Uriel Flores Aguayo

Desde mucho antes y por variadas razones, sobre todo la corrupción y debilidad gubernamental así como la vecindad con los Estados Unidos, nuestro país ha vivido con altos niveles de violencia de todo tipo y nivel. El equilibrio es adverso para el Estado de Derecho a favor de poderes fácticos criminales. Se hacía poco y mal contra las bandas que dominan las actividades ilícitas más lucrativas, sobre todo drogas y combustibles. Hay una situación extrema con el control que ejercen en cobros para los establecimientos comerciales, haciendo de estos hechos el máximo dato de lo que pueden definirse como Gobiernos fallidos. Simplemente, si algún grupo delincuencial tiene la fuerza para exigir pagos, como un tipo de impuesto irregular, está poniéndose por encima de las autoridades y negando el orden público. En esas circunstancias no importa la ley porque no te protege y se desmorona la convivencia social sobre bases democráticas. Son inmensos y altamente nocivos los daños sociales, políticos y económicos. Esa realidad continúa imperando en nuestro país. El combate obligado de las fuerzan armadas a esos grupos ha fracasado y habría que tener claras las razones de esas conclusiones. La derrota de la aplicación de la ley no significa que deba dejar de aplicarse para siempre.

El actual Gobierno Federal implementa una estrategia similar a las del pasado reciente, ahora con una Guardia Nacional y un discurso que acentúa la importancia de los programas sociales. Parte de la idea central de que la exclusión y pobreza son las causas fundamentales de la violencia pero, sobre todo, sostiene una postura que elude el uso de la fuerza para detener a los grupos delincuenciales de alto nivel. Hablan de que no van a enfrentar la violencia con violencia; para ellos las fuerzas armadas no deben aplicar, de preferencia, su poder de fuego. Se equivocan en mucho y tarde lo van a tener que reconocer. Algo tienen de razón respecto a las causas sociales de la violencia, es obvio que en un entorno de pobreza es más fácil que surjan personas que se inclinen hacia actividades ilícitas. Pero eso es parcialmente cierto respecto a delincuencia menor. En el caso de la delincuencia organizada estamos hablando de otros factores y otra lógica. Ahí tienen que ver  los márgenes de ganancias que se obtienen en el negocio de las drogas, por ejemplo. Estaríamos hablando de estructuras poderosas que desafían a Gobiernos y que emplean con altos salarios a sus operadores. No caben en los esquemas de becas y apoyos sociales aunque puede ser de ayuda si los reciben. Llevará algo de tiempo que los programas sociales incidan en el comportamiento pacifico y cívico de la ciudadanía, sobre todo de la juventud. En tanto es indispensable que se ejerza la autoridad para el cual tienen mandato y obligaciones.

Hay una obvia confusión conceptual o exceso en el cuidado de imagen en el Gobierno federal cuando dice que no usará la fuerza para enfrentar lo que tiene muchos rasgos de ser una guerra. Sencillamente eso no es posible sin que dejen de cumplir con sus deberes y abran los espacios a la impunidad de esos grupos que, precisamente, es lo que quieren: gobiernos débiles u omisos. Casi descubrimos el hilo negro cuando sostenemos que el Gobierno federal es garante de la paz pública y el orden social básico para que la sociedad pueda realizar sus actividades en condiciones normales. Es elemental que los diferentes niveles de Gobierno cumplan con sus obligaciones, que no eludan las tareas de seguridad, que se preparen para lo que será una todavía larga crisis de violencia. Hay que pensar en las condiciones anímicas y profesionales de las policías y las fuerza armadas, no se debe continuar con la permisividad en las agresiones que vienen sufriendo. Su desmoralización se traduce en inacción y abre las puertas para mayor violencia.

Urge un diagnóstico claro y realista sobre las condiciones de inseguridad en México, que ponga en claro las causas más amplias y su situación actual. A partir de ahí, más allá de cálculos políticos, se tiene que convocar a la sociedad para hacer frente a una situación tan irregular y adversa para todos. Con honestidad, participación ciudadana, de grupos sociales y la voluntad política gubernamental se podrá ir superando una realidad tan peligrosa y paralizante para los mexicanos. Sin ley y autoridad la vida pública apunta al desastre. Al respecto se debe echar una ojeada a lo qué pasa en el mundo, son impresionantes las similitudes con nuestro país. Hay mucho que aprender de las políticas exitosas en otros países.

Recadito: se esfumó rápido el espíritu de cambio en Veracruz.

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