José Vargas.
Minatitlán, Ver.— La fuga de al menos 14 internos del anexo “Framboyán Sendero de Guerra 24 Horas”, ocurrida durante la madrugada del lunes en la colonia Insurgentes Norte, no fue un hecho aislado ni fortuito, sino la consecuencia directa de años de violencia sistemática, tortura física y psicológica, privación ilegal de la libertad y condiciones infrahumanas que prevalecen al interior del lugar. Entre los evadidos se encuentra Edwin, un menor de 14 años, de quien hasta el día de hoy no se tiene información sobre su paradero, situación que mantiene en vilo a su familia y exhibe la omisión de las autoridades.
El centro opera bajo el mismo esquema que decenas de supuestas “clínicas de rehabilitación” en Veracruz, donde internos y exinternos relatan abusos extremos que incluyen golpizas, encierros prolongados, hambre, enfermedades, amenazas y hasta muertes sin atención médica. Testimonios recabados revelan que la fuga fue planeada como un acto desesperado para sobrevivir.
Henry “X” fue privado de la libertad el 28 de agosto pasado. Dormía en su casa cuando seis personas lo sometieron y se lo llevaron por la fuerza, con la autorización de su madre, quien pagaba 500 pesos semanales bajo la promesa de una rehabilitación digna. Nada de eso ocurrió. Desde el primer día, Henry perdió todo derecho: fue sometido a castigos físicos y psicológicos constantes en un lugar donde, incluso, existe una habitación destinada a exhibir los objetos con los que golpean a los internos: cachas de pico, bates, cuchillos, alambres, sogas y tablas.
Hoy, tras lograr salir, Henry recibe atención psicológica especializada debido al trauma severo que le dejó su estancia en el anexo, una experiencia que describe como una pesadilla hecha realidad.
El mismo patrón de abuso fue narrado por Luis “X”, quien permaneció más de quince días amarrado, sin comida ni agua, orinando y defecando sobre sí mismo, mientras era golpeado constantemente con palos. En mes y medio perdió 18 kilos. Las jornadas iniciaban a las seis de la mañana con “juntas” de hasta cuatro horas; antes, alguien recorría el lugar golpeando las protecciones metálicas para amedrentar. El baño era colectivo, insalubre, y solo se les daba papel de tortilla o periódico para limpiarse.
Las condiciones de insalubridad han provocado sarna, tifoidea, infecciones graves y padecimientos crónicos, además de la muerte de al menos un interno por un paro respiratorio, sin que recibiera atención médica. “No hay doctores, aunque eso le dicen a los familiares”, relatan. A la violencia física se suma el deterioro mental: personas con esquizofrenia conviven sin control, generando agresiones constantes durante la madrugada.
Las llamadas “sesiones maratónicas” obligan a los internos a permanecer despiertos toda la noche; quien se duerme es castigado. Luis narró que una vez fue jalado de las orejas con tal fuerza que sangraron sus oídos. Nadie intervino.
Detrás del discurso de rehabilitación, el anexo opera como un negocio lucrativo, manejado por golpeadores conocidos como “padrinos”, que viven de las cuotas semanales y de las despensas que los familiares entregan, pero que nunca llegan a los internos. La comunicación con las familias se limita a cartas vigiladas: alguien permanece detrás de ellos con un palo, leyendo lo que escriben. Si no dicen que “están bien”, son golpeados hasta el desmayo.
Luis logró salir tras un encuentro con su madre, a quien finalmente pudo contarle la verdad. Henry, Luis e Iván promovieron denuncias contra Everardo Brito, señalado por amenazar a padres de familia, presumiendo protección por vínculos familiares. El padre de Iván denunció además que Pedro Román Prieto, abogado del anexo y presunto integrante del área jurídica del Ayuntamiento de Minatitlán, le ofreció dinero para que desistiera de las acciones legales.
Pese a la gravedad de los señalamientos —privación ilegal de la libertad, tortura, violencia extrema y violaciones sistemáticas a derechos humanos—, el lugar no ha sido clausurado y, según denunciantes, incluso estaría siendo remozado tras advertencias de inspecciones.
Mientras tanto, cinco de los internos fugados siguen sin ser localizados, entre ellos el menor de 14 años, cuya desaparición hoy concentra la atención y el reclamo de justicia. Su paradero es desconocido, y su caso se ha convertido en el símbolo de una red de omisiones que permitió que un niño fuera internado en un sitio señalado como centro de tortura, del cual tuvo que escapar para salvar la vida.
