Por Redacción / Con información de agencias
San Luis Potosí, 21 de febrero de 2025 — La sesión del Congreso del Estado se desarrollaba con normalidad cuando la voz de Rosalinda Ávalos interrumpió el protocolo. “Mencionaron a una persona que estuvo involucrada con el cartel y ahora resulta que va directa a la boleta. ¿Cómo lo evaluaron?”, cuestionó entre lágrimas. Ávalos, madre de dos jóvenes asesinados y exagente investigadora, acusó públicamente al aspirante a juez Sabas Santiago Ipiña de tener nexos con el crimen organizado y de estar relacionado con el homicidio de sus hijos en 2020.
La denuncia provocó la inmediata reacción del Legislativo potosino, que decidió excluir a Ipiña de las listas de candidatos para la elección judicial del próximo 1 de junio.
En 2020, Ávalos descubrió durante un operativo de rutina una camioneta robada tripulada por compañeros de la Fiscalía estatal. Desde entonces, comenzó a recibir amenazas. La tragedia alcanzó su hogar el 11 de noviembre de ese año, cuando tres hombres irrumpieron en su domicilio en Soledad de Graciano Sánchez, asesinando a Carlos Aguilar, de 20 años, y a Daniela, de 18. La hija mayor sobrevivió con una herida de bala. “Llegaron hasta mi domicilio, ¿quién les dijo dónde yo vivía? Pues los mismos policías, él [Ipiña]”, declaró la exagente.
La Fiscalía estatal abrió investigaciones por homicidio calificado, aunque Ávalos ha solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. La mujer cuenta actualmente con medidas de protección, pero teme por su seguridad: “Si algo me pasa, hago responsable a él y a toda la delincuencia organizada”.
Sabas Santiago Ipiña, alias “Mexqui”, fue jefe del grupo de combate al narcomenudeo en la Dirección General de Métodos de Investigación y se retiró tras resultar herido en 2021. Aunque fue rechazado en procesos anteriores por no acreditar cinco años de litigio, el Comité de Evaluación del Congreso lo colocó entre los mejor calificados, lo que le otorgaba pase directo a la elección judicial. Todo cambió tras la intervención de Ávalos el pasado 12 de febrero, cuando presentó documentación que respaldaba sus acusaciones.
El caso expone riesgos asociados a la reforma judicial que permitirá la elección directa de jueces en México. Expertos y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la posibilidad de que redes criminales influyan en el sistema judicial a nivel local. La exclusión de Ipiña representa una victoria para Ávalos, aunque el expolicía aún podría impugnar la decisión.
“Esto no puede quedar impune. Queremos justicia para nuestro país y para mis hijos”, concluyó Ávalos. La Junta de Coordinación Política confirmó que el nombre de Ipiña no figura en las listas enviadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), aunque el proceso de impugnaciones sigue abierto.
