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4 de AGOSTO de 2009
BINIZA (Voces al viento, en zapoteco): El problema de los rechazados de la Universidad Veracruzana se extiende a la Universidad de Oaxaca, donde ya hay violencia. Una estudiante de Cosoleacaque también rechazada por la UV se acaba de plantar en la Plaza Lerdo, como Verónica ¿A ver cuánto tiempo tardan en atenderla?
POR “REBELDES” SE QUEDAN SIN DINERO PARTIDOS
Vaya forma de meter en problemas a los partidos de oposición en Veracruz. Como una jugada de judo, el gobernador Fidel Herrera Beltrán toma el golpe de los diputados de la oposición a su favor y anuncia que no publicará el decreto donde se amplía el presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) en 31 millones de pesos, que era dinero para los partidos políticos para sus actividades en lo que resta el año, así como renta de locales en los distritos para las elecciones estatales el próximo año.
La historia es singular en Veracruz: recientemente sesionó la Legislatura de Veracruz para aprobar la ampliación del presupuesto del IEV, pero 16 diputados de oposición –entre ellos los del PAN, PRD y Convergencia– de manera simbólica tomaron la tribuna para protestar por la ampliación, pero como es mayoría absoluta el PRI no les hizo caso y se aprobó el aumento, lo que motivo que los diputados de oposición se salieran del recinto.
Al día siguiente los diputados del PRI anunciaban que le pedirían al gobernador que no se publicara el decreto, ya que era una época de austeridad por la crisis política. Esta marcha atrás se tomó como el “arrepentimiento” y las contradicciones de los tricolores. La respuesta fue más clara este lunes 3 de agosto, cuando el gobernador anuncia que no publicara el decreto por la “sensibilidad” de los diputados de oposición en rechazar dinero en estos en tiempos de crisis. ¡Tan tan!.. Y los partidos se quedaron sin dinero.
En esta política jarocha, unos juegan al judo y otros a la auto-inmolación. ¿Habrá coordinación entre los dirigentes de los partidos y sus diputados? Sepa, pero los que salieron bailando refeo fueron los partidos de oposición. Ahora para tener dinero, los partidos tienen que negociar.
RETORNA A NOTISUR JOSE LUIS ORTEGA
El director general del diario NOTISUR de Coatzacoalcos, José Luis Ortega, retornó este domingo a sus actividades, después de la agresión que sufrió en manos del ex regidor del ayuntamiento Alejandro Wong Ramos el 3 de marzo del presente año.
Gracias a la ciencia médica aplicada al cuerpo de José Luís; a la ayuda crucial del gobernador Fidel Herrera Beltrán; de su esposa Rosa Margarita Borunda de Herrera, y la directora del DIF Zita Pazzi Maza, este excelente periodista y poeta, revivió, fue su propio milagro y ahora nos alegra que ya se incorpore a sus actividades en uno de los periódicos más nuevos y exitosos del sur de Veracruz.
José Luís, en su columna de hoy, agradece a todos los que tuvieron que ver con su recuperación y sobre todo a la solidaridad de sus hermanos periodistas. Bienvenido de nuevo.
AMADEO FLORES PASÓ LA PRUEBA DE FUEGO
El experimentado político Amadeo Flores Espinosa pasó tal vez la prueba política más dura de su amplia carrera en el servicio público.
Ir a las urnas y ponerse al escrutinio popular no es fácil, pero doble mérito tiene cuando sus contendientes tenían un peso específico: el candidato del PAN por el distrito de Huatusco, Urcino Méndez Gálvez, “Pollo Loco”, con gran popularidad; y la participación del doctor Ulises Ochoa Valdivia, apoyado con todo por los maestros federales ubicados en el Partido Nueva Alianza, ya que el médico es el hijo del dirigente nacional del magisterio Rafael Ochoa Guzmán.
Desde el 5 de julio se sabía que Amadeo había ganado por casi 600 votos y eso fue ratificado por el Tribunal Electoral.
Flores Espinosa, fundador de la asociación política “Vía Veracruzana”, se consolida y se puede encaminarse para obtener la candidatura a la gubernatura por el PRI. Don Amadeo ha sido de todo en el gobierno de Veracruz y ha ganado también 4 elecciones. A ver qué pasa.
DOS BALACERAS EN XALAPA Y VERACRUZ; EJECUTAN A EX COORDINADOR DE LA MINISTERIAL
VERACRUZANOS.INFO.- Dos balaceras durante la tarde de este lunes, con un saldo de un ejecutado y un herido, se suscitaron casi de manera simultánea en Xalapa y en el puerto de Veracruz, sin que hasta el momento se tenga reporte de detención de los presuntos sicarios.
En el puerto de Veracruz, en pleno centro de la ciudad, una persona identificada como Milton Francisco Martínez Fuentes, ex coordinador de la Policía Ministerial en el puerto (se retiró hace 5 meses de la Agencia Veracruzana de Investigaciones), recibió 6 impactos de bala: dos en la cabeza y los restantes en el cuerpo y brazos, cuando llegaba a su domicilio en Benito Juárez 770, en pleno centro histórico de este puerto
Martínez Fuentes, de 38 años de edad, era hijo de un juez jurídico de la Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río. Había sido coordinador de la Policía Ministerial (hoy Agencia Veracruzana de Investigaciones, AVI) en Córdoba, Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz, donde finalmente renunció.
Por otra parte, en Xalapa se reportó cerca de las 17.30 horas otra balacera en la colonia Progreso, calle Chihuahua, cerca de las instalaciones del CBTIS 13, donde se reportó un policía ministerial razo herido, cuyo nombre es Héctor Rogel Hernández, alias “El Zángano”, llevado a una clínica para su atención médica.
Al momento se manejó todo de manera muy hermética, pero era palpable la gran presencia militar y policiaca en la zona, donde incluso elementos federales y militares se avocaron a localizar a los presuntos sicarios en el Panteón Xalapeño.
LA LEY DE DOÑA GÜÍCHA
JUAN ANTONIO NEMI DIB / Cosas Pequeñas.- Tenía previsto escribir sobre la influenza y los estragos que causa, no en el aparato respiratorio de los infectados sino en toda la gente, incluso la que se salva del contagio viral, debido a la desinformación colectiva sobre el tema, que por sí misma constituye una pandemia de consecuencias tan funestas o más que las neumonías, con la diferencia de que no hay vacuna que la detenga. Pero doña Luisa Ortega Díaz cambió mis planes; gracias a ella mis apetitos epidemiológicos tendrán que esperar.
Y. ¿quién es doña Güícha? Reconozco que no sabía de su existencia hasta el jueves pasado; antes de conocer sus flamantes propuestas legislativas no estaba yo enterado de su paso por esta atribulada vida como -con toda probabilidad- ella nunca se enterará del mío. Además de otras cosas, nos separan tres mil quinientos kilómetros de distancia en medio de los cuáles se interponen seis países y, sobre todo, una abismal diferencia entre su concepto de libertad y el mío.
A pesar del protagonismo que ha alcanzado en los últimos días, es poca la información disponible sobre la señora; horas de revisión, incluso en “The Fact Book” de la CIA, arrojan escasos datos: nació en Valle de la Pascua; es licenciada en derecho por la Universidad de Carabobo, cursó 2 especialidades jurídicas y una en “dinámica de grupos” y es doctora en derecho constitucional por la Universidad Santa María. Ha dado cátedra en distintas instituciones y tiene larga carrera como fiscal investigadora. Hace años sufrió un intento de secuestro pero logró huir de sus captores arrojándose del vehículo en marcha. Antes de su actual encargo era Directora de Actuación Procesal del Ministerio Público.
En su calidad de Fiscal General elegida por la Asamblea Nacional en 2007, forma parte del “Poder Ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela” ejercido por un Consejo Moral Republicano que a su vez se integra con el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el propio Fiscal General. Formalmente goza de plena autonomía jurídica y política, aunque pocos dudan de sus vínculos y su dependencia respecto del Poder Ejecutivo.
¿Por qué tanto rollo con doña Güícha? El diario español El País explica: “Durante su programa de radio, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia, el pasado 3 de julio, que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas radios, televisiones, diarios y páginas webs que con sus informaciones generaban zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: Luisa Ortega Díaz presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra ‘la estabilidad de las instituciones del Estado’, ‘la paz social, la seguridad e independencia de la nación’, la ‘salud mental o moral pública’ y el ‘orden público’, o que ‘generen sensación de impunidad o de inseguridad’ entre la población.”
La iniciativa presentada por la Fiscal ha causado revuelo debido a sus alcances: “tiene por objeto prevenir y sanciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos. con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos a la libertad de expresión y a la información oportuna, veraz e imparcial y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos.” Su proyecto no se limita a los medios tradicionales, incluye todo tipo de instrumentos capaces de transmitir textos, sonidos o imágenes, independientemente de la plataforma que se utilice, por lo que incluso un envío postal y un correo electrónico entrarían en la misma categoría de punibilidad. Considera sujetos activos a los propietarios, directivos, productores, locutores, periodistas, conferencistas, artistas “y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza”.
Su definición de delitos mediáticos establece que son las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz, e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social. La norma incluye nuevas tipificaciones delictivas: divulgación de noticias falsas, manipulación de noticias, negativa a revelar información (datos de quienes escriben con pseudónimo), coacción mediática, omisión voluntaria de suministrar información, instigación y obstaculización de actividades de comunicación. Además de prisión, las sanciones pueden ser cancelación de licencias, obligación de publicar las sentencias sin comentarios en sitios y horarios preferentes e inhabilitación para desempeñar cargos en cualquier medio.
El Colegio de Periodistas le respondió haciendo: “un nuevo llamado de alerta a los venezolanos ante las terribles consecuencias que para la vida cotidiana de todos tendría la eventual aprobación de la Ley de Delitos Mediáticos. Colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio: el cerco en contra de las emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política. ¿Qué entiende la Fiscalía por Delito Mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre 2 articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad? ¿Las criticas ante los excesos de un poderoso? Venezuela vive una difícil hora en la cual la violencia social y política está la orden del día; con una severa crisis de los servicios públicos y una inflación que se come los ingresos de los venezolanos. La labor de los periodistas responsables, editores, y medios en general, su deber más sagrado, es informarlo y denunciarlo. Los medios no existen para calmarle el estrés, ocultarle los hechos o servirle de enfermeros a los funcionarios públicos.”
La Fiscal se defiende diciendo que “no está sugiriendo limitar la libertad de expresión sino regularla, porque tú puedes expresar libremente todo lo que consideres, pero esa libertad no puede vulnerar el derecho de los demás, no puede atentar contra el Estado, contra la salud de las personas, contra la moral pública. Estamos impulsando y promoviendo la libertad de expresión sana, cierta, que llegue a todos los ciudadanos y que no atente contra ellos. Se debe seguir impulsando y respetando esa libertad de expresión, pero en el marco de nuestro derecho”.
Este discurso “liberador” pudo ser de Franco, Pinochet, Trujillo o incluso Mussolini. Pero no, es del gobierno Bolivariano de Hugo Chávez, el mismo que ha cerrado ya 34 radiodifusoras e iniciado acciones a otras 50, el mismo que encarceló al periodista Gustavo Azócar, el que no renovó su concesión a la televisora crítica RCTV, el que cumple sus amenazas: “Burgueses, pitiyanquis, pónganse a creer en que yo no me atrevo [a cerrar un medio]. Pónganse a creer en esos cuentos y se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. No se equivoquen, están jugando con fuego, manipulando, incitando al odio, todos los días. Televisoras, estaciones de radio, prensa escrita, no se equivoquen. Yo sólo les digo, y al pueblo venezolano se lo digo, que eso no va a continuar así”.
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EN MÉXICO, 17 PERIODISTAS ASESINADOS EN 18 MESES
+ Advierten que el periodo entre enero de 2008 a junio de 2009 es uno de los más violentos contra el gremio, pues no sólo se duplicaron las agresiones a comunicadores, sino que aumentaron los asesinatos
Fernando Martínez
El Universal
Ciudad de México Lunes 03 de agosto de 2009
16:31
En los últimos 18 meses, han sido asesinados 17 periodistas en todo el país, además se registraron 365 actos de intimidación contra comunicadores, advirtió Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía, en la presentación del Informe 2008-2009.
Dijo que el periodo entre enero de 2008 a junio de 2009 es uno de los más violentos contra el gremio, pues no sólo se duplicaron las agresiones a comunicadores, sino que aumentaron los asesinatos, ya que en 2007 se presentaron cinco y el año pasado 12, de los cuales ocho ocurrieron en zonas donde la delincuencia organizada y el narcotráfico tienen presencia.
Advirtió que las entidades con mayor incidencia en 2008 fueron el Distrito Federal, con 15.3%; Oaxaca, 11.7%; Veracruz, 9.9%; Chiapas, 7.2%; Tamaulipas e Hidalgo, con 4% cada uno.
Detalló que en 2008 se registraron 223 agresiones contra comunicadores y medios informativos y 12 asesinatos, y en el primer semestre de 2009 se dieron 142 ataques y 5 asesinatos.
Calificó a estas cifras como abrumadoras, pues en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos.
“No es gratuito que se catalogue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en los últimos tres lustros”, señaló.
Para dar mayor contexto a la problemática, destacó que si entre 2001 y 2003 hubo siete asesinatos y un informador desaparecido, tan sólo entre 2006 y junio de 2009 se registraron 32 homicidios de periodistas.
Añadió que en 2008 sobresalió la violencia contra el quehacer informativo, pues de los 223 casos registrados, 31.8% fueron agresiones físicas, 21% amenazas e intimidaciones y 5.3% asesinatos.
“Los reporteros que cubren las fuentes policiacas y política, fueron los más afectados. Ambas áreas concentraron 84% de las agresiones”.
Raúl Martínez resaltó que el poder público continúa acumulando el mayor porcentaje (60%) como presunto responsable de actos contra periodistas y medios de comunicación, al englobar a las fuerzas del orden, a servidores públicos e instituciones de gobierno.
Pese a ello, dijo, no se puede soslayar que 14.4% de presuntos responsables lo constituyeron actores anónimos y que 2.7% fueron posibles narcotraficantes.
“Ante las alarmantes cifras, la respuesta de autoridades ha sido de coyuntural y aparente disposición para afrontar el problema, pero los resultados han sido prácticamente nulos. La impunidad sigue reinando”, concluyó.
A su vez, la Relatora para la Libertad de Expresión y Defensa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CDHDF, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que en 2008 la Comisión registró 22 agresiones a comunicadores y dos a medios de comunicación y 10 procesos judiciales contra trabajadores del gremio.
Destacó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina es la más señalada en actos de lesiones y amenazas contra el ejercicio periodístico.
En tanto, la Directora del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, Amor Lajud, aseguró que los servidores públicos repudian la libertad de expresión, pues 60% de las agresiones a periodistas provienen del Estado.
