Alejandro Ávila
Alvarado, Ver.- Juan Carlos Hernández Figueroa, presidente de la Asociación Ganadera de Alvarado mantiene desamparados a tres menores de edad y su madre, quienes tras el fallecimiento de su padre han tenido serios problemas para sobrellevar su vida.
Es de recordar que, el pasado 3 de noviembre del 2024, Alfredo Martínez Hernández de 49 años de edad perdió la vida tras colisionar contra un caballo cuando se dirigía a la localidad de El Canal, el accidente sucedió en la carretera federal 180 a la altura de la localidad de Salinas; el equino es propiedad del mencionado ganadero.
Por el accidente, el afectado sufrió una contusión profusa en el tórax con fracturas, laceración de vísceras y hemorragia aguda que finalmente le provocaron la muerte.
Estos hechos ya están radicados dentro de la carpeta de investigación 255/2024, radicada en la Fiscalía Primera de la ciudad de Alvarado, pero hasta el momento los hijos del finado aún permanecen en el desamparo junto a su madre.
La mamá de los tres informó que vivió en unión libre con Alfredo durante 15 años y entre ambos los mantenían, pero con su partida se ha visto en el desamparo al no poder hacerse cargo ya que los huérfanos nunca recibieron reparación del daño.
En su momento, la defensa de la viuda señaló que la Fiscal Primera Ada Zila Hernández Paredes, supuestamente habría sido retirada del cargo por presiones e influencias del ganadero, a pesar de que ella ya preparaba las diligencias para llevarlo ante un juez de control por homicidio culposo.
La parte demandante acusa que Hernández Figueroa ha evadido responsabilidades gracias a su cargo y a supuestas relaciones con autoridades ministeriales, pues aparentemente es amigo del comandante de la Policía Ministerial de Alvarado.
La mamá de los tres hijos de Alfredo señaló que en su momento el señor Juan José Martínez Hernández quien fuera su suegro y padre del finado, es el único que recibió una compensación por el fallecimiento pero dejó en el total desamparo a sus nietos.
Ahora la parte afectada exige la intervención de la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns y de la gobernadora Rocío Nahle García, al señalar que a casi un año del accidente no ha recibido reparación del daño ni avances en el proceso, y que por el contrario existe un evidente encubrimiento institucional que ha frenado la impartición de justicia.