Xalapa, Ver.- A 40 días de iniciado el año 2026, Veracruz enfrenta una situación crítica en materia de seguridad. La estrategia implementada por el Gobierno del Estado no ha logrado contener la violencia, y los hechos recientes confirman un escenario de creciente inseguridad que afecta a distintas regiones de la entidad y a la vida cotidiana de sus habitantes.
Desde el inicio de este año, la violencia ha cobrado la vida de decenas de ciudadanos. Casos emblemáticos como el asesinato del periodista Carlos Castro en Poza Rica o la ejecución de cuatro hombres a plena luz del día en una chatarrera de Acayucan evidencian la gravedad del problema. A estos hechos se suman ataques directos contra autoridades locales y sus familias, como el ataque armado contra el alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, y sus familiares; la emboscada contra el presidente municipal de Zacualpan, Andrés Maldonado Yáñez, y su esposa; así como el asesinato reciente de Raúl Hernández Sánchez, hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano.
Estas agresiones no solo arrebatan vidas, sino que siembran miedo, paralizan comunidades enteras y alteran la vida cotidiana de vecinos, comerciantes y familias que únicamente buscan vivir con tranquilidad. Los hechos confirman que la violencia en Veracruz va en aumento y que no se trata de episodios aislados ni focalizados, sino de un fenómeno que se extiende, se repite y comienza a normalizarse, generando un clima de incertidumbre y temor generalizado.
A más de un año de la actual administración estatal, los resultados en materia de seguridad simplemente no llegan. La violencia no disminuye y, frente a acontecimientos cada vez más graves, resulta lamentable que el gobierno minimice o evada la realidad, en lugar de reconocer la magnitud del problema y asumir su responsabilidad.
Si la estrategia actual no se corrige de manera inmediata, el panorama que se vislumbra es aún más preocupante. Veracruz no puede ni debe normalizar la violencia. Las y los veracruzanos merecen vivir sin miedo, con instituciones que garanticen su seguridad y con un gobierno que enfrente la realidad con acciones firmes y resultados, no con discursos ni negación.
