Por GerardoLuna.mx
Córdoba, Ver.— La Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Javier Raymundo A.M., alias “El Gallo Negro”, de 34 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de Ángela “N” y Fidel “N”.
De acuerdo con información oficial, la orden fue emitida dentro del proceso penal 234/2025, por un Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XV Distrito Judicial de Orizaba, como parte de las investigaciones derivadas de los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024.
Según la carpeta de investigación, en la fecha referida, el ahora detenido, Javier Raymundo, en compañía de otros sujetos, habría arribado a un domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria, colonia 30 de Mayo, en el municipio de Nogales, donde se encontraban una menor de edad —quien perdió la vida en el lugar—, su madre y su tío, este último también fallecido durante el ataque.
De acuerdo con las autoridades, los agresores presuntamente ingresaron al inmueble y realizaron múltiples disparos con armas largas, privando de la vida a las dos personas mencionadas, lo que dio origen a la investigación ministerial y posterior judicialización del caso.
Fuentes oficiales confirmaron que A. M. era considerado objetivo prioritario dentro de las estrategias de seguridad, al estar identificado en las mesas de seguridad estatal como presunto generador de violencia en la región centro del estado.
Tras su localización, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.
Asimismo, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para la identificación y localización de otros posibles involucrados en estos hechos, con el objetivo de esclarecer completamente el caso y deslindar responsabilidades.
La Fiscalía General del Estado reiteró que el proceso se desarrolla bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos, conforme a lo establecido en la ley.
