Ciudad de México. Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante la cual el Estado se convierte en proveedor de servicios de internet, y se establece la obligación de los usuarios de entregar sus datos biométricos contenidos en la CURP para contratar servicios de telefonía e internet.
De acuerdo con el senador Javier Corral Jurado, de Morena, los usuarios “sólo deberán identificarse ante los operadores y no ante el gobierno”, lo que —según él— busca asegurar que cada línea esté asociada a una persona física. La medida aplicará al momento de adquirir un chip o línea telefónica móvil.
Se crea nuevo ente regulador
Como parte de la reforma, se establece la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital, integrado por cinco comisionados. Este nuevo órgano tendrá la facultad de suspender transmisiones de radiodifusión de manera precautoria, lo que generó preocupación entre legisladores de oposición.
Críticas desde el PAN y el PRI
El Partido Acción Nacional (PAN) acusó al oficialismo de incumplir un acuerdo verbal para limitar la facultad de intervención en las comunicaciones. El coordinador panista, Ricardo Anaya, denunció que no se respetó la propuesta de requerir una orden judicial para la geolocalización de usuarios, ni la de mantener las restricciones existentes en la ley para la suspensión de transmisiones.
“Ganó la vena autoritaria… quieren saber en tiempo real dónde están los ciudadanos sin orden judicial”, advirtió Anaya.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó las reformas como una consolidación de un régimen de vigilancia. El senador Manuel Añorve Baños afirmó que Morena está construyendo un “Big Brother del Bienestar”, y acusó al partido en el poder de querer tener acceso irrestricto a la CURP biométrica, ubicación, expediente médico, historial de mensajes y cuentas bancarias de los ciudadanos.
Oposición dividida: Movimiento Ciudadano vota a favor
Aunque la mayoría de la oposición votó en contra, Movimiento Ciudadano (MC) respaldó la reforma luego de que se eliminaron algunos artículos polémicos, como los que permitían el bloqueo de plataformas digitales y la censura de contenidos.
La senadora Alejandra Barrales explicó que se incluyeron “candados” importantes, como la exigencia de orden judicial para intervenir comunicaciones privadas:
“Antes no estaba acotado, se dejaba a interpretación. Ahora, la autoridad no podrá acceder libremente a la información de los ciudadanos”.
Multas por propaganda extranjera
El dictamen también mantuvo la prohibición de difundir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, permitiendo solo la promoción turística, cultural o deportiva. Quienes infrinjan esta norma podrán ser multados con entre 2% y 5% de sus ingresos, según lo establece el artículo 292 de la ley.