Michoacán, 27 de noviembre de 2025. — Un operativo sorpresa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en Ario de Rosales provocó la huida masiva de la plantilla completa de la policía municipal, que abandonó patrullas, armas y equipo táctico en las calles, según diversas fuentes locales y nacionales. El operativo se da por la investigación relacionada con el homicidio a balazos de una pareja ocurrido el 5 de octubre, cuyo esclarecimiento ha implicado a elementos de varias corporaciones municipales cercanas.
Agentes de Mandamientos Judiciales y de la Unidad de Homicidios de la FGE arribaron la mañana del jueves para cumplimentar órdenes de aprehensión por posibles responsabilidades en homicidio doloso, de las cuales —de acuerdo con reportes— al menos la mitad corresponderían a elementos de la propia policía municipal de Ario. Antes de que los fiscales rodearan la comandancia, los policías habrían sido avisados y huyeron del lugar. En su salida abandonaron vehículos oficiales, armas de cargo y equipo táctico que ahora están bajo resguardo y análisis pericial.
La comandancia municipal, situada en la cabecera de Ario, quedó cercada por elementos estatales y federales mientras se realiza el aseguramiento de indicios. Hasta el cierre de esta nota no se había confirmado públicamente si se efectuaron detenciones durante el operativo sorpresa.
La Fiscalía había concentrado la atención en las policías municipales de la región desde octubre, cuando abrió una investigación que alcanzó a 38 efectivos: 20 de Ario de Rosales y 18 de Salvador Escalante (Santa Clara del Cobre), vinculados como posibles participantes o encubridores del asesinato de una pareja el 5 de octubre. En aquel momento los agentes fueron citados para rendir declaración y sus armas de cargo fueron revisadas por peritos; algunos fueron detenidos posteriormente en operativos en municipios cercanos.
La detención, semanas atrás, de 18 policías de Salvador Escalante y el recrudecimiento de las pesquisas alimentaron la sospecha de colusión entre autoridades locales y grupos del crimen organizado en la zona, un señalamiento que la FGE investiga con apoyo de fuerzas federales.
El episodio deja a Ario de Rosales, temporalmente, sin la operatividad de su policía municipal y con vehículos y armas oficiales fuera de servicio por el aseguramiento pericial. Especialistas en seguridad consultados por medios suponen que la ausencia de policías en su base complica la cobertura en comunidades rurales y abre la puerta a nuevos riesgos de violencia hasta que se reasigne personal o intervengan fuerzas estatales y federales.
La FGE integra carpetas por homicidio doloso y por posibles vínculos de servidores públicos con grupos delincuenciales. El material abandonado en las calles —patrullas, armas y equipo táctico— será sometido a peritajes balísticos, de cadena de custodia y verificación administrativa para determinar coincidencias con evidencia en la investigación del crimen del 5 de octubre y otros indicios que surjan. Las diligencias incluyen, según los reportes, la toma de declaraciones, cotejo balístico y revisión de bitácoras y comunicaciones.
Autoridades estatales han desplegado un cerco y operativo de vigilancia en la región; la Fiscalía guardó cautela en sus comunicados iniciales, limitándose a confirmar la ejecución de diligencias. En la comunidad, la noticia generó inquietud y críticas por la posible colusión y por el estado de abandono de la seguridad pública local. Organismos de derechos y vecinos han exigido que las investigaciones se conduzcan con transparencia y que, de acreditarse responsabilidades, se sancione a los implicados.