Jorge Salazar García. 7/07/2025
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Mucho puede decirse sobre cómo un defensor del territorio adquiere un liderazgo teniendo encima amenazas de las mafias del poder. En el caso de Renato Romero Camacho, sin duda, han sido la autenticidad y congruencia mostradas en su constante lucha en defensa del agua y territorio. Renato no sólo gasta parte de sus precarios ingresos obtenidos en la informalidad y de lo poco que cosecha en tierras prestadas, también sacrifica tiempo y arriesga la integridad propia y la de su familia que le acompaña (esposa, madre o hijos) a reuniones, asambleas y movilizaciones organizadas por ciudadanos después de que son ignorados o engañados por las autoridades que sirven al poder económico. Con voz firme y elocuencia, evidencia sin embagues ni eufemismos las injusticias del sistema capitalista. De ahí emanan el reconocimiento que le muestran sus compañeros y, desde luego, ese odio proveniente de los entes políticos y económicos que el pasado 1 de julio intentaron desaparecerlo.
Inicia la judialización.
Según el boletín de la Fiscalía de Puebla, el Estado actuó en “legítimo cumplimiento de mandato judicial y apego a los principios de legalidad, debido proceso y respeto de los derechos humanos” al momento de la detención de Renato. Al no poder desaparecerlo debido a la inmediata movilización social, el gobierno lo judializó abriéndole la causa penal 325/2025 por los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado. La denuncia, atendida con extraordinaria eficacia y expeditez, fue interpuesta por la empresa “Agua de Puebla para Todos” entre cuyos accionistas están los salinistas Carlos Hank Rhon y Gutiérrez Cortina.
Sobre esa empresa, siendo candidato de Morena, Alejandro Armenta prometió (demagógicamente) cancelarle la concesión “porque fue el robo más grande que le han hecho a Puebla”. Ganada la gubernatura no sólo traicionó su palabra, ahora protege esa privatización del agua utilizando el aparato del Estado igual que lo hizo Cuitláhuac García en el caso de Totalco (junio 2024) donde se golpeó a vecinos, allanaron domicilios y asesinaron a dos campesinos ( Jorge y Alberto Cortina) protegiendo a los autores intelectuales hasta hoy. Ese modus operandi no es aislado, su repetición en todo el país parece obedecer a una estrategia contrainsurgente diseñada para proteger los intereses del capital. El aumento de desaparecidos, ejecutados, criminalizados, reprimidos, judializados y amenazados agravia al pueblo trabajador organizado que dice ¡basta! y se moviliza.
Embestida fascistoide
Al ser liberado el 3 de julio, Renato, desde el exterior del CEREZO donde lo encerraron, aislaron y golpearon, informó que los agentes violaron su derecho de presunción de inocencia cuando acudía a una asamblea. A su abogado y familiares los hicieron ir a distintos lugares sabiendo que la fiscalía lo tenia en la Casa de Justicia del Estado. El día anterior, su esposa Elia López Pacheco, en entrevista con Julio Hernándes (Astillero, 2 julio) responsabilizó al gobernador por los daños fisicos o psicológicos que le infrigieran. La señora calificó las imputaciones (daños y despojo) como fabricadas, con el objetivo de castigar a Renato por luchar por el agua. Por eso temía por la integridad de su esposo y la de los demás compañeros. Pues podría pasar “como con Cuitláhuac, quien dio la orden de matar” en Totalco, alertó. El periodista de la Jornada, atinadamente, calificó a esa acción Estatal como embestida fascistoide.
No le temo a la muerte
Tan pronto fue liberado bajo fianza, Renato, a metros de la cárcel y visiblemente emocionado agradeció el apoyo de la gente. Expresó ya no temerle a la muerte y que no se rendirá, venderá ni abandonará la lucha. Al preguntarle por las heridas en sus piernas, producidas por lo golpes recibidos, manifestó que le dolían más las injusticias. También informó que debido a las amenazas recibidas desde lo ocurrido en Totalco solicitó incorporarse al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y lo obtuvo. Sin embargo, aclaró, no le sirvió de nada dado que el control de ese mecanismo lo tiene una empresa privada.
Le acompañaba, como siempre, su madre; una digna mujer octagenaria con vestimenta campesina; de su rostro cansado escapaba un mirada triste; mientras, de su voz33, frágil pero firme, brotaron palabras de agradecimiento dirigidas a los “compañeros” pidiéndoles que se unieran en la defensa del derecho al agua, y que “hicieran conciencia porque ya su vida estaba agonizante.”
Renato, antes de proseguir su relato, conmovido exteriorizó su gratitud a su madre por enseñarle a luchar y mantener siempre un actitud de dignidad, diciendo “siempre me ha acompañado en todas las luchas, en los plantones, ante los policías, provocadores: no me abandonó.”
Contó a los presentes que fue llevado a cárceles inmundas, encadenado con violencia por petición de una empresa que, irónicamente, le imputaba delitos que aquella ha cometido en contra de la madre tierra (daños) y saqueando (despojo) millones de metros cúbicos de agua a los pueblos Cholultecas. Aseveró no ser un delincuente, “mi papel es unificar las luchas de todas las cuencas para rescatar el agua que los gobiernos neoliberales entregaron a la industria capitalistas, terratenientes, desarrollos inmobiliarios de lujo, agregó. La privatizaron dejando sin ella a las colonias y campesinos. Esta lucha es para echar abajo la privatización del agua y sea devuelta a los pueblos, concluyó.
Solidaridad oportuna
Tan pronto se difundió el secuestro de Renato, una amplia gama de organizaciones sociales y defensores del territorio se movilizaron calificando su detención como una acción punitiva enmarcada en un contexo de criminalización contra quienes luchan por el agua y la vida. Renato es integrante del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental y uno de los nueve campesinos demandados penalmente por la empresa trasnacional Granjas Carroll. Dicha detención no es casual, es parte de un patrón donde el Estado se pone del lado del poder económico. En esta ocasión solidariamente demandaron la liberación de Renato: zapatistas, FNLS, colectivos indígenas, campesinos, feministas, juventudes comunistas, ambientalistas, radios comunitarias, cafeticultores, defensores de aguas, rios y lagunas; grupos culturales, artísticos, movimientos agrarios, trabajadores del campo, periodistas, bicicleteros, de equidad y género, lesbianas, trans, sexodisidentes del Istmo, abogadas Indígenas; organizaciones Indias, asociaciónes civiles. Los llamados a la acción colectiva y condena contra el abuso de autoridad, la criminalización de la defensa del territorio y la detención arbitraria provinieron de Zacatepec, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Nayarit y hasta de Finlandia.
Preocupación justificada
Más que lamentable, es trágico que el régimen morenista continúe aplicando esa política neoliberal de contubernio con los intereses corporativos. Ignorar la depredación del agua y disponer del sistema de justicia para judializar, hostilizar y perseguir a quienes defienden ríos, lagunas, mantos acuíferos tierras podría generar explosiones de hartazgo. La 4T premia con la impunidad a los políticos asociados a las empresas locales y extranjeras, autoras de latrocinios cometidos en contra de pueblos y territorios. Ejemplos hay muchos: Ayotzinapa, Totalco, Edmundo Reyes, Gabriel A. Cruz, Marco Antonio Suástgui (Presa la Parota), Emiliano Zambrano, Higinio Bustos Navarro, Tatlaya, Pacual Bermudes y Rogelio Flores (Xoxtla), etcétera. En esos casos, no obstante existir perpetradores intelectuales (políticos, militares y empresarios) ningún mando, funcionario, empresario o político ha sido procesado. Todos permanecen impunes y las víctimas sin justicia, lo que alienta su repetición.
El panorama anterior llevó a La Organización Mundial Contra la Tortura clasificar a México de “alto riesgo” debido a que “es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad”. Su diagnóstico es compartido por organizaciones nacionales defensoras de los Derechos Humanos; lo mismo que por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana, las cuales ven con preocupación que esa agenda de impunidad se extienda en el país. Incluso, 4 instancias de la universidad poblana IBERO expresaron su temor a que “se criminalice la protesta social y se vulnere el derecho a la libre expresión”. Naturalmente, la presidenta lo niega con frialdad y cínico desparpajo, ¿Por qué?