Xalapa, Ver.— Una mujer identificada como Maura Evelia Lara Aguiar, psicóloga y exdocente, hizo pública una grave denuncia por presunto secuestro, abuso de poder y persecución institucional, señalando directamente a su hermano, Roberto Elías Lara Aguiar, quien se desempeñó como fiscal regional en la zona centro del estado de Veracruz.
De acuerdo con su relato, los hechos se remontan al año 2022, cuando el funcionario asumió el cargo. La denunciante sostiene que, tras una disputa familiar relacionada con la herencia de su padre, comenzó una serie de acciones en su contra que incluyeron operativos judiciales sin orden legal, intentos de despojo y, finalmente, su privación ilegal de la libertad.
La mujer afirma que fue sacada por la fuerza de su domicilio, subida a un taxi y llevada a un anexo, donde permaneció incomunicada, pese a no presentar problemas de adicciones. Señala que esta acción habría sido planeada con la participación de su hermano, su madre y una media hermana.
Según la denunciante, mientras permanecía retenida, se promovió en su contra una denuncia por violencia intrafamiliar, pese a que ella se encontraba privada de su libertad, lo que —afirma— la colocó en riesgo de ser encarcelada y de perder la custodia de su hijo menor.
Añade que, ante el temor de represalias mayores, optó por huir, quedando en situación de vulnerabilidad económica y emocional. Señala además que, con el paso del tiempo, se habrían realizado maniobras legales para modificar disposiciones testamentarias, dejándola sin patrimonio.
La mujer aseguró contar con publicaciones periodísticas de la época, así como testigos que respaldan su versión de los hechos. Hasta el momento, indicó, no ha presentado una denuncia formal por secuestro, por miedo a represalias, debido a las influencias del señalado dentro de las instituciones de procuración de justicia.
En fechas recientes, la denunciante manifestó su temor de un nuevo intento de privación de la libertad, luego de recibir mensajes para acudir a una reunión familiar bajo condiciones que calificó como ambiguas y coercitivas.
El caso fue dirigido públicamente a la Fiscal General del Estado de Veracruz, con el objetivo de dejar constancia de los hechos y advertir sobre cualquier riesgo que pudiera enfrentar.
