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Uriel Flores Aguayo
Soy partidario de respetar resultados electorales, dar un voto de confianza, hacer crítica constructiva, estimular el rol opositor y ciudadano pero sobre todo esperar un tiempo más que razonable para que los gobernantes electos pongan en práctica sus planes y cumplan con su proyecto. Es una postura general que bien puede tener alguna concreción con el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz. Han pasado casi seis meses y mantengo inamovible mi posición de respeto a las nuevas autoridades. Eso no cambia. Sin embargo, no se puede eludir alguna crítica directa y específica a los modos y a las figuras que comparten con el Ejecutivo la responsabilidad de dirigir a los veracruzanos. Finalmente son susceptibles de observaciones y, pronto, evaluaciones por sus actos concretos como servidores públicos. Así tenemos que son personas comunes y normales, colocados en una gran oportunidad de hacer un gobierno diferente y mejor. En sus alrededores se han expresado críticas, no mías, por algunos casos de inexperiencia, soberbia y nepotismo.
En general no se ven las grandes diferencias que supone un origen radicalmente distinto a los partidos tradicionales y al impulso nacional de AMLO. Tal vez sea pronto ya en ejercicio de gobierno aunque tuvieron medio año de preparación. La distancia entre los discursos de campaña y los actos de poder es abismal. Faltan formas y mucha sustancia para hablar creíblemente de algo diferente que no sean frases discursivas sueltas por ahí y colores de imagen y propaganda. Si no hay un quiebre o un revulsivo en las prácticas concretas de gobierno se encaminan a una consolidada percepción de más de lo mismo o, peor aún, a una regresión.
Hace algunos años un grupo de diputados locales del PRI presentó una denuncia penal contra Miguel Yunes Márquez, acusándolo de enriquecimiento inexplicable. Cuando vi a unos 15 o 20 de ellos frente a los medios de comunicación anunciando su acción me costó trabajo salir del asombro. No entendí un acto de esa naturaleza, me pareció exagerado e inútil. Tal vez pensaban que su número les daba más fuerza o era una imposición del gobernador de entonces. Apelando al sentido común supuse que bastaba que uno de ellos o su representante jurídico comparecieran ante los medios. Si lo hicieron por su voluntad, se colocaban en niveles de vergüenza política. Algo similar me ocurrió hace unos días al ver a funcionarios y diputados locales presentar una denuncia contra Jorge Winkler, ante la Fiscalía General de la Republica. Es algo difícil de entender que acudan el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el coordinador de los diputados locales de Morena y varios de sus colegas. Hay las hipótesis a la mano de que piensen que eso les da más fuerza política, que sea una instrucción federal o del Gobernador o que, simplemente, así lo consideren mejor. Igual que la experiencia anterior señalada en esta denuncia se pueden anotar algunas cuestiones polémicas o de extrañas incoherencias. También podrían enviar a algún representante jurídico o a un funcionario de menor rango. Es incongruente juntar a figuras del ejecutivo con el legislativo, eso rompe con las formas y denigra a los diputados; deberían entender que no es una movilización partidista y que todos ellos se deben a toda la ciudadanía veracruzana. Es un error que exhibe protagonismo desmedido o consignas locuaces.
Están a la vista los miembros del gabinete estatal aunque algunos apenas se notan, ya sea por una mala política de comunicación social o a su bajo perfil. Los que si se ven oscilan entre foráneos que poco entienden de nuestro Estado y los locales que todavía no construyen un discurso claro y distinto respecto del pasado. Son personas comunes y de carne y hueso, con sus virtudes y defectos. Ahora tienen una enorme responsabilidad encima, ineludible. Entre más avance el tiempo los grados de exigencia hacia ellos irán en aumento. Ahora ya no basta un rollo ni echar culpas, también deben mostrar resultados. Su compromiso con la regeneración se ve muy remoto, no le entienden ni aportan algo nuevo en la mayoría de los casos. Pronto veremos de qué están hechos.
Recadito: en el caso de la SEV su titular incumple con las tres proclamas de AMLO.
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