Córdoba, Ver.- Ante la grave crisis que atraviesa la agroindustria de la caña de azúcar en México, representantes del sector solicitaron a la Secretaría de Economía la implementación urgente de un paquete de medidas fiscales, aduaneras y de inclusión en programas federales que permita estabilizar al mercado y evitar una debacle económica que pondría en riesgo más de dos millones de empleos ligados a la cadena productiva.
Ángel Gómez Tapia, presidente de la Unión Estatal de Cañeros CNPR, informó que el 15 de julio pasado Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la Unión Nacional de Cañeros CNPR, entregó un oficio dirigido al titular de la Secretaría de Economía en el que se expone la gravedad del escenario y se plantean acciones inmediatas para contener el deterioro de la rentabilidad del cultivo.
Entre los puntos centrales, Gómez Tapia subrayó la necesidad de actualizar el arancel para la importación de azúcar, vigente en 360 dólares desde 1994.
El sector pide que la tarifa sea indexada a las condiciones actuales de inflación como medida rápida de protección frente a la competencia desleal del mercado internacional y para dar certidumbre a los ingenios y a los productores.
Los cañeros también demandaron acciones contundentes contra el contrabando, tanto el denominado técnico como el bronco que estaría distorsionando la oferta disponible y presionando a la baja los precios internos.
Llamaron a fortalecer la vigilancia y los mecanismos de verificación en las aduanas del país para cerrar las brechas por donde ingresa producto irregular.
Otro de los planteamientos apunta al programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). El gremio solicita que las empresas inscritas reporten con claridad la entrada de azúcar importada para su transformación y la salida efectiva de los bienes exportados, a fin de asegurar que el endulzante introducido bajo ese esquema no termine desviándose hacia el mercado nacional, en detrimento de la producción doméstica.
En el rubro de endulzantes alternos, se propuso establecer una política de “espejo” para la alta fructosa: que las reglas aplicables al azúcar mexicana se extiendan de manera recíproca a la fructosa importada, cuidando el equilibrio del balance nacional entre ambos productos y evitando desplazamientos que perjudiquen al cañero.
Finalmente, el sector planteó que el cultivo de caña de azúcar sea incorporado al programa federal “Cosechando Soberanía,” recientemente anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es fortalecer el abasto de alimentos y mejorar las condiciones de vida de los productores rurales.
La inclusión permitiría canalizar apoyos productivos, tecnológicos y de infraestructura a miles de familias cañeras.
“La crisis que actualmente enfrenta la agroindustria de la caña de azúcar no tiene tiempo de espera. O se implementan las medidas sugeridas o nos espera la pérdida de rentabilidad en nuestro cultivo y, por consiguiente, la debacle del sector cañero nacional”, advirtió Gómez Tapia.
Entre las propuestas clave del sector cañero, están las de actualizar el arancel de importación de azúcar (fijado en 360 dólares desde 1994) con base en la inflación. Intensificar la vigilancia aduanera para frenar el contrabando técnico y bronco. Exigir reportes transparentes de entradas y salidas de azúcar bajo el programa IMMEX. Aplicar una “política espejo” a la alta fructosa para preservar el balance nacional de endulzantes. Incluir la caña de azúcar en el programa federal Cosechando Soberanía. Con información de la Unión Estatal de Cañeros CNPR.