Orizaba, Ver.- En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) realizaron un mitin en el parque Apolinar Castillo para exigir justicia y la presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.
Durante el acto, Adriana Chávez, vocera del FNLS, denunció la impunidad que ha marcado el caso durante más de 18 años y recordó que ambos activistas fueron víctimas de desaparición forzada en un contexto de represión política, cuando Ulises Ruiz Ortiz era gobernador de Oaxaca y Felipe Calderón ocupaba la presidencia de la República.
La integrante del FNLS subrayó que en 2022, como resultado de la presión política, jurídica y social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica el 10 de agosto, reconociendo el derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada con vida.
Dicha resolución estableció medidas específicas para el caso, incluyendo la búsqueda en instalaciones militares como el Campo Militar Número 1, señalado por testigos como el último lugar donde fueron vistos con vida.
Además, se ordenó la realización de 32 actos de investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), y la creación de una comisión especial de búsqueda.
No obstante, la activista denunció que a dos años de esa sentencia, los avances han sido mínimos.
“Los responsables de las instituciones no asisten a las reuniones, mandan suplentes sin capacidad de decisión. Eso ha frenado el cumplimiento de la sentencia. Las autoridades han actuado con indolencia, omisión y han revictimizado a las familias”, acusó.
Como parte de sus acciones, el FNLS anunció una serie de movilizaciones a nivel nacional, una de las más relevantes será la marcha programada para el próximo 30 de agosto en la Ciudad de México, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Finalmente, la organización exigió al Estado mexicano cumplir con los mandatos de la SCJN y garantizar a las víctimas y sus familias el derecho a la verdad y a la justicia, sin simulaciones ni dilaciones.