Orizaba, Veracruz.- Representantes legales del empresario Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas interpusieron una denuncia formal tras la filtración indebida de información personal relacionada con un proceso penal en su contra. Los abogados señalaron que estos datos, manipulados con intenciones “mezquinas”, podrían poner en riesgo la integridad de la familia y desprestigiar su imagen pública.
Según los defensores José Francisco Campos Meza, Alberto Javier Sánchez Rojas y César Osorio Cortés, la información filtrada es falsa y busca generar confusión al afirmar que la familia Rodríguez Fernández es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo cual desmintieron categóricamente. “Lo que se busca es que se investigue quién es el responsable de la filtración, ya que esto no sólo representa un riesgo para la familia, sino que utiliza datos falsos para tergiversar los hechos”, puntualizaron.
En la denuncia, presentada ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Delitos Diversos en Veracruz Puerto, se detalla que la audiencia judicial, filtrada de manera indebida, forma parte de un proceso penal por supuesto fraude y fraude procesal. No obstante, los defensores argumentaron que la parte acusadora aún no ha demostrado la culpabilidad de sus clientes y que la investigación sigue en etapa complementaria. Como equipo de defensa, aseguraron estar proporcionando todas las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de la familia Rodríguez.
“Nos enfrentamos a un golpeteo mediático dirigido a presionar a los jueces, utilizando acusaciones infundadas de corrupción que no han podido demostrar”, añadieron los abogados, destacando que detrás de estas filtraciones hay un interés de manipular la percepción pública y los órganos de justicia.
En una reciente publicación, mencionaron, se involucró al diputado Juan José Gómez Cazarín, afirmando que recibió un pago de la familia Rodríguez Fernández. Sin embargo, los defensores desmintieron esta versión, aclarando que el proceso judicial no guarda relación alguna con el legislador ni con el Congreso estatal. “Es un asunto estrictamente jurídico, no político, y desconocemos los motivos para intentar dañar la imagen del diputado y de la familia”, puntualizaron.
Rodríguez Fernández, empresario con más de 50 años de trayectoria en el estado y en el país, ha asegurado que siempre ha actuado conforme a la ley y que él y su familia se deslindan de las acusaciones presentadas en su contra.
Los abogados recordaron, además, que el derecho a la presunción de inocencia debe ser respetado, tanto en la ley como en los medios de comunicación, y calificaron de “irresponsable” la exposición pública de información sensible mientras el proceso continúa en investigación. “Es necesario entender la gravedad de estos asuntos, ya que la difusión de datos no verificados en medios de comunicación no garantiza su veracidad. Este tipo de actos hablan mucho de quienes los llevan a cabo”, concluyeron los defensores.
