[vc_row][vc_column][vc_column_text]Por María Julia Castañeda
México, 6 feb (EFE).– Defender el medioambiente es extremadamente peligroso en México, tal y como refleja el reciente asesinato de dos ambientalistas, y buena parte de esta violencia se vincula a la falta de atención de las autoridades y a la impunidad de los casos.
El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en una zona del occidental estado de Michoacán amenazada por la tala clandestina que pone en peligro estos diminutos insectos, emblema de la región.
Estos dos casos vienen a visibilizar, una vez más, que el peligro sigue latente “para las personas que están defendiendo bosques contra la tala ilegal y donde se ha señalado también la presencia de grupos de delincuencia organizada”, declaró este jueves en entrevista con EFE Alejandra Leyva, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La Fiscalía de Michoacán informó el 29 de enero la localización del cuerpo sin vida de Homero Gómez, encargado del Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido de El Rosario, tras el reporte de su desaparición el 14 de enero.
La Fiscalía estatal indicó el 30 de enero que el sufrió un traumatismo craneoencefálico antes de morir ahogado dentro de una poza de agua.
Unos días después, Raúl Hernández Romero, guía de turistas en el santuario de esta especie en peligro de extinción, fue hallado muerto luego de que el 27 de enero se reportó como desaparecido.
Sin embargo, los límites del mecanismo están vinculados a causas estructurales, como el acceso a la justicia, la impunidad, la desigualdad, la pobreza y el difícil acceso a medios de comunicación y electricidad.
Reneaum recordó el caso de Julián Carrillo, defensor en la Sierra Tarahumara asesinado en octubre de 2018, quien estaba acogido por este mecanismo, pero que “el teléfono satelital” que le dieron no servía en su zona.
Otra de las fallas del mecanismo es la ausencia de información sobre las investigaciones, que es tarea tanto del Gobierno federal como de las fiscalías locales, agregó Leyva.
La impunidad en México es generalizada, con un 99 por ciento de delitos sin resolver, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018.
Homero Gómez y Raúl Hernández no estaban protegidos por este mecanismo y no se ha informado si las defunciones están relacionadas con el crimen organizado.
La Fiscalía de Michoacán tampoco ha dado a conocer los avances en las indagatorias, si las muertes están correlacionadas, o si existe una línea de investigación enfocada en derechos humanos.
Además, hizo un llamado a que el caso no quede impune y a “poner atención a las mariposas monarca y al sistema que las acoge en Michoacán, que sabemos perfectamente que está sujeto a un régimen de tala indiscriminada”.
Por último, Leyva instó al Gobierno de México a ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual “contempla un artículo específico para la protección de personas defensoras de medio ambiente y que está relacionada con derechos al acceso a la justicia, información y participación”.
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