Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no representan a este medio
“Esto no quedará impune”*
Jorge Salazar García. 21/09/2025
Otro hecho funesto para los mexicanos se ha sumado a las tragedias ocurridas en el mes patrio. El pasado miércoles 10, decenas de personas que se dirigían a su trabajo, escuela o estaban en el lugar, sufrieron quemaduras al explotar una pipa de gas que se volcó en la zona de Santa Martha Acatitla después de impactar barreras de contención en el puente de la Concordia. Al parecer, el chofer perdió el control debido a baches, tapados de manera urgente horas después del accidente, por la noche. No obstante haber videos que muestran a la pipa yendo a baja velocidad, la investigación oficial dijo lo contrario, de manera apresurada. Hasta el momento se reportan 28 víctimas mortales y 36 hospitalizadas. Afortunadamente, igual que en el terremoto del 1985 (19 de septiembre), los mexicanos salieron a solidarizarse con sus semejantes en desgracia. Todos los muertos y heridos pertenecen a esa clase trabajadora que utiliza diariamente las saturadas vías de comunicación (puentes y carreteras) construidas irregularmente sin cumplir todas las especificaciones técnicas de seguridad por ser obras negociadas entre empresarios y funcionarios para llenarse los bolsillos con el presupuesto público. Esto explicaría la omisión de señalamientos, barreras de contención débiles y los baches. De algo se puede estar absolutamente seguro, ninguna autoridad o empresario será señalado siquiera; pues quienes murieron, fueron pobres, desechables para ellos, como los estudiantes de Ayotzinapa.
Ayotzinapa
Precisamente, el próximo 26 de septiembre, se cumplirán 11 años de haber sido desaparecidos por el Estado 43 hijos de campesinos en Iguala, Guerrero. Ese día la élite del poder ordenó a Peña Nieto y Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero deshacerse definitivamente de los normalistas de Ayotizinapa. Fuerzas oficiales y criminales coordinadamente asesinaron y secuestraron ejecutando un operativo contrainsurgente de Estado. Por esa razón ningún mando militar ni político de alto nivel será procesado ni terminará en la cárcel. Irán, si mucho les apura, contra otros pobres: los autores materiales que reciben un salario o pago por su obediencia, silencio o prestarse a ser “chivo expiatorio”. Al menos en este aspecto, en el régimen anterior y en el presente hay continuidad.
Para probar lo anterior, baste un ejemplo: dos estudiantes, relacionados con Ayotizinapa, fueron asesinados por fuerzas policiales. Uno ocurrió en 2014, en pleno delirio neoliberal peñista desollaron en vida a Julio César Mondragón. El otro sucedió el 7 de marzo de 2024, en el “régimen de los pobres”. Yanqui Kothan Gómez fue asesinado por policías de Guerrero. Ambos tenían la misma edad e igual entrega por el estudio. La madre de Kothan, Lilia Vianey Gómez, se ha unido a los padres de los 43 prometiendo “seguir luchando para que todo esto acabe. Que no quede impune” la ejecución de su hijo.
“Verdad Histórica”, sistémica
En los procesos judiciales y de investigación, la burocratización y marrullerías han estado sistemáticamente presentes, evidentemente la intención es imponer un desgastante viacrucis a los padres, esperando desistan por enfermedad o muerte. Este año (mayo), por ejemplo, murió el señor Donato Abarca, padre de Luis ángel, uno de los 43 estudiantes secuestrados. Se fue sin saber el paradero de su hijo y sabiendo que los autores intelectuales siguen protegidos por un manto de impunidad impenetrable. Así se acuerdan los genocidios modernos, cuyo denominador común es la prevalencia del reino de la IMPUNIDAD.
Los siguientes datos oficiales y documentales prueban la permanencia, en la 4T, de la “Verdad Histórica” peñista.
2015: la “Verdad” de Peña Nieto fue que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a un grupo criminal (Guerreros Unidos) que los asesinó.
2016: Dicha “verdad” fue cuestionada en la ONU por tener irregularidades, evidencias manipuladas y omisiones de autoridades. Por esos motivos recomendó una nueva investigación y la creación de una comisión de la verdad. De ahí deviene el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuya indagatoria arrojó que:
a) La investigación oficial fue incompleta y con errores.
b) Era necesario abrir nuevas líneas de investigación y crear la comisión de la verdad.
Comité de Padres
En su último Informe, presentado el 25 de julio de 2023, el Comité de padres vuelve a señalar la “implicación y responsabilidad de corporaciones del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes”. Específicamente señala a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) pues habían infiltrado a los estudiantes desde antes del 26. Dos de sus elementos vigilaban y reportaban a inteligencia militar las actividades de los normalistas, diariamente. En la noche de Iguala intervinieron comunicaciones dando seguimiento al operativo en desarrollo. Este informe alertó a la SEDENA, principalmente; tanto que presionaron a AMLO para que exculpara al ejército; lo cual hizo diciendo que no tenía “nada que ver”; además estancaron la investigación y ordenaron al Fiscal Especial y a Alejandro Encinas, dividir al grupo de madres y padres.
La traición
Algo parece claro: el AMLO que asumió el poder en 2018, al menos en este aspecto, no es el mismo después de 2021. En su primer año de gobierno, queriendo cumplir el compromiso de resolver ese crimen, creó por decreto presidencial la Comisión de la Verdad (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación (UEI). Aún más, al siguiente año aceptó la conclusión de esa Comisión: la desaparición fue un crimen de Estado. Todavía en 2020 dijo contundentemente que en tal crimen hubo conspiración entre autoridades corruptas y grupos criminales para desaparecer a los estudiantes. ¿Qué le hizo traicionar su compromiso?
Probablemente en 2021 AMLO fue objeto de un golpe militar alentado por los involucrados en el operativo de Iguala. En ese entonces el secretario de defensa era el general Salvador Cienfuegos, quién había sido detenido en Estados Unidos un año antes, acusado por 4 delitos de narcotráfico. La cúpula militar se alarmó y no era para menos: AMLO se regocijó por esa captura y los yanquis presionaban contra esa colusión de altos mandos con los padrinos del narcotráfico. Finalmente lo doblegaron: AMLO rescata, exonera y condecora al general.
A partir de entonces el presidente frena las investigaciones realizadas por la CoVaj y la UEI, se cancelan las 20 órdenes de aprehensión (2022) contra militares, principalmente del 27 Batallón de infantería donde según vecinos fueron llevados 25 estudiantes torturados y asesinados. Lo peor de todo es que comienza a calumniar a la Comisión de Padres culpando al GIEI y a sus abogados de la liberación de los detenidos. En lugar de reabrir los procesos con pruebas lícitas, AMLO actuó con mala fe: dio prisión domiciliaria al procurador de Peña Nieto, (Murillo Karam), calumnió a los familiares de los 43 y simuló investigar. Es más, en un exabrupto el mandatario calificó al GIEI, la CIDH y la OEA, de “conservadores” y los acusó de confabular contra la 4T. Esquizofrénico llegó a decir que la presencia de los expertos del GIEI obedeció a una conspiración entre la OEA y Estados Unidos. Ya no pudo mantener su desconocimiento de la Verdad Histórica, mucho menos le permitieron abrir los cuarteles. Todo ello, frustrado, le hizo traicionar y calumniar a los familiares de las víctimas.
¿Resultado de todo lo anterior?
El año pasado (2024) el Comité de Padres de los 43 señaló que la investigación emprendida por el régimen morenista fracasó. Pues, no obstante las evidencias registradas en cámaras de vigilancia, decenas de celulares y cientos de testigos ningún general, presidente o gobernador ha sido procesado por ese crimen de Estado. Claudia Sheinbaum difícilmente dará a conocer los documentos y registros fílmicos de esa noche ni tampoco creará una Comisión de la Verdad, independiente. Prácticamente está secuestrada en este país militarizado.
Sin embargo, dado que las fuerzas armadas no son monolíticas, la presidenta pudiera dar un golpe de timón abriendo los cuarteles y liberando los 800 folios que contienen la información de los hechos. De no hacerlo, esa herida que sangra desde 2014 no sanará y cada 26, los familiares y gente solidaria volverán a salir a las calles demandando justicia. La indiferencia de la presidenta hacia los padres, ha estado presente, desde el 18 de septiembre que vienen haciendo movilizaciones “cuesta arriba con el desprecio de las autoridades” declaró Melitón Ortega, vocero de los padres.
