Con información de EFE
WASHINGTON, EE.UU. – (Julio 29, 2025) La exsocialité británica Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, solicitó este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos revocar su sentencia de 20 años de prisión por tráfico sexual, al argumentar que el Gobierno violó un acuerdo de inmunidad pactado con Epstein en 2007.
La petición llega días después de que Maxwell se reuniera en privado, la semana pasada, con el fiscal general adjunto Todd Blanche, en medio de una creciente controversia política sobre el manejo del caso de Epstein por parte de la Administración de Donald Trump.
La defensa de Maxwell sostiene que el Departamento de Justicia (DOJ) debe respetar el acuerdo firmado en el Distrito Sur de Florida con Epstein, en el que se establecía que “Estados Unidos no instituirá ningún cargo criminal en contra de cualquier posible cómplice” del magnate.
“El Gobierno prometió que no la enjuiciarían. Usar a Maxwell como chivo expiatorio por los crímenes de Epstein es profundamente injusto”, declaró su abogado, David Markus, quien pidió tanto a la Corte Suprema como al presidente Trump que intervengan.
El DOJ, sin embargo, argumenta que dicho acuerdo no obliga a otros distritos, como el Distrito Sur de Nueva York, donde Maxwell fue juzgada y condenada en 2022.
Desde Escocia, Trump aseguró el lunes que “nadie le ha pedido” indultar a Maxwell y calificó de “inapropiado” discutirlo ahora, aunque recordó que “tiene la autoridad de hacerlo”.
El expresidente insistió en que el caso debe resolverse por la vía judicial, mientras enfrenta presión política de sectores de su movimiento MAGA, molestos con los recientes hallazgos del DOJ y el FBI sobre Epstein.
El caso volvió a escalar el pasado 7 de julio, tras un memorando del DOJ y el FBI en el que se concluye que Epstein no mantenía una “lista de clientes” y que su muerte en 2019 fue un suicidio, contradiciendo teorías de conspiración populares entre simpatizantes de Trump.
Maxwell, condenada por facilitar la explotación sexual de menores, sostiene que su procesamiento viola el acuerdo federal firmado hace casi dos décadas y busca que la Corte Suprema ordene su liberación.