José Vargas.
Coatzacoalcos, Ver.— Un juez de control descartó el delito de terrorismo imputado al reportero veracruzano Rafael “Lafita” León al no encontrar elementos suficientes para sostener dicha acusación; sin embargo, determinó vincularlo a proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndole como medida cautelar el resguardo domiciliario por un periodo de un año.
La resolución fue emitida tras una audiencia celebrada este 30 de diciembre en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, con lo que el comunicador evitó la prisión preventiva, aunque deberá enfrentar el proceso judicial con restricciones que limitan su movilidad y su actividad profesional.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la imputación por terrorismo promovida por la Fiscalía General del Estado no logró sostenerse jurídicamente, lo que dejó sin efecto la prisión preventiva oficiosa. Pese a ello, el órgano jurisdiccional consideró procedente mantener la vinculación por otros dos delitos, bajo el argumento de garantizar el desarrollo del proceso.
A la conclusión de la diligencia, Rafael León manifestó que la causa penal en su contra responde a una represalia por su trabajo periodístico y por las publicaciones críticas realizadas en los últimos años. Agradeció el respaldo ciudadano y el acompañamiento de colegas, y afirmó que continuará defendiendo su inocencia por la vía legal.
El resolutivo provocó reacciones de inquietud en sectores del gremio periodístico, al considerar que el uso de figuras penales y medidas cautelares restrictivas, aun sin acreditarse el delito más grave, genera un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
El caso de Lafita León se suma a una serie de procesos que han encendido alertas sobre el uso del sistema penal contra comunicadores en Veracruz, entidad que históricamente ha registrado altos niveles de agresiones contra periodistas. El reportero fue detenido el 24 de diciembre por elementos de la Policía Ministerial y permanecerá bajo supervisión judicial mientras se desahoga el procedimiento penal.
