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20 de AGOSTO de 2009
BINIZA (Voces al viento, en zapoteco): La crisis económica afectará a varios precandidatos al gobierno de Veracruz, empezando por Juan Bueno Torio, por PEMEX; y que además el PAN apoya ponerle IVA a la medicina y a los alimentos
LA MALA OBRA DE “LAS PUENTES”
“Las Puentes” es una congregación de Coatepec que se ubica a 4 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera estatal que va a Xico y Teocelo. Poblado pegado a San Marcos, congregación de Xico, antes funcionaba en este lugar la fábrica de hilados y tejidos “La Purísima”, propiedad de la familia González, quienes hoy manejan las super tiendas “Comercial Mexicana”.
Este asentamiento nació el líder obrero Vidal Díaz Muñoz, quien llegara a ser senador de la República e impulsará las jubilaciones a los 30 años de trabajar. A Las Puentes se le hundió la economía a principios de los años noventas al caerse el precio del café y el cierre de la fábrica.
Este pueblo pareciera que se hubiera esfumado, hasta que en octubre del 2007, cuando se cae el puente de San Marcos y en la emergencia “Las Puentes” se constituyó en el único paso para que los habitantes de Ayahualulco, Ixhuacán, Cosautlán, Teocelo y Xico pudieran llegar a Coatepec y a Xalapa. En esa ocasión se utilizó un puente que al principio era del tren “El Piojito”, desaparecido en 1945, pero los habitantes lo reconstruyeron para que pasaran carros.
Cuando se reconstruyó el puente de San Marcos, el gobernador Fidel Herrera Beltrán ordenó ampliar el puente de “Las Puentes”. También ordenó que se aprovechara como vía de desahogo para el tráfico que pasa por San Marcos, ya que desde el gobierno de Miguel Alemán se había construido el libramiento con dos carriles de esta congregación de Xico, pero no se había terminado porque se nunca se pudo liberar el derecho de vía sobre “Las Puentes”.
Para complementar la obra de la ampliación del puente antiguo del tren, la Junta Estatal de Caminos (JEC) asfaltó 400 metros desde el campo deportivo hasta el poblado, sólo que a esta obra nunca le hicieron las cunetas en un lugar en donde existen muchos manantiales. El dinero invertido se fue a la basura, porque en el primer aguacero de mayo pasado se llevó el agua la mitad del asfalto.
El sábado 15 de agosto, el reportero José Morales, del “Diario de Xalapa”, saca la nota de la destrucción de la mitad de la carretera de “Las Puentes”. La foto de la carretera en primera plana causó preocupación en la Junta Estatal de Caminos y el lunes 17 de agosto regresaron a reconstruir la mitad de la carretera destruida, pero volvieron a cometer el error de no hacer cunetas, así que si llueve en estos días, el dinero se volverá a tirar.
No sabemos si engañan al licenciado Silvio Lagos Martínez, titular de la JEC, ya que por dos ocasiones se comete el error de hacer una carretera sin el desagüé pluvial, que son una verdadera amenaza para las carreteras. Ojala que el político de Isla, vea la verdad y esta obra no se vuelva a destruir.
ROGELIO FREYRE REALI
A Rogelio lo conocimos en los años finales de los ochentas en la cuenca del Papaloapan. Era el corresponsal del diario nacional “Excelsior” por lo que tenía que moverse por todo el estado. Siempre andaba muy ocupado pero iba mucho a la Cuenca del Papaloapan porque iba a ver a su familia en Tierra Blanca, donde había nacido.
Daba gusto verlo porque aparte de su magnífico humor, traía siempre muy buena información política. El chisme entre un refresco o un café, se iban horas en pláticas.
En los siguientes años, nos volvimos a saludar en diferentes partes del estado, más en Veracruz y Xalapa. Nunca andaba de mal humor. Las últimas veces que nos vimos fue en diciembre pasado. En verdad no parecía que estuviera enfermo, ya que ni lo decía y te platicaba con alegría.
Era un nombre incansable. Aparte de caminar mucho por la información, escribía todos los días. En verdad, sentimos su muerte este viernes 14 de agosto en la ciudad de Veracruz. Para su familia, nuestra solidaridad.
CIERRAN CARRETERA POZA RICA-MARIA DE LA TORRE
+ Se dicen engañados por la Subsecretaría de Gobierno
BEATRÍZ AKÉ CRUZ / Papantla, Ver.- Ante la falta de cumplimiento de los acuerdos tomados por funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno lo que evidenció su poca capacidad de gestión, este mediodía miembros de la Asociación Civil Unidos por Papantla decidieron cerrar como protesta la carretera Poza Rica-María de la Torre, a la altura del lugar conocido como Sesteo de las Águilas, debido a la negativa del gobierno federal en entablar un diálogo para llegar a un acuerdo sobre la negativa a la instalación del penal federal de alta seguridad en la comunidad de Gildardo Muñoz.
Dicho diálogo se tuvo previsto realizarse en la agencia municipal de la comunidad esta comunidad, donde estarían presentes los integrantes de la Asociación Civil Unidos por Papantla, y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero únicamente llegó a este lugar el delegado de la Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte, Lic. Andrés Ortiz Solís, quien durante las protestas del pasado lunes se comprometió a mediar ante instancias federales para llegar a acuerdos que beneficiaran a ambas partes.
Cabe recordar que el pasado lunes la organización Unidos por Papantla A. C. realizó una múltiple manifestación en diferentes puntos del municipio, desde muy temprano frente al Palacio Municipal, frente al monumento a la Diosa Kiwichat en la salida a Poza Rica, en la caseta de cobro de Totomoxtle y en el crucero de la comunidad de El Chote, en estos lugares los manifestantes externaron su enérgica protesta por la puesta en coperación del penal de máxima seguridad, que a decir de ellos vendría a provocar el miedo y el temor de quienes habitan en las comunidades colindantes de Vista Hermosa de Madero, El Triunfo, Plan de Hidalgo, Jorge Serdán, Morgadal, El Chote, Agua Dulce y José María Morelos entre otras.
Inicialmente se había dicho que el reclusorio sería regional pero el pasado 30 de marzo de dio a conocer a nivel nacional de la construcción de dos penales en el país de máxima seguridad y uno de ellos resulta que es el de Papantla, el cual ya está casi por concluirse, por esta razón desaprueban su apertura, además que podría ahuyentar el turismo que llega a la zona Arqueológica así como a quienes disfrutan de la Cumbre Tajín que se realiza cada año.
Además menciona el dirigente de esta organización, José Luis Pérez García, la comunidad de Gildardo Muñoz está ubicada a escasos 300 metros de este nuevo reclusorio, lo que vendría a vulnerar la tranquilidad de este lugar, “esta protesta es la única manera de que queremos que nos tomen en cuenta, nuestra preocupación es por el bien de nuestras familias y no estamos dispuestos a soportar que nos vean la cara cuando nosotros tenemos disposición al diálogo y no obtenemos respuesta de la contraparte, por esta razón nos vemos obligados a tomar estas acciones”.
Pasadas las 18:00 horas llegó la antropóloga Dulce María Morales García, enviada de la Subsecretaría de Gobierno, llegando a un acuerdo con los manifestantes, por lo que la asociación Unidos por Papantla A. C. decidió levantar el bloqueo, y se logró a un compromiso de retomar las pláticas este jueves 20 a las 11:00 horas, donde los integrantes de esta organización dialogarán con funcionarios del Gobierno Federal y Estatal, en la agencia municipal de Gildardo Muñoz, para lograr un consenso que lleve a buen fin esta justa protesta.
Es importante destacar que en días pasados se hizo llegar a diversas instancias federales un oficio con fecha del 14 de Agosto de 2009, el cual fue firmado de recibido y dan por enterado sobre la negativa a la instalación del penal federal, el mismo documento fue recibido por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en la Secretaría de Gobierno del Estado y en Presidencia de la República.
EL FALLIDO ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD
RETROSPECTIVA / Francisco Javier Muñoz Ruiz.- Este 21 de agosto se cumplirá un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito por las autoridades federales, gobernadores de los estados, representantes de los tres poderes y la plana mayor de la política y la seguridad en México. Ya 12 meses del “si no pueden, renuncien”, pronunciado por el empresario Alejandro Martí que sacudió a la sociedad y al gobierno ante la inseguridad en México, que reclamaba así la toma de acciones y compromisos para frenar la ola delictiva que azotaba al país y que tuvo entre sus víctimas a su joven hijo Alejandro Martí.
Transcurrido el tiempo, la evaluación de expertos otorgó una calificación de 4.8, sobre 60 de 74 compromisos que correspondía asumir a los tres Poderes de la Unión, Estados y Municipios. De acuerdo al balance de la organización México Unido contra la Delincuencia en sus tareas de seguimiento al Acuerdo Nacional, el Poder Ejecutivo que tenía 28 compromisos, sólo cumplió uno, por lo que se le calificó con 5.2; el Poder Legislativo que se comprometió en siete, de ellos cumplió el mismo número a “medias’’ y recibió un siete. Mientras que el Poder Judicial de la Federación tenía 10 compromisos y llegó a niveles “alto, medio y en incumplimiento’’ por lo que se le otorgó 8 de calificación. Por su parte, los Estados con siete compromisos apenas llegaron a nivel “medio’’ por lo que se les otorgó tres y por último, los 2,400 Municipios que contaban con ocho acciones, quedaron en niveles “bajo y nulo’’ por lo que recibieron 0.9 de calificación. En suma, el publicitado Acuerdo Nacional arroja muy pobres resultados. Lo que pone de manifiesto el escaso compromiso de las autoridades con el tema. No pudieron, ni renunciaron y la delincuencia e inseguridad siguen en todo lo alto en México.
No obstante, el empresario Alejandro Martí, presidente de la fundación México SOS, sostiene que deben renunciar los funcionarios que no cumplieron con el compromiso de encarar y frenar la inseguridad que sacude al país. A su juicio las familias mexicanas siguen sufriendo por la zozobra que genera este clima hostil y clama por acciones más contundentes para derrotar este flagelo. Dice que la renuncia de funcionarios sería resultado de la autocrítica y reconocimiento personal de que han fallado. Aunque, es un hecho que ello solo será posible si se impulsan cambios legislativos para reelegir a funcionarios eficientes y retirar a los que no funcionan bajo formas como la revocación de mandato o el plebiscito.
El Acuerdo falló porque finalmente todo se redujo a salir al paso de un reclamo público y dar tranquilidad a los grupos de poder económico que se sentían amenazados en su seguridad, por lo que la solución no atacó de fondo el problema y se quedó en fortalecer una burocracia especializada en control de gestión, orientada a llenar formularios y a no dar respuestas efectivas. Se ha perdido de vista que el objetivo no es solo atacar síntomas sino también las causas de la enfermedad.
Para medir con más claridad el fenómeno y la percepción ciudadana sobre la efectividad del combate a la inseguridad, la empresa Consulta Mitofsky dio a conocer los resultados de una encuesta que revela que a un año de la firma del Acuerdo casi 70% de los mexicanos considera que la situación actual de seguridad pública en el país es peor que hace doce meses y tienen un mayor temor al delito. El estudio muestra que 59% teme ser víctima de un robo, 55% tiene miedo al secuestro y 24% ha sido víctima de un delito en los últimos tres meses.
A un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, parece que éste sólo fue una simulación, pues prevalecen los índices de impunidad y la criminalidad continúa su avance. Cuando dos de cada tres mexicanos consideran que la situación de inseguridad hoy es peor, es que algo definitivamente no ha funcionado ¿Hasta cuándo veremos resultados reales?
fjmunoz_2000@yahoo.com.mx
SUBEJERCICIO DEBE CONSIDERARSE DELITO GRAVE: JORGE REYES PERALTA
COMUNICADO.- El subejercicio presupuestal –gasto no ejercido de acuerdo a los calendarios preestablecidos–, se da cuando por negligencia o ineficiencia del servidor público, causa incluso más daño que el propio peculado, por lo que debe tipificarse como delito grave, sin beneficio del derecho a fianza, afirmó el abogado penalista Jorge Reyes Peralta.
“Si esos recursos no se utilizan dentro de un determinado ejercicio presupuestal, da lugar a la cancelación o pérdida de esos recursos para el siguiente ejercicio. Consecuentemente no se cumplen programas, ni objetivos, ni metas, lo que la mayor de las veces es en perjuicio de sectores sociales de alta marginación”, agregó.
Señaló que hoy, en la situación económica y política en que nos encontramos, la sociedad exige que los recursos públicos con que cuenta el gobierno federal sean ejercidos en forma transparente y honesta, pero también en forma cabal e íntegramente, dadas las necesidades y dificultades que experimentan sobre todo las clases más vulnerables.
En ese tenor –explicó el abogado penalista Reyes Peralta—las sanciones actuales para los servidores del gobierno federal, son económicas, destitución del empleo e inhabilitación para ejercer un encargo hasta por diez años.
En un país democrático en el que la transparencia y rendición de cuentas debe ser un principio, la ineficiencia de los servidores de la administración pública federal debe sancionarse en forma más severa, pues resulta tan criminal el no ejercicio del presupuesto como el ejercicio indebido del mismo, en virtud de que en muchos de los casos se afectan a los sectores con mayores rezagos sociales.
Entre los delitos previstos por el Código Penal Federal, no se encuentra previsto como ilícito el incurrir en subejercicio presupuestal.
Si bien es cierto que dicho Código se sanciona como responsable del delito de incumplimiento del deber legal al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión, ello es así siempre y cuando dicha conducta se traduzca en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno, lo cual evidentemente en el caso del subejercicio presupuestal no se actualiza, por lo cual propondré a los diputados federales recién electos que se legisle para los efectos de que se considere esta conducta como delito grave, ya que a mi criterio perjudica más a la sociedad que el propio peculado, finalizó el abogado porteño.
EL ESTADO NO PUEDE LAVARSE LAS MANOS FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: ERNESTO VILLANUEVA
COMUNICADO México, D. F., a 19 de agosto de 2009.- El Estado no puede lavarse las manos y afirmar que la violencia contra el ejercicio periodístico y la inhibición de la libertad de expresión es una cuestión del crimen organizado, afirmó este mediodía Ernesto Villanueva Villanueva, durante el acto de recepción del doctorado Honoris Causa que le otorgó la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
“El Estado es garante único de que la ley y la Constitución se cumplan (y por ende los derechos humanos que ella tutela); de no ser así, carecería de sentido su existencia”, afirmó en la sala El Generalito del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
SI bien el Estado era el principal responsable del ejercicio de la censura o de poner en práctica mecanismos de inhibición de las libertades de expresión y de información y hoy ha sido desplazado como el autor principal de agravios a periodistas, mantiene intactas sus responsabilidades, expresó.
Villanueva Villanueva, quien también aspira a dirigir la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, fue reconocido por la Escuela Carlos Septién García porque como colaborador de ésta y académico aporta su conocimiento para que el ejercicio profesional del periodismo “se pueda desarrollar dentro del marco jurídico del país en condiciones de libertad”, dijo el director académico de la universidad, José Luis Vázquez.
Vázquez hizo un llamado a sus alumnos y al mundo académico para que “auspiciemos la reflexión sobre los valores éticos de la profesión (…) como lo hemos hecho en la Septién García, donde procuramos difundir los valores de la veracidad, independencia y compromiso social”.
Estamos en unos momentos críticos para el periodismo, agregó Vázquez, pero también es necesario que esta circunstancia no nos impida normar el trabajo profesional y proteger el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, concluyó.
Tras recibir el reconocimiento, máxima distinción académica de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la cual fue aprobada por su máximo órgano colegiado “por sus excepcionales contribuciones a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la rendición de cuentas”, Villanueva ofreció una conferencia sobre el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la responsabilidad social, como derechos humanos de primer importancia para toda la sociedad.
Dijo que la reacción contra intrusiones legítimas y noticiosamente justificadas de los medios ha sido la amenaza, la violencia personal e incluso la muerte de periodistas y editores en distintos puntos de la república.
Por lo que, dijo, está justificada la iniciativa de federalizar los delitos cometidos contra periodistas, porque permitiría reducir los casos de impunidad, dado que muchos de los delitos cometidos contra periodistas se realizan en colusión con autoridades locales, motivo por el que existiría la presunción de cierta independencia del Ministerio Público por ser federal, además de trascender las limitantes de competencia por territorio, como ocurre hoy en día en el fuero común.
Asimismo, comprometería más a la PGR y permitiría a la sociedad organizada dar seguimiento de los casos, dado que hoy este se divide en 32, lo mismo que existe el mismo número de políticas públicas sobre el tema, con una diversidad también en la forma de abordar la defensa del ejercicio periodístico.
