Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no representan a este medio
Jorge Salazar García. 5/10/2025
Al inicio del sexenio pasado, por instrucciones presidenciales, el sacerdote Alejandro Solalinde hizo algunos contactos en las zonas zapatistas; el propósito, dijo después, era entregar una carta de López Obrador al EZLN. Probablemente la intención presidencial era reestablecer el diálogo, roto violentamente por Zedillo, y renegociar los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena que de reconocerlos sin cambios serían un obstáculo para los megaproyectos y corredores industriales (“del bienestar”) contemplados en el Plan México, que hoy su sucesora se dispone continuar. El modo discreto e informal utilizado en ese encargo sin detener los hostigamientos de que son objeto las comunidades zapatistas generó el rechazo del EZLN. Esta respuesta del grupo rebelde, acompañada con la advertencia de que AMLO sería un mañoso mentiroso, hirió tanto el superego del Tlatoani que los calificó de “adversarios”. Naturalmente, la carta ni el diálogo llegaron nunca. Al contrario, en los siguientes años el cerco y las agresiones fueron reforzándose con fuerzas regulares del Estado de los tres niveles coludidas con grupos paramilitares y sicarios del crimen organizado. Desde entonces, no obstante contar con estatus legal emanado de los Acuerdos de San Andrés (16/02/1996) el EZLN no ha respondido con las armas. Sin embargo, los rastros de sufrimiento y sangre que dejan los desplazamientos, secuestros, saqueos, asesinatos y encarcelamientos continúan multiplicándose. Por esa razón los zapatistas han advertido a la Nación entera: “No queremos la guerra, (…) pero nos están obligando a defendernos”. Es decir: para sobrevivir podrían recurrir a ellas.
¡Quién manda en México?
El pasado 28 de septiembre, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) denunció que en abril pasado fueron atacados caracoles del municipio de Ocosingo, principalmente Dolores Hidalgo y el poblado de Belén. El objetivo, propalado por los mismos agresores, era apoyar a civiles a recuperar las tierras ocupadas por grupos zapatistas dentro del marco de los Acuerdos de San Andrés. A todas luces es una provocación, ya que los verdaderos dueños fueron indemnizados por el estado después del alzamiento en 1994. Ahora esas tierras las trabajan en común zapatistas y no zapatistas.
Si la hipótesis de que ocurrió un golpe militar blando de derecha entre 2021 y 2022 (caso Cienfuegos) fuera cierta, Claudia Sheinbaum simplemente estaría obedeciendo a esa élite militar, hoy convertida en empresarial. Eso explicaría la intensificación de los operativos de las Fuerzas de Reacción Inmediata“Pakal”(FRIP), creadas por Eduardo Ramírez (actual gobernador chiapaneco). El 24 de abril fueron detenidos dos zapatistas acusados de secuestro, sin pruebas. Y como es su costumbre, según testigos, esas fuerzas represivas robaron lo que quisieron. En septiembre, esas acciones empeoraron: después de expulsar de sus tierras a los comuneros, quemaron y saquearon sus casas. A estos hechos deben sumarse las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, abusos, amenazas, extorsiones, tráfico de personas y desplazamientos forzados.
Todo se conecta en política; sin duda el desnudamiento de la mafia vinculada a La Barredora (Grupo Tabasco) activa en Chiapas, Tabasco y Veracruz (Rutilio Escandón, Eduardo Ramírez , Adán Augusto López) indica una conexión con la ofensiva contra los pueblos zapatistas. Quienes estén dando las órdenes, indudablemente buscan un pretexto para eliminar obstáculos a la voracidad de las grandes trasnacionales. No hay otra razón para continuar desconociendo los Acuerdos de San Andrés. Evidentemente, los zapatistas son objeto de una guerra irregular para entregar sus tierras a quienes estén dispuestos a hacer jugosos negocios con ellas. Si Trump ve con agrado el exterminio de los palestinos, sin dudarlo también disfrutaría se hiciera lo mismo con los zapatistas. ¿Son entonces los yanquis quienes mandan en México?
¿A quién beneficia la guerra?
Generalmente las comunidades no quieren la guerra, se les impone mintiéndoles o agrediéndolos. Los mexicanos no la queremos, pues los muertos los pone el pueblo uniformado y no uniformado. Desgraciadamente, divididos desde el poder, con una narrativa de buenos y malos, la posibilidad de que estalle una guerra fratricida es real y cercana. Al menos que se demande la reactivación urgente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) como garante de un nuevo diálogo la sangre seguirá corriendo. Los mexicanos de espíritu nacionalista podría impulsar esta iniciativa para dar oportunidad a una paz plena y duradera privilegiando la Justicia.
Del gran capital yanqui y la cleptocracia local, beneficiarios del sistema, no debe esperarse cesen las intenciones de eliminar a quienes resisten; pues estos, con su ejemplo, motivan el despertar global anticapitalista. Puede especularse, con base en información oficial, que las tropas de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional encargadas de las operaciones encubiertas de la guerra irregular, recibieron entrenamiento del séptimo grupo de fuerzas especiales del Comando Norte de Estados Unidos. De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, esa capacitación se llevó a cabo en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales localizado en Temamatla, estado de México (del 27/01 al 23/03 de 2025), y en el Centro Nacional de Adiestramiento, ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua. Lo anterior sumado a la legalización de la militarización del país (guardia nacional) simplemente configura un escenario de guerra contra cualquiera que defienda el agua, bosques, territorio o cuestiona al poder. Paralelamente, el cerco mediático y la censura invisibilizan la violencia sistémica contra los indígenas y campesinos de México. El plan oficial no es la defensa de la Patria o detener a las cúpulas de las mafias sino neutralizar con las armas lo que estorbe a las ganancias. Y las guerras son un gran negocio capitalista.
¡Hay que parar el mal ejemplo!
Según cifras del INEGI, aún teniendo a miles de tropas en las calles, el sexenio de López Obrador fue el más violento de este siglo: hubo 200 mil homicidios dolosos y 51 mil desapariciones forzadas. En lo que va del segundo piso de la 4T, la situación en estos rubros, no mejora: en octubre pasado se registraron más de 2 mil homicidios y 500 desapariciones forzadas, ambas con claras señales de incrementarse.
No se necesita ser genio para darse cuenta que las fuerzas armadas no se preparan para defender el territorio de un ataque extranjero. Una parte de ellas, sirve a las corporaciones para garantizarles su tajada en los megaproyectos y corredores industriales. Por eso es común que la presidenta reciba con bombo y platillo a Carlos Slim, la Nestlé, grandes empresarios y, por supuesto, a los enviados gringos mientras que a las madres buscadoras, indígenas y la CNTE, por ejemplo, se les niega o burocratiza la atención.
Desde hace más de 20 años los pueblos y comunidades indígenas ligadas al EZLN no sólo resisten, también construyen una alternativa anticapitalista. Eso es intolerable para la élite del poder. ¿Cómo se atreven esos indios construir escuelas, hospitales, clínicas, centros comunitarios sin el concurso de los partidos, empresarios ni dádivas gubernamentales, dirá? Reconocer que los más pobres entre los pobres puedan dotar de vivienda, alimentación y seguridad a sus bases de apoyo sin el concurso de los buitres sería evidenciar sus mentiras. Luego entonces es imprescindible detener ese mal ejemplo, dirán en coro la élite de este sistema “explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal”.
La contención-represión de las resistencias que alientan las rebeldías, se ha vuelto cuestión de Estado. Hoy, palestinos y zapatistas se encuentran amenazados de exterminio. Ambos representan un estorbo a la comercialización-cosificación de la vida.
Por todo lo anterior y viendo que los mecanismos de represión, espionaje, criminalización, desaparición y tortura se están incrementando en todos lados es necesario romper el cerco mediático y la censura desde las plazas públicas exigiendo cesen los planes genocidas, despojo y de confrontación entre mexicanos. Aún hay tiempo; pero queda poco.