– Exigen justicia en el caso del médico Gerardo Grajales Yuca.
Orizaba, Ver .- La mañana de este domingo médicos de la región de Orizaba se manifestaron en contra de la criminalización que hay en contra del personal de salud y exigieron que se haga justicia en el caso del doctor chiapaneco Gerardo Grajales Yuca, que está acusado de abuso de autoridad además de que es considerado una persona peligrosa, acusado injustificadamente después del fallecimiento de un político que no era derechohabiente, en un juicio dónde se violó el debido proceso.
Joaquín Hernández González, neurocirujano, mencionó que el pasado 25 de julio el médico fue detenido e ingresado al penal “El Canelo” de Chiapas luego de que fuera acusado por la hija de un legislador y considerado peligroso por un juez de Chiapas, pero su único “delito”, fue solicitar el material necesario para la atención de un paciente de COVID-19, que finalmente falleció, y que resulto ser un político importante allegado al partido en el poder.
Karen Alejandra Ramírez Molina, hija de Arturo Ramírez López, fue quien acusó al médico por negligencia y el juez Carlos Morales Urbina ordenó la detención del médico, al cual no permitió salir bajo fianza ni seguir su juicio en su casa a pesar de que tiene factores de riesgo por padecer del corazón, el médico tuvo una recaída en su salud y se le permitió seguir su proceso desde su domicilio luego de que sus abogados interpusieron amparos.
“Es muy claro que el doctor fue objeto de violación del debido proceso, pues por ejemplo las recetas con las que se solicitaron medicamentos no llevaban su firma, razón por la que al doctor se le considera un preso político”, indicó.
Joaquín Hernández González mencionó que la situación del sector es crítica desde hace muchos años, la falta de medicamentos es un problema que tiene décadas y antes de este gobierno se permitía que los médicos les dijeran a los pacientes que si no había el fármaco lo adquirieran ellos, pero ahora se les prohíbe solicitarlos a los familiares si no los hay en el hospital además se prohíbe hasta informar a la familia, lo cual es grave pues el IMSS no les está dando lo necesario y los pacientes pueden morir o presentar secuelas.
La situación de los médicos es crítica pues existen delitos por omisión y otros por comisión y si no se informa a los familiares por las represalias gubernamentales, los pacientes y familiares pueden acusar a los galenos por homicidio por omisión.
Añadió Jaiquin que la injusticia que vive Gerardo Grajales no es la única, pues hay otra situación como la vive el doctor Armando Rosales Torres, en Zacatecas, quien se quejó porque no había los cubrebocas necesarios, de tipo quirúrgico para la valoración de los pacientes con COVID, y eso bastó para que su contrato le fuera rescindido.
Es por eso que demandó que las autoridades del IMSS doten al personal de lo necesario para su labor, pues es su obligación, y si no lo hacen que no ejerzan “terrorismo” laboral, además de que no se vale que se criminalice al personal médico, ya que estos están en al primera línea de defensa exponiendo su vida y su salud, mientras que las autoridades que deben cumplir con su obligación dar el equipo, medicinas y material preventivo, los administrativos el patrón no se les pueda tocar ni con el pétalo de una rosa.