José Vargas.
Tatahuicapan, Ver. – Testimonios recabados afirman que ciudadanos y trabajadores fueron contactados desde la noche del miércoles 25 de junio por personal cercano al alcalde Eusebio “Chevo” González Hernández para participar en la toma del Palacio Municipal y de las oficinas del programa Bienestar, en un intento por presionar la revocación del comité comunitario electo para la administración de recursos del INPI.
La acción fue encabezada por operadores políticos vinculados al Partido del Trabajo y al hijo del presidente municipal, Vladimir González, luego de que la planilla impulsada por el Ayuntamiento no lograra imponerse en la asamblea organizada por el INPI. Las versiones recogidas apuntan a que el edil pretendía controlar dicho comité para tener injerencia directa en el manejo de recursos federales, mismos que, según fuentes locales, buscaba destinar a saldar compromisos pendientes derivados de obras inconclusas y deudas políticas generadas durante la reciente campaña electoral.
Durante la jornada, ciudadanos involucrados en el proceso denunciaron que el alcalde ofreció dinero y otras promesas a diversos sectores de la comunidad a cambio del voto a favor de su planilla. Sin embargo, al no cumplir con estos compromisos, amplios sectores de la población optaron por emitir un voto de castigo, permitiendo el triunfo de una propuesta ciudadana ajena al poder municipal.
“Nos cansamos de que quieran decidir todo desde el palacio. La comunidad votó y no les gustó el resultado, ahora quieren tumbarlo a la fuerza”, señaló una de las personas que participó en la elección. La información sobre la validez del proceso ya fue enviada a instancias estatales y federales, y se prevé una próxima asamblea pública para formalizar la entrega de los recursos, ahora bajo supervisión comunitaria.
La toma de las oficinas del Bienestar mantiene detenidos diversos trámites y servicios sociales, afectando directamente a beneficiarios que acuden de manera regular a realizar gestiones o cobrar apoyos. Trabajadores del Bienestar se ausentaron este jueves, al haber sido notificados de que las instalaciones estaban bloqueadas, lo que ha paralizado la atención a cientos de personas.
La ciudadanía señala que esta toma no obedece a una causa legítima, sino a una estrategia política impulsada desde el mismo Ayuntamiento. De hecho, muchos de los participantes en el bloqueo estarían buscando obtener futuros beneficios mediante su cercanía con la administración municipal.
Frente a esta situación, se exige la intervención inmediata de la Secretaría de Bienestar tanto a nivel estatal como federal para liberar las oficinas y frenar la intromisión política en un proceso que ya fue avalado por las autoridades competentes. La comunidad reitera que no permitirá que el alcalde utilice los programas sociales como herramientas de presión ni que busque manipular la voluntad popular con fines personales o familiares.
La situación sigue tensa en Tatahuicapan, donde el poder local intenta mantenerse a costa de ignorar los principios básicos de participación y autonomía comunitaria.