José Vargas.
Texistepec, Veracruz.-
Una jornada violenta en la antigua zona minera de Texistepec dejó como saldo una persona muerta, al menos seis heridos, ocho detenidos y más de 120 personas retenidas temporalmente por pobladores. Los hechos encendieron una fuerte preocupación en la región, que vive una creciente tensión social y política.
Facundo Carvajal Ortiz, de 60 años, falleció durante la madrugada de este domingo tras haber sido herido de bala en el abdomen y rodilla durante los enfrentamientos. Otros seis miembros de la asociación civil Campesinos Unidos por Texistepec también resultaron lesionados, principalmente por golpes con objetos metálicos.
La violencia se desató tras la irrupción de un grupo de personas en la zona minera, donde también se registraron daños a varios vehículos. Una camioneta Ford Lobo gris, con placas de Chiapas, propiedad del ciudadano estadounidense Levi Craig Culbertson, fue asegurada tras encontrarse en su interior prendas y chalecos con logotipos de MORENA, así como una póliza de seguros a su nombre.
En reacción, ejidatarios locales retuvieron a cuatro autobuses provenientes de Coatzacoalcos, que transportaban a unas 124 personas, muchas de ellas originarias de Jáltipan, Sayula de Alemán y Coatzacoalcos. Según testimonios, fueron llevadas bajo engaños con la promesa de asistir a un mitin político. Los choferes señalaron que fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a dirigirse a la zona en disputa. Aunque todos los pasajeros fueron liberados posteriormente, los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.
Las únicas detenciones se realizaron contra individuos identificados en video como responsables de actos vandálicos. Entre ellos se encuentra Martín Ortega, abogado, señalado como quien dirigió la irrupción. Ortega declaró que fue contratado por Francisco Azamar, hecho que abre nuevas líneas de investigación sobre la posible autoría intelectual.
Domingo Flores Álvarez, dirigente de Campesinos Unidos por Texistepec, lanzó un enérgico llamado a la gobernadora del estado y a la presidenta de la República, solicitando urgentemente el reforzamiento de la seguridad en la región. Denunció que desde hace más de un mes ha recibido amenazas de muerte, tanto él como su familia y otros miembros de la asociación. “Tememos por nuestras vidas. Ya no es un tema político ni social, es de seguridad y justicia”, afirmó.
Al lugar acudieron elementos de la Marina Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional para contener la situación y evitar un escalamiento mayor del conflicto.
Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido un pronunciamiento oficial. La comunidad exige justicia, protección para los líderes sociales y una investigación profunda que lleve a los verdaderos responsables ante la ley