Xalapa, Ver.- Erick Hoyos, director general del Grupo CIMA, denunció irregularidades en el proceso judicial de Jorge “N”, quien desde 2021 se encuentra privado de su libertad. En conferencia de prensa, señaló que la prisión preventiva impuesta a su representado ha excedido el límite de dos años establecido por la ley, lo que constituye una violación a sus derechos humanos.
Jorge “N” fue detenido en 2021 y, según Hoyos, la Fiscalía Regional de Perote solicitó prisión preventiva justificada sin contar con pruebas suficientes para sostener dicha medida cautelar. En 2022, se presentó una demanda de amparo indirecto bajo el número 860/2022, argumentando la falta de sustento jurídico para mantener a Jorge “N” en prisión.
El 16 de agosto de 2024, la Juez Décimo Quinto de Distrito, Ariadna Escobar Fernández, falló a favor de Jorge “N”, señalando que:
- El juez responsable, Fernando Velasco Luna, transgredió las reglas del procedimiento al no juzgar en un plazo razonable.
- Se incumplieron los plazos procesales, entorpeciendo el proceso penal.
- La prisión preventiva excedió los estándares de proporcionalidad, idoneidad y necesidad.
La juez federal ordenó al juez Urbino Alcaraz García, designado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, revisar la medida cautelar y resolver el caso con base en los derechos humanos del acusado.
Erick Hoyos criticó que, a pesar de la resolución del amparo, Jorge “N” continúa privado de su libertad debido a la falta de cumplimiento del fallo por parte de las autoridades. Además, señaló que Jorge “N” fue condenado a 20 años de prisión en un juicio que calificó como “irrisorio”, argumentando que el proceso estuvo lleno de irregularidades y se prolongó injustificadamente por 15 meses.
El abogado exigió que se dé cumplimiento inmediato a la sentencia de amparo y se analice la actuación de los jueces y fiscales involucrados en el caso. Subrayó que el Estado de Veracruz debe garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que la prisión preventiva sea utilizada como una medida arbitraria.
El caso de Jorge “N” pone en evidencia la necesidad de fortalecer los procedimientos judiciales para garantizar justicia pronta y expedita en el estado de Veracruz.