Orizaba, Ver. — La colectiva feminista Marea Verde Altas Montañas pidió a las autoridades estatales y municipales garantizar el cumplimiento estricto de la normativa que exige el certificado de no inscripción en el Padrón de Deudores Alimentarios para la realización de diversos trámites, entre ellos la expedición de licencias de conducir, pasaportes y la celebración de matrimonios civiles.
Luz María Reyes Huerta, vocera de la colectiva, recordó que estas reformas ya están vigentes y que el Poder Judicial es la instancia encargada de administrar el padrón. Señaló que, si una persona aparece registrada como deudora alimentaria, no puede acceder a esos trámites hasta regularizar su situación.
Reyes Huerta explicó que para que un deudor alimentario sea inscrito, primero debe existir un proceso legal de pensión alimenticia.
Una vez que el juez determina el adeudo —ya sea por incumplimiento de una pensión provisional o por una liquidación de pagos pendientes—, puede girar el oficio correspondiente para que la persona sea incorporada al padrón.
“El padrón lo lleva directamente el Poder Judicial, y es el juez quien debe ordenar la inscripción”, detalló.
La activista reconoció que, aunque este mecanismo representa un avance, no todas las mujeres tienen acceso a un abogado que las asesore y les acompañe en el trámite, lo cual dificulta que puedan lograr la inscripción del deudor aun cuando exista un incumplimiento prolongado.
“Todavía hay mucho por hacer en el acceso a la justicia. Para muchas mujeres es complicado iniciar el proceso, pero esto sí es un avance, sobre todo para quienes llevan años sin recibir los alimentos para sus hijos e hijas”, dijo.
Reyes Huerta señalo que ya existe la obligación legal de solicitar el certificado en los trámites señalados, por lo que llamó a las autoridades a cumplir cabalmente la normativa.
Asimismo, invitó a las mujeres que conocen casos de deudores inscritos que aun así obtuvieron documentos oficiales, a solicitar al juez que informe a la Secretaría de Finanzas quién expidió esas licencias.
“Ahí habría irregularidades. Se debe proceder contra los funcionarios que caigan en dichas faltas”, advirtió.
