¿Justicia o impunidad garantizada?
Jorge Salazar García. 22/07/2024
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Atendiendo que un crimen de Estado es un acto ilegal, perpetrado por autoridades (o particulares respaldados por ellas) donde se violan los derechos humanos, el cometido en Totalco encuadra perfectamente en el tipo delictivo. Durante la represión del 20 de junio pasado, fuerzas públicas allanaron hogares, secuestraron, balearon campesinos, y asesinaron a Jorge y Alberto Cortina Vázquez.
Tal como su deber lo indica, un gobierno capacita agentes policiacos para desempeñar eficientemente sus funciones de proteger la vida y evitar se viole la Ley. Si en Totalco hicieron lo contrario pisoteando las leyes y privando de la existencia a dos ciudadanos, entonces el Estado es responsable. Al asesinato a mansalva de dos campesinos le siguieron acciones de encubrimiento y de limpieza de culpas acordadas muy arriba. A esos fines apunta el ruido mediático sobre la desaparición de la Fuerza Civil y el procesamiento de elementos por “abuso de autoridad”. No obstante, la realidad se impone: esas acciones criminales destinadas a proteger los intereses de las granjas Karroll formaron parte de un OPERATIVO de Estado. Los agentes obedecieron órdenes igual como lo hicieron policías y soldados, por ejemplo: en Atenco, en Tlatelolco (68), el secuestro de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, en Aguas Blancas, en Acteal y en Ayotzinapa.
A la indignación, generada por la comisión de esos crímenes de lesa humanidad, la 4T le suma frustración, ya que, como en los casos mencionados, renunció a hacer Justicia. El saldo en este rubro es trágico y de consecuencias desalentadoras: los abusos de autoridad se multiplican por todo el territorio y la seguridad ha quedado en manos de autoridades aliadas al crimen organizado y a las trasnacionales. En todas partes y de mil maneras se extorsiona al trabajador (empleado, comerciante, pequeño empresario) que sale todos los días a ganar honradamente el sustento propio y el de su familia. El hartazgo y la rabia popular, por tanto abuso e impunidad acumulados, se extienden por doquier. Lo ocurrido el pasado 17 de julio en San Juan Evangelista, Cuicatlán, Oaxaca, es una muestra: el pueblo encarceló a la presidenta municipal Maricel Mariscal por ratera y abusiva.
En 2018, de algún modo, la amenaza de AMLO de liberar al tigre (pueblo) determinó su triunfo. Por todo México ciudadanos, que esperaba otro fraude descomunal, se preparaban para combatirlo: el tigre había despertado. AMLO lo apaciguó prometiendo: hacer JUSTICIA, acabar con la corrupción, no permitir abusos de autoridad, y procesar a los expresidentes. ¿Qué pasó?: la corrupción y los abusos siguen, los presidentes gozan sus fortunas en libertad, y la Justicia es un mito.
De perdones y traiciones presidenciales.
Entregando su partido a la mafia del poder, AMLO comenzó a relegar su promesa de hacer Justicia. Afirmando que la venganza no era su fuerte, indujo la idea en sus seguidores de no juzgar a los expresidentes. Pocos lo advirtieron, pero eso significó traicionar su juramento de hacer cumplir la Constitución, pues su deber como primer mandatario era aplicar la ley, no repartir, como sacerdote, perdones a traidores y delincuentes. Su segunda traición la concretó al no separar el poder económico del político, como lo prometió. En vez de conformar un organismo de trabajadores para que le asesoraran en palacio prefirió llamar a los patrones neoliberales. Este hecho implica que considera inteligentes a los señores capitalistas y tontos a los trabajadores (pueblo). Consecuentemente, aquella expresión de que “tonto es quien considera al pueblo tonto”, fue simplemente parte de su retórica populista.
Los resultados están a la vista: los señores del capital, como nunca, incrementaron sus ganancias y explotación. Políticos y oligarquía se brindan protección mutua en sus saqueos y enriquecimientos ilícitos. Además, cualquiera que ponga en riesgo sus intereses puede ser objeto de hostigamiento, desaparición, encarcelamiento y asesinato. Por ello siguen cayendo defensores del territorio. Así opera un Estado puesto al servicio de corruptos rapaces. Las cárceles, SEMEFOS, panteones, fosas clandestinas se saturan de aquellos a quienes prometió serían prioridad en su gobierno: los pobres. A los grandes ladrones o los incorporó a su gabinete o les simuló un juicio para después dejarlos libres.
Exoneración de Cuitláhuac
Seguramente Cuitláhuac formará parte del gabinete de Claudia Shienbaum. Esa pareciera ser la orden que AMLO diera en la mañanera cuando, sin nombrarlo lo exoneró de lo ocurrido en Totalco. Su perorata la centró en justificar ese crimen de Estado. Primero, lamentó el ¡fallecimiento! de dos campesinos. Al hacerlo, utilizando el sustantivo “fallecimiento” (neutral) nos vendió una joya de maniqueísmo proverbial. Evitó usar los términos adecuados: ejecución, asesinato, víctimas. Refiriéndose a los asesinos materiales, dijo con desparpajo que “participaron en los hechos”, en lugar de decir que “obedecieron órdenes es ese operativo”. Quiere que pensemos que los asesinatos, los disparos, incluso la presencia de la policía fueron acontecimientos ¡espontáneos o fortuitos! La mentira más grande emitida en esa ocasión, desde su púlpito sagrado, fue afirmar: “Va a hacerse Justicia, no va a haber impunidad”.
Indigna su postura, pero se entiende: su objetivo es cubrir con el manto de impunidad a los mandos de la fuerza civil y a Cuitláhuac, claro. Por lo tanto, los asesinatos de Jorge y Alberto quedarán impunes. Nunca se sabrá quién dio la orden ni mucho menos veremos presos a quienes planearon la brutal represión. Naturalmente, a Cuitláhuac se le ve feliz: AMLO le limpió la sangre de sus manos.
Impunidad concertada.
Las declaraciones a la prensa, emitidas por el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, confirman ese plan de limpieza: utilizó la misma semántica autoexculpatoria: se investigarán … los hechos ocurridos en Totalco donde murieron los hermanos Jorge y Alberto Cortina. Más directo, el señor secretario afirmó que no fue un “operativo lo realizado en Totalco. Contradictorias declaraciones, dado que varios policías dispararon armas de fuego contra civiles desarmados. Y esto, accionar armas contra una manifestación pacífica, está absolutamente prohibido, al menos que sea una orden superior. Cualquier subordinado sabe que desobedecer a sus jefes significa ser severamente castigado o dado de baja. Que uno, por miedo o amenaza inminente haya disparado, podría entenderse. Lo inaceptable es que lo hayan hecho varios elementos sin mediar orden explícita. Si así fuera ¿Por qué no se les acusa de desobediencia o desacato?
Lo anterior configura fehacientemente un crimen de Estado y explica porqué únicamente serán procesados 2 o 5 elementos por “abuso de autoridad”. Lamentablemente, a esa vileza deberá agregársele dos cosas más: a) La criminalización de los reprimidos, y b) Las amenazas de muerte que se ciernen sobre quienes resisten y siguen exigiendo Justicia.
Mientras tanto las Granjas Karroll (origen del problema) siguen saqueando y contaminado el agua a su pleno antojo (leer el articulo “Pedían agua, les dieron balas”) y las trasnacionales, que se asentarán en el corredor industrial Puebla-Amozoc, recibiendo concesiones acuíferas al por mayor.
¿Por qué…?
Respecto a la pudrición del sistema judicial mexicano al cual AMO atribuye sus fracasos, puede especularse que también miente, pues si él conocía esa pudrición: ¿por qué no reformó el poder judicial cuando tenía mayoría en el congreso en 2018-19, ¿por qué no limpió a los Estados de jueces, agentes, ministerios corruptos y fiscales controlados por el crimen organizado?, ¿por qué exoneró al ejército (Peña Nieto y a Cienfuegos) sobre el caso de Ayotizinapa?, ¿por qué incorporó a su gabinete a delincuentes y corruptos probados?, ¿por qué intensificó la militarización del País?, ¿Acaso está cerrando filas con el poder armado y empresarial para anular a quienes se atrevan a decir “fue el Estado” o “ya basta”?
