**
*• Padres no custodios acuden al Tribunal de Disciplina Judicial ante posibles abusos procesales en Córdoba.*
*• Denunciantes advierten la urgencia de revisar el marco legal para proteger el interés superior de niñas y niños.*
*Xalapa, Veracruz.-* Padres y madres no custodios del distrito judicial de Córdoba presentaron el pasado 10 de diciembre de 2025 una denuncia colectiva de responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al advertir presuntas irregularidades procesales, prácticas de presión y actos de intimidación en juicios familiares que, de confirmarse, afectarían el debido proceso y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Los promoventes fueron recibidos por autoridades disciplinarias, ante quienes expusieron de manera directa sus testimonios y preocupaciones. Durante el encuentro, se escucharon los planteamientos formulados y se manifestó disposición institucional para dar atención a lo solicitado, en el ámbito de las atribuciones legales correspondientes.
Por su parte, los denunciantes señalaron que, a partir de su experiencia y de los casos documentados, el distrito judicial de Córdoba presenta condiciones que ameritan una revisión profunda y especializada, al tratarse de una problemática que no consideran aislada.
*Voces de los denunciantes*
Jair Carballo Silva explicó que la denuncia colectiva surge tras agotar vías ordinarias sin obtener respuestas efectivas:
“Cuando acudimos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar para proteger a nuestros hijos y encontramos dilaciones, trato desigual o presiones indebidas, el daño no es solo procesal: es emocional y directo para los menores. Por eso acudimos a las instancias disciplinarias.”
Carballo Silva expuso además que, en el contexto de litigios familiares ante dicho juzgado, se han presentado episodios de confrontación e intimidación. Precisó que uno de estos hechos quedó asentado en un expediente distinto —promovido por familiares directos— el cual no forma parte aún de la denuncia colectiva, aunque no se descarta su incorporación en una siguiente denuncia conjunta, debido a las dilaciones que ha registrado y a que otros progenitores han decidido sumarse tras conocer estos hechos.
Por su parte, Claudia Sota afirmó que su experiencia evidencia cómo las presiones trascienden el ámbito estrictamente judicial:
“Mi abogado renunció después de que personas ajenas al proceso acudieran a su despacho para exigirle que abandonara mi caso. Eso no debería existir en un Estado de Derecho.”
Sota recordó que ha hecho responsable públicamente al abogado de su contraparte de cualquier daño que pudiera sufrir en su integridad física, aclarando que se trata de una manifestación preventiva, sin prejuzgar responsabilidades.
Ambos denunciantes señalaron que comparten al mismo abogado como contraparte, lo que permite advertir patrones comunes en la forma en que se han desarrollado los conflictos, sin imputación directa alguna.
Fabiola Hernández Soto subrayó el impacto que estas prácticas generan en los menores:
“Los niños no deberían crecer viendo a sus padres atrapados en procesos interminables. La justicia familiar debe proteger, no desgastar.”
En tanto, Salvador Saddy destacó la importancia de romper el silencio:
“Muchos padres callan por miedo. Denunciar es exigir que las instituciones funcionen y que el interés superior del menor sea real, no solo un discurso.”
*Canales institucionales y llamado a otros progenitores*
Los promoventes recordaron la existencia de canales institucionales para la recepción de quejas y denuncias relacionadas con posibles faltas administrativas dentro del Poder Judicial, entre ellos el número telefónico: 800 999 07 30
Asimismo, hicieron un llamado a otros padres y madres no custodios que consideren haber sido víctimas de abusos procesales, dilaciones injustificadas o actos de intimidación, a utilizar estos mecanismos formales.
Trabajo pendiente del Poder Legislativo: propuestas para proteger a la niñez
Los denunciantes señalaron que las experiencias vividas por sus hijos los llevaron a realizar una revisión crítica de los vacíos y prácticas que persisten en la legislación familiar, advirtiendo que su corrección permitiría proteger el interés superior del menor, evitar separaciones injustificadas de sus progenitores y cerrar espacios a la colusión y la corrupción.
Jair Carballo Silva, quien ha colaborado en la legislatura del Estado de Veracruz y en el Congreso de la Unión, subrayó:
“Mientras no se corrijan ciertos vacíos legales, se seguirá permitiendo que decisiones mal fundamentadas destruyan entornos familiares completos. La reforma legal es una herramienta indispensable para prevenir abusos y proteger realmente a niñas y niños.”
En ese contexto, los promoventes consideran que el Legislativo aún tiene trabajo pendiente en la materia. Destacando la necesidad de:
1. Que en las demandas de alimentos, quien accione esté obligado a manifestar bajo protesta de decir verdad cuáles son sus ingresos reales y sus aportaciones previas en favor de los menores.
2. Que, en ausencia de denuncias previas o antecedentes de violencia intrafamiliar, el juez deba establecer como regla la guarda y custodia compartida, salvo negativa expresa del menor, caso en el cual deberán ordenarse de inmediato estudios especializados para descartar alienación parental.
3. Que el depósito de menores no pueda decretarse mientras exista un juicio sub judice, debiendo el juez otorgar, en ese supuesto, guarda y custodia compartida.
4. Que la violación injustificada al régimen de convivencia familiar tenga como consecuencia la entrega de la guarda y custodia al progenitor al que se le negó indebidamente el derecho.
Claudia Sota señaló que estas medidas evitarían que los menores sean utilizados como instrumentos de presión:
“Una ley clara protege a los niños antes de que el daño sea irreversible.”
Fabiola Hernández Soto añadió:
“La legislación debe impedir que los conflictos de adultos se conviertan en castigos para los hijos.”
Mientras que Salvador Saddy concluyó:
“Cerrar los espacios a la discrecionalidad también es cerrar el paso a la corrupción.”
*Exhorto a autoridades municipales entrantes*
Finalmente, los denunciantes dirigieron un llamado respetuoso al presidente municipal electo de Córdoba, Veracruz, Manuel Alonso Cerezo, para que en la integración de su próxima administración se privilegie la ética, la trayectoria profesional y la integridad, particularmente en perfiles jurídicos.
Los promoventes reiteraron que toda persona goza de presunción de inocencia y que corresponderá a las autoridades competentes determinar, conforme a derecho, la existencia o no de responsabilidades. No obstante, insistieron en que combatir la corrupción, la intimidación y la opacidad en la justicia familiar es una causa social, especialmente cuando lo que está en juego es la seguridad y bienestar de niñas y niños.
