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De acuerdo con la Sedena, durante la presidencia de Felipe Calderón murieron 14 civiles, con Peña Nieto 20, y durante el actual sexenio de López Obrador 9.

Por Alberto Pradilla / Animal Político

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene registradas únicamente 43 víctimas mortales ajenas a enfrentamientos desde el 1 de enero de 2007, poco después de que el expresidente Felipe Calderón declarara la denominada “guerra al narcotráfico”, hasta la actualidad.

Según sus cifras, incluidas en un listado al que tuvo acceso Animal Político a través de una solicitud de transparencia, en este período se registraron 5 mil 207 enfrentamientos con el Ejército en los que murieron 5 mil 186 civiles que estaban confrontando a los militares, por 300 uniformados que perdieron la vida.

Además, otras 206 personas ajenas a cualquier hecho violento resultaron heridas, por 1 mil 776 militares y 771 civiles a los que el Ejército acusa de participar en los enfrentamientos. Esto supone que la Sedena registró desde 2007 un enfrentamiento al día con civiles armados.

En estos casi 15 años de despliegue militar e incremento de la violencia desatada tras la declaración de “guerra” de Calderón, el Inegi tiene registrados más de 352 mil homicidios y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se acerca a los 100 mil desaparecidos.

El listado señala que 14 “víctimas colaterales”, como se las denomina en ámbitos militares desde la guerra de Vietnam, murieron durante la presidencia de Felipe Calderón; otras 20 con Enrique Peña Nieto en el gobierno, y 9 durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al que todavía queda la mitad.

Entre las 43 personas que, según el Ejército, eran ajenas por completo a los hechos cuando murieron por balas de los uniformados, se incluyen casos en los que allegados de las víctimas denunciaron que estas fueron ejecutadas sin mediar ataque previo. Por ejemplo, el listado señala que el pasado 10 de marzo una persona murió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por disparos del Ejército. Se trata de Jacob Rodríguez, un joven de 21 años que fue asesinado a tiros cuando manejaba junto a su esposa, a quien trasladaba al hospital para que le realizasen una ecografía. Diez meses después de aquellos hechos, no hay un solo uniformado vinculado a proceso.

También se incluyen otros hechos ocurridos en administraciones pasadas, como la muerte de cuatro personas, una de ellas un bebé, atropelladas por un vehículo militar que supuestamente perseguía a un grupo de narcos en Reynosa en 2015. También una mujer que murió por una bala perdida durante los enfrentamientos registrados en Yurécuaro, Michoacán, en octubre de 2011, en los que también murieron 5 presuntos integrantes del crimen organizado.

Tamaulipas es el estado más castigado por los daños colaterales provocados por el Ejército. De hecho, 28 eventos, con otras tantas víctimas mortales, se registraron en municipios como Nuevo Laredo, Matamoros o Reynosa. El resto tuvo lugar en Guerrero, Michoacán y Veracruz. Resulta llamativo que estados con fuerte presencia del crimen organizado, como Jalisco o Sonora, ni siquiera aparecen en los registros. O que otros, apenas tengan contabilizado un evento en 15 años de violencia. Por el contrario, Tamaulipas, un estado con grupos fuertemente implantados como el Cartel del Golfo o el Cartel del Noreste (escisión de los Zetas), acapara prácticamente toda la violencia del Ejército contra civiles.

Lo que el informe no contabiliza

El problema es que los militares no incluyen en su listado casos que fueron considerados ejecuciones extrajudiciales por organizaciones de Derechos Humanos o incluso por instituciones como la CNDH.

Uno de los más significativos es la masacre de Tlatlaya, en la que 22 civiles fueron asesinados en junio de 2014.

El recuento del Ejército contabiliza aquellos hechos como una confrontación y a las víctimas como “agresores”, a pesar de que la CNDH certificó que al menos 12 fueron ejecutados cuando ya se habían rendido.

Tampoco incluye hechos recientes, como el asesinato de Damián Tercero y otros dos civiles que estaban secuestrados por un grupo del crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2019. Aquel día se registró un enfrentamiento y uno de los mandos ordenó asesinar a aquellos que todavía se mantenían con vida. La familia de la víctima llegó a un acuerdo con las autoridades castrenses por el que 29 oficiales debían ser juzgados por la vía civil, sin que hasta el momento se haya informado sobre los avances del proceso. Sedena, sin embargo, ignoró estas circunstancias y consideró como “agresores” a las 13 personas que perdieron la vida durante aquel incidente en Nuevo Laredo.

Otros hechos que ni siquiera vienen registrados son el asesinato de Javier Flores del Ángel, de 26 años, muerto a tiros en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 27 de febrero de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a dos militares pero la primera audiencia, que estaba fijada para el pasado 20 de diciembre, no pudo celebrarse ya que uno desertó y el otro no está localizable, según la propia Sedena.

Estas cifras vienen a completar los datos revelados por Animal Político de que los índices de letalidad del Ejército durante la actual administración superan a los que se registraron en sexenios anteriores. Según datos ofrecidos por Sedena hasta el mes de agosto, desde que López Obrador llegó al gobierno hay un saldo de 515 civiles presuntamente armados muertos y 89 heridos (sin contar las 9 víctimas colaterales) contra 21 militares muertos y 179 heridos.  Además, 381 supuestos agresores fueron detenidos. Esto implica que la cifra de civiles muertos supera en más del 26% a la de detenidos durante esta administración, una cifra muy superior al 10.9% de Peña Nieto o al 18.2% que se registró con Calderón.

A pesar de estas cifras, López Obrador siempre ha defendido la actuación del Ejército, asegurando en diversas ocasiones que desde que él está en el poder los uniformados ya no causan masacres ni tienen la orden de matar. Lo que la base de datos muestra es que, cuando ocurre, el Ejército opta por no incluirlo dentro de sus listados y hacer pasar casos de ejecución extrajudicial como si se trataran de enfrentamientos.