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Armando Azamar | Ángel R. Cabada, Ver.
Ejidatarios del municipio de Ángel R. Cabada han realizado un llamado al gobierno federal y del estado para atender el conflicto agrario en el que se ha mantenido el predio “El Mesón” al cumplirse casi 50 años.
Recientemente el Tribunal Agrario 40 de San Andrés Tuxtla ha dictado la ejecución de una sentencia a favor de los demandantes, a pesar de que dicho predio pertenece al fondo legal del municipio, pues incluso, ahí ya se tiene construido un campo de beisbol y escuelas públicas, expuso el comisariado ejidal de dicho ejido, Saturnino Machucho Pérez.
“El tribunal unitario agrario del distrito 40, vinieron a ejecutar una sentencia que data del año 2002, un conflicto agrario que surge en el año 1976, para el próximo 2026 cumple ya 50 años, está en tribunales, la sentencia que dictó una ejecución es en unos terrenos que no pertenecen a los demandantes, es un predio que pertenece al fondo legal del municipio de Cabada, nosotros tenemos la posesión desde hace 80 años”, dijo.
Apuntó que han tocado puertas con la presidencia de la república, con la Secretaría de Gobernación y con la Suprema Corte de Justicia para cerrar el caso mediante dos vías legales; por medio del cumplimiento sustituto, una línea jurídica que con sede en la constitución de la Ley Agraria por la ley de amparo, así como a través de la declaratoria de la imposibilidad material la cual el tribunal no ha querido pronunciarse.
Precisó que el conflicto por el predio son 77 hectáreas pero en si el fondo legal marcan 91 hectáreas.
“Los afectados son miles de colonos, las familias poco a poco han ido creciendo porque tienen una escuela secundaria técnica, templos evangélicos, católicos, tienen una primaria y un kinder, tienen servicios como el banco del Bienestar y un campo de béisbol que construyó el ayuntamiento”, subrayó.
Recordó que dicho predio es una zona de urbanización, colonos posecionarios constituidos legalmente en sus predios.
“La parte demandante es un grupo de la ampliación, en 1976 se efectúa una resolución presidencial donde le dan al Ejido Cabada por concepto de ampliación, 240 hectáreas de las cuales ellos usufructan 115 y pelean las 77 restantes pero es inexistente”, refutó.
El pasado lunes 25 de agosto, el actuario y el ingeniero comisionado acudieron a una reunión con ejidatarios, para notificarles la suspensión de la diligencia de ejecución por oposición, a su vez, dijeron no ubicar legalmente los terrenos que hay que ejecutar.
“Nosotros estamos al pendiente de las audiencias, vamos a defender nuestra posesión hasta las últimas consecuencias, es un conflicto social en zona rural, cosa que el gobierno no ha querido atender, nosotros estamos en el fondo legal del municipio de Cabada”.
Expuso que la lucha se ha mantenido con el presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Ángel R Cabada, Armando Azamar Nato, por lo que han advertido que no van a ceder ante una injusticia donde más de mil familias temen sean desalojados, aun cuando se encuentran legalmente constituidos como posesionarios.