José Vargas.
En el sur de Veracruz, ingresar a un anexo dejó de ser sinónimo de atención médica o recuperación. Hoy, para muchas familias, representa un salto al vacío. Casos de muertes bajo custodia, motines, fugas masivas, menores sometidos y denuncias de tortura han expuesto un patrón alarmante: centros que operan sin supervisión real, protegidos por la omisión de las autoridades y amparados en una regulación que rara vez se aplica.
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque concentran episodios que revelan cómo estos espacios, legalmente reconocidos como Centros de Apoyo y Rehabilitación, se transformaron en sitios de encierro forzado, castigo y riesgo extremo.
“Rehabilitación que termina en muerte”
La mañana del martes 18 de noviembre, un hombre de 47 años, empleado petrolero, fue declarado clínicamente muerto al interior del centro de recuperación para adicciones “Martín Lancero”, ubicado sobre la calle Benito Juárez, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Cosoleacaque.
El paciente había sido anexado apenas un día antes. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, su ingreso ocurrió el lunes, y se presume que previo a ser internado habría ingerido sustancias desconocidas que complicaron gravemente su estado de salud. El fallecimiento, ocurrido a pocas horas de su llegada, obligó a la intervención de autoridades preventivas y ministeriales.
No fue un hecho aislado. En esa misma colonia, otros anexos han sido escenario de muertes de internos en distintos momentos, casos rodeados de hermetismo, versiones oficiales limitadas y expedientes que avanzan lentamente, pese a señalamientos de maltrato y negligencia.
“Menores sometidos y medicamentos caducados”
En enero de 2025, otro episodio evidenció la falta de control. En el anexo “Guerrilleros de la Vida”, localizado en la colonia Petrolera de Coatzacoalcos, autoridades encontraron a un menor de edad esposado dentro del inmueble.
El director de Salud Pública Municipal, Javier Reyes Muñoz, confirmó que fue necesaria la intervención de la Policía Municipal tras el reporte. El responsable del centro justificó el sometimiento argumentando que el menor consumía drogas, incluido fentanilo, y presentaba conductas agresivas.
La respuesta de las autoridades fue clara: el lugar no era una instalación adecuada ni el procedimiento correcto. Durante la inspección también se detectaron medicamentos caducados y sin prescripción médica. Reyes Muñoz reconoció públicamente que ese centro, al igual que la mayoría de los anexos en Coatzacoalcos, no cumple con las regulaciones sanitarias establecidas por la Cofepris.
“Trifulcas, motines y puertas forzadas”
En febrero de 2025, la violencia volvió a estallar dentro del anexo “Hacienda Ojo de Agua”, Fundación Rubén Darío A.C., también en Coatzacoalcos. Una trifulca entre internos derivó en una fuga, luego de que varios jóvenes rompieran cristales, dañaran el portón principal y forzaran su salida.
El nivel de violencia fue tal que algunas familias optaron por retirar a sus familiares del lugar, especialmente tras conocerse que en un centro de rehabilitación del Estado de México dos jóvenes murieron presuntamente a causa de golpes, lo que derivó en su cierre.
“Minatitlán: la fuga que encendió las alertas”
El colapso del sistema quedó expuesto en Minatitlán. En el anexo “Senderos de Guerra”, un motín permitió la fuga de 13 internos, entre ellos un menor de edad. Durante la madrugada, los internos sometieron al personal, obtuvieron las llaves y escaparon.
La logística del escape llevó a las autoridades a considerar que no se trató de un hecho improvisado. Aunque algunos fueron recapturados, el episodio dejó al descubierto la ausencia de protocolos de seguridad, la reclusión de menores y la fragilidad del control interno en estos centros.
“Mundo Nuevo: del anexo a presunto centro de adiestramiento criminal”
En la congregación de Mundo Nuevo, en Coatzacoalcos, las investigaciones dieron un giro aún más grave cuando las autoridades establecieron que el supuesto centro de rehabilitación operaba presuntamente como un espacio de adiestramiento criminal, utilizando la fachada de anexo para ocultar actividades ilícitas.
Tras la detención de varios “padrinos”, la Fiscalía documentó que los internos no solo eran sometidos a castigos físicos, encierros prolongados y tratos degradantes, sino que también habrían sido obligados a participar en dinámicas de control, disciplina violenta y posible entrenamiento para actividades delictivas.
Familiares y ex internos habían advertido desde tiempo atrás que el lugar no ofrecía ningún tipo de atención terapéutica, sino un régimen de miedo, violencia sistemática y sometimiento absoluto. Hoy, el anexo de Mundo Nuevo se perfila como uno de los casos más alarmantes del sur de Veracruz, al exhibir cómo la falta de supervisión permitió que un centro de “rehabilitación” funcionara, presuntamente, como una extensión de estructuras criminales.
Las carpetas de investigación permanecen abiertas, mientras crecen los señalamientos de que otros anexos podrían estar operando bajo esquemas similares, sin que exista una vigilancia efectiva que lo impida.
“Centros legales solo en el papel”
Legalmente, los anexos están incluidos dentro de la categoría de Centros de Apoyo y Rehabilitación y deben cumplir con normas sanitarias y de atención conforme a la legislación federal. No obstante, la supervisión efectiva es mínima.
En Veracruz, datos disponibles señalan que de casi 300 anexos registrados, únicamente cuatro cuentan con certificación bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que establece los requisitos mínimos de operación. El resto opera sin aval, sin inspecciones constantes y sin garantías para los internos.
“Sin médicos, sin protocolos y con impunidad”
Familias y organizaciones civiles han denunciado la ausencia de profesionales de la salud, la falta de protocolos claros de atención y métodos de internamiento que rayan en la privación ilegal de la libertad. Esta combinación ha generado un entorno donde la violencia se normaliza y las muertes se minimizan.
Incluso, el reciente hallazgo en Coatzacoalcos de un anexo que funcionaba como fachada para adiestramiento criminal confirmó que estos espacios pueden ser utilizados como extensiones del crimen organizado, aprovechando la vulnerabilidad de quienes buscan ayuda.
Una deuda que sigue abierta
Pese a cateos, detenciones y anuncios de revisión, decenas de anexos continúan operando en la opacidad en el sur de Veracruz. La regulación existe, pero no se aplica; la supervisión se anuncia, pero no se sostiene.
Mientras tanto, la pregunta permanece sin respuesta para cientos de familias:
¿quién vigila a quienes dicen rehabilitar?
Porque hoy, en esta región, entrar a un anexo no garantiza recuperación, dignidad ni seguridad. En algunos casos, no garantiza siquiera salir con vida.
