Orizaba, Ver.– En medio de fuertes cuestionamientos por su historial judicial, el gobierno municipal de Orizaba designó como titular de la Policía Local a Alfredo Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, quien enfrenta acusaciones por desaparición forzada, denuncias de acoso sexual y cuenta con una orden federal de aprehensión vigente desde 2014.
El nombramiento fue formalizado durante el primer cabildo encabezado por el alcalde Hugo Chahín Kuri, donde se le tomó protesta como responsable de la seguridad pública municipal. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado si evaluó la situación legal del funcionario ni si cumplió con los controles de confianza exigidos por la ley antes de otorgarle el cargo.
Álvarez Valenzuela fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala al inicio del gobierno de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, en septiembre de 2021. Su designación se sustentó entonces en su presunta experiencia en la Policía Federal y en áreas de seguridad del gobierno federal.
No obstante, su trayectoria arrastra señalamientos de alto impacto. Desde 2014, un juez federal en el estado de Chihuahua libró una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de desaparición forzada, derivada de un operativo realizado en 2008.
A ello se suman diversas denuncias periodísticas por presunto acoso sexual, relacionadas con su desempeño en corporaciones federales de seguridad.
En noviembre de 2021, cuando personal de la entonces SEIDO acudió a detenerlo en Tlaxcala, Álvarez Valenzuela se dio a la fuga desde las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad estatal, hecho que derivó en su destitución y dejó acéfala la dependencia.
Tras permanecer prófugo durante varios años, en diciembre de 2024 fue localizado nuevamente en Tlaxcala por autoridades estatales y federales; sin embargo, volvió a evadir la detención al promover un amparo federal, para el cual depositó una garantía cercana a los 2 mil 500 pesos.
Dicho recurso le otorgó protección provisional, impidiendo su captura o encarcelamiento mientras se resuelve el fondo del proceso penal. De acuerdo con reportes periodísticos, el amparo fue promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito, con efectos frente a múltiples autoridades del país, lo que ha frenado la ejecución de la orden de aprehensión.
Especialistas en derecho constitucional y seguridad pública han coincidido en que, si bien la presunción de inocencia sigue vigente, un proceso penal por desaparición forzada sí impide ocupar cargos en corporaciones de seguridad, aun sin sentencia condenatoria.
La Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que quienes encabezan corporaciones policiales deben ser personas confiables, honorables y sin vínculos con violaciones graves a derechos humanos. La desaparición forzada, además de ser un delito grave con prisión preventiva oficiosa, impacta directamente en los controles de confianza.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la separación o negativa de nombramiento en estos casos es una medida administrativa preventiva y no constituye una sanción penal, por lo que no vulnera la presunción de inocencia.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido información pública sobre el estado actual del caso, lo que es habitual en investigaciones bajo sigilo judicial. No obstante, la designación de Álvarez Valenzuela en Orizaba ha generado preocupación y críticas, al tratarse de un cargo clave para la seguridad ciudadana.
El gobierno municipal no ha aclarado si conocía la existencia de la orden de aprehensión ni si el ahora jefe policiaco aprobó los exámenes de control y confianza, requisitos indispensables para ejercer funciones de seguridad pública.
