Ixhuatlán del Café, Veracruz, 3 de diciembre de 2024 – La Comisión de Familiares y Acusados, implicados en un caso de pruebas falsas fabricadas por la fiscal Verónica Hernández y la empresa transnacional ECOM-AMSA, emitió un contundente boletín exigiendo justicia y señalando graves irregularidades en el proceso judicial.
En el comunicado, los denunciantes manifestaron que su caso no se resolvió durante el mandato del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien, según el texto, habría protegido a la fiscal Hernández. Acusan a la fiscal de actuar en complicidad con la empresa AMSA-ECOM para fabricar acusaciones con pruebas y testimonios falsos, lo que derivó en el encarcelamiento de cinco personas y órdenes de aprehensión para otras siete que no se ejecutaron.
Intervenciones presidenciales sin solución definitiva
El boletín señala que la Presidencia de la República intervino en al menos cuatro ocasiones, instruyendo la resolución del caso, pero se encontró con la resistencia de la fiscalía y la protección del exgobernador. En una reciente revisión de pruebas realizada por la Secretaría de Gobernación, se concluyó que debía otorgarse un desistimiento a favor de los acusados. Sin embargo, la fiscal se negó, y solo mediante fallo judicial se logró la absolución parcial de siete personas, quedando aún pendientes cinco.
El juez encargado del caso determinó que las pruebas presentadas, incluida la acusación de un incendio, carecían de sustento, demostrando que se usaron papel y no combustibles como gasolina o diésel, como sostenía la fiscalía.
Demandas de justicia y reparación
La Comisión exige tres puntos principales:
- La absolución de las cinco personas pendientes, ya sea mediante sobreseimiento o desistimiento por parte de una nueva fiscalía.
- Reparación económica por los daños ocasionados, tanto en el ámbito económico como en la salud y reputación de las familias afectadas.
- Intervención del gobierno federal ante la empresa AMSA-ECOM para detener sus presuntas acciones legales abusivas contra los cafetaleros de Veracruz.
El documento concluye solicitando el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle García y las autoridades federales para resolver este caso que, aseguran, es un claro ejemplo de corrupción y abuso de poder.
