación está echada a andar y la presión política y jurídica también. Por lo que la venta de Banamex parece ser cuestión de tiempo. Y eso lo sabe Beltrones, Calderón, Carstens y los ministros de la Corte. Por eso, en este nuevo episodio de la trama poder y negocios nadie pierde.
La única víctima de este enredo es, desde luego, la credibilidad gubernamental, pero ante un negocio de semejantes proporciones como el que se cocina, que se cuestione el doble lenguaje del gobierno que habla de la cultura de la legalidad y entroniza la simulación, es francamente lo de menos.
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