Naucalpan, Estado de México.
El Bazar Lomas Verdes, uno de los espacios comerciales más representativos del norte del Valle de México y punto de convivencia social durante más de cuatro décadas, enfrenta una crisis interna que ha generado preocupación entre locatarios, quienes advierten que el conflicto podría derivar en la pérdida del predio y afectar el sustento de cientos de familias, donde un mega complejo inmobiliario se ha alzado en los últimos 3 años al lado suyo.
ANTECEDENTES DEL BAZAR
De acuerdo con testimonios de comerciantes y documentos internos, el bazar inició operaciones el 13 de agosto de 1980, cuando alrededor de 700 locatarios se instalaron en el terreno bajo un esquema de arrendamiento. El dirigente de entonces, Salvador Herrera, encabezó los acuerdos con quien se ostentaba como propietario, Alejandro Ortiz, quien habría manifestado la intención de vender el predio a los comerciantes años después.
INTENTO DE COMPRA DEL TERRENO
Durante el periodo 1983–1984, bajo la presidencia de Sara Guarneros García en la mesa directiva, se informó en asamblea que el terreno podría adquirirse por tres millones de pesos, de los cuales ya se había reunido aproximadamente un millón y medio. Sin embargo, al acudir a la notaría correspondiente, los locatarios detectaron que el supuesto propietario no contaba con documentación que acreditara plenamente la propiedad, por lo que la operación no se concretó.
DISPUTAS LEGALES Y DOCUMENTOS CUESTIONADOS
Tras el fallecimiento de Alejandro Ortiz, se registraron juicios sucesorios entre sus descendientes en el Juzgado Séptimo, donde se afirmaba que el terreno había sido heredado. No obstante, según consta en documentos presentados por la mesa directiva de la época, actas de defunción localizadas en el Registro Civil de Nuevo León habrían desmentido dichas versiones. Los comerciantes sostienen que, ante señalamientos por el uso de documentación presuntamente apócrifa, el conflicto se detuvo durante varios años.
ORIGEN DEL PREDIO
Locatarios y exdirigentes señalan que el terreno no fue propiedad privada desde los años cincuenta, sino que formó parte de la reforma agraria de los años setenta, durante el sexenio de Luis Echeverría, alrededor de 1973. La zona, que abarcaba antiguas tierras de la hacienda de Echegaray hasta Santa Cruz Acatlán, fue destinada a asentamientos y servicios comunitarios, y durante años funcionó incluso como basurero municipal para colonias en expansión de Lomas Verdes, Santa Cruz Acatlán y Ciudad Satélite.
REAPARICIÓN DEL CONFLICTO
El conflicto resurgió en 2016, cuando familiares de Ortiz retomaron reclamos sobre el predio, ahora sustentados en un nuevo testamento. Esta versión es rechazada por locatarios, quienes aseguran que dichos familiares ya habían recibido propiedades en Azcapotzalco y que los nuevos reclamos carecen de sustento jurídico.
CONTROL INTERNO Y MANEJO FINANCIERO
En este periodo, comerciantes identifican a H. B. B., quien fungió como tesorera entre 2006 y diciembre de 2023, como una figura central en el manejo interno del bazar, junto con el entonces presidente A. T., fallecido posteriormente. Según testimonios, aunque existía una presidencia formal, el control financiero y administrativo recaía de facto en la tesorería.
ASAMBLEA Y HECHOS DE VIOLENCIA
La tensión se agravó en agosto de 2025, durante una asamblea en la que se presentarían informes legales y financieros. Testigos relatan que, al exponerse un presunto adeudo superior a medio millón de pesos, la reunión fue interrumpida de manera violenta.
AGRESIONES Y DENUNCIAS
Posteriormente, se registró una agresión física grave contra un integrante de la mesa directiva legal, identificado únicamente como D. R., quien resultó con lesiones severas y permaneció hospitalizado varias semanas. De acuerdo con denuncias y fe de hechos notariales presentadas ante autoridades competentes, el hecho ocurrió en el contexto del conflicto interno por el control del bazar.
CLIMA DE INTIMIDACIÓN
Comerciantes señalan que, a partir de estos hechos, se generó un ambiente de amenazas e intimidación que ha limitado la participación de varios locatarios y ha dificultado la presentación pública de denuncias por temor a represalias.
DISPUTA POR LA REPRESENTACIÓN LEGAL
Según fe de hechos notariales, la mesa directiva electa conforme a estatutos continúa siendo la legalmente reconocida. No obstante, el grupo opositor se habría autoproclamado como nueva administración, realizando cobros sin respaldo legal, convocando asambleas sin quórum y tomando decisiones de facto.
POSIBLE INTERÉS INMOBILIARIO
Los locatarios advierten que estas acciones podrían tener como trasfondo un interés por desconocer la figura de asociación civil para facilitar una eventual enajenación del predio, el cual cuenta con una superficie aproximada de 10 mil metros cuadrados y se ubica en una zona donde en años recientes se han desarrollado varios complejos habitacionales.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Comerciantes solicitaron la intervención de autoridades municipales, estatales y judiciales para garantizar la seguridad, revisar las denuncias existentes y determinar la situación jurídica del predio, con el fin de evitar afectaciones mayores a quienes dependen económicamente del bazar.
