CENTRO PRODH.- Diego, persona indígena ñuhú, del Estado de Veracruz, enfrenta el cierre anticipado de su denuncia por tortura, pese a que existen pruebas contundentes sobre lo ocurrido
I. HECHOS
Diego Fernando Bonilla es una persona indígena ñuhú de 45 años, originario de la comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec, a más de 7 horas de Xalapa, Veracruz. Su idioma materno es el ñuhú, por lo que no tiene pleno dominio del español.
El 29 de mayo de 2023, Diego estuvo presente cuando su amigo fue asesinado. Al día siguiente, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), en Huayacocotla, para rendir su testimonio. Sin embargo, antes de declarar, fue víctima de tortura por parte de elementos de la Policía Ministerial, quienes lo presionaron para que incriminara a una persona por el homicidio, aunque el estuvo presente, fue imposible reconocer al culpable ya que el suceso fue en la noche.
Cuando finalmente declaró ante el Fiscal Itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Diego le relató en ñuhú lo sucedido momentos antes. A pesar de ello, tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio y redactaron una versión en español que Diego no entendió. Le pidieron firmarla y retirarse. Más adelante, con el apoyo de sus asesores jurídicos, pudo saber que esa declaración fue usada para solicitar la aprehensión de una persona que hoy permanece en prisión, aunque Diego ha aclarado que nunca la señaló como responsable por que no vio quien fue.
II. DENUNCIA
El 30 de junio de 2023, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó una denuncia formal por tortura. La Fiscalía Especializada abrió la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023. Sin embargo, durante más de cuatro meses no se realizó ninguna diligencia sustancial.
Ante la inacción, se presentó una demanda de amparo, que fue admitida hasta marzo de 2024 (amparo indirecto 306/2023, Juzgado Primero de Distrito en Veracruz). A partir de entonces se realizaron algunas diligencias, como la toma de declaración de Diego, la ratificación de su denuncia, la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), y se programó la aplicación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.
Los datos más recientes del RENADET, publicados en julio de 2024 con motivo del amparo, revelan que Veracruz es el segundo estado con más carpetas de investigación por tortura (2019-2023) y el primero con más víctimas. La policía ministerial es la autoridad más señalada como responsable y las personas indígenas, el segundo grupo más afectado.
A pesar de estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura anunció su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Es decir, considera que Diego no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto.
Esto resulta especialmente grave, ya que su testimonio, obtenido bajo coacción, sigue siendo utilizado por la FGEV para mantener en prisión a una persona acusada de homicidio. Diego ha reiterado que esa declaración no refleja lo que realmente dijo y que fue obtenida mediante tortura.
A casi dos años de los hechos, las organizaciones acompañantes exigen que se garantice una investigación seria, imparcial y con enfoque intercultural, que no cierre el caso sin agotar todas las diligencias pendientes ni sin asegurar justicia para Diego.
III. CONTEXTO
Las cifras más recientes del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2024, colocan a Veracruz como el segundo estado del país con más carpetas de investigación abiertas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, solo por debajo de la Ciudad de México.
Entre 2019 y 2024, en Veracruz se iniciaron 2,441 carpetas de investigación relacionadas con estos delitos. En todos los estados se registraron 15,962 expedientes, de los cuales 15,514 corresponden a actos de tortura y 448 a tratos crueles.
Lo más alarmante es que Veracruz encabeza la lista de víctimas registradas a nivel nacional, con 4,061 personas afectadas, dentro de un total estatal de 22,677 víctimas. De este universo, los principales grupos en situación de vulnerabilidad son personas con discapacidad (993 casos) y personas indígenas (667 casos), lo que revela una preocupante práctica estructural de tortura hacia poblaciones históricamente discriminadas.
En cuanto a las instituciones señaladas como responsables, la Policía Ministerial figura como la más denunciada, con 1,352 señalamientos por su participación en estos delitos, seguida por diversas Secretarías de Seguridad Pública estatales.
Este panorama confirma que la tortura no solo persiste en México, sino que se aplica de manera desproporcionada contra sectores vulnerables.