José Vargas.
Agua Dulce, Ver. — En un nuevo episodio de autoritarismo e ilegalidad, el alcalde de Agua Dulce, Noé Castillo Olvera, ordenó la reconexión clandestina del suministro eléctrico del Palacio Municipal, tras el corte aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a un adeudo millonario que el ayuntamiento se niega a pagar.
Lejos de asumir la responsabilidad administrativa y buscar una solución legal al incumplimiento, el edil instruyó al personal del área de alumbrado público a intervenir de forma directa la instalación eléctrica, lo que no solo constituye una violación flagrante a la ley federal, sino que además puso en riesgo la vida de trabajadores municipales no capacitados para esas maniobras.
De acuerdo con fuentes internas, el alcalde habría dado la orden minutos después de que empleados de la CFE quienes previamente fueron retenidos ilegalmente por la Policía Municipal suspendieran el servicio al edificio gubernamental, tras varios meses de advertencias por falta de pago.
La acción representa una grave irregularidad, ya que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica tipifica como delito federal la reconexión no autorizada, especialmente en instalaciones públicas. A pesar de ello, el alcalde decidió evadir la ley y recurrir a prácticas que bordean el sabotaje institucional, con tal de mantener operativa la sede del poder municipal.
Más allá del desacato legal, lo más alarmante es que empleados del área de alumbrado público sin equipo adecuado, ni la formación técnica necesaria fueron obligados a intervenir instalaciones de alto voltaje, bajo presión directa del gobierno municipal. Esta maniobra no solo comprometió su integridad física, sino que podría derivar en responsabilidades penales por poner en peligro a personal sin facultades para este tipo de tareas.
Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido postura oficial, pero se prevé que este acto derive en una denuncia formal por reconexión ilegal de una red federal, lo que escalaría el conflicto institucional a nuevas dimensiones.
Este hecho se suma a una serie de decisiones opacas, autoritarias y presumiblemente ilegales tomadas desde el despacho del alcalde Noé Castillo. En las últimas horas, el gobierno local también ha sido señalado por presuntas irregularidades financieras que involucran al tesorero municipal, y por la obstrucción directa del trabajo de funcionarios federales.
La crisis de gobernabilidad que atraviesa el Ayuntamiento de Agua Dulce pone en evidencia el desprecio por el Estado de derecho y el uso arbitrario del poder público como instrumento de encubrimiento, represión y simulación.