Alejandro Ávila
Xalapa, Ver.– El Juez, Leopoldo Toss Capistrán, hizo un llamado firme a todas las autoridades a fortalecer la coordinación institucional y a dar respuestas claras y oportunas a la ciudadanía en el caso relacionado con el desalojo de una familia en Xalapa.
El juzgador subrayó que en el caso mencionado, debe existir una coordinación entre la Secretaría de Gobierno, a través del Registro Público de la Propiedad y los Ayuntamientos a través de los Catastros Municipales, así como con el Foro de Abogados postulantes.
Reconoció que el sistema jurisdiccional mexicano cuenta con una estructura sólida y funcional que permite revisar y corregir en caso de ser necesario, las decisiones judiciales, por lo que exhortó a la ciudadanía a hacer uso de los recursos legales existentes cuando considere que una resolución no fue emitida conforme a derecho.
Explicó que la impartición de justicia se desarrolla en dos vertientes fundamentales: la primera instancia, a cargo de los jueces, y la segunda instancia, ante la cual se puede acudir mediante los recursos correspondientes al Tribunal Superior de Justicia, para que sea esta autoridad en alzada, la que determine, a través de una revisión, si una sentencia estuvo o no apegada a la legalidad, confirmando o revocando la resolución emitida en primera instancia, según corresponda.
“El diseño institucional del sistema jurisdiccional es precisamente un sistema bi-instancial o de dos instancias”.
Siempre existe la posibilidad de que, si un juez se equivoca, su determinación sea corregida por la alzada, en este caso por alguna sala integrada por tres magistrados en el Tribual Superior de Justicia del Estado, puntualizó.
Asimismo, destacó que, si una persona considera que un juez o magistrado se está separando de su actuar con apego a derecho, existen instancias disciplinarias para presentar las quejas correspondientes.
Recordó que anteriormente esta función recaía en el Consejo de la Judicatura del Estado y que actualmente es competencia del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano facultado para analizar la conducta de los impartidores de justicia y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en la norma.
En cuanto a su actuación como Juez en el caso del inmueble ubicado en el Fraccionamiento Las Ánimas, de la ciudad de Xalapa, lamentó que la situación se haya tornado mediática, al tiempo que aclaró que él NO emitió la orden de desalojo en dicho inmueble, ya que con fecha 2 de septiembre de 2025, dejó de ser titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa y la orden de desahucio fue emitida en fecha 29 de octubre de 2025, materializandose la diligencia con fecha 21 de noviembre de 2025.
De la misma forma aclaró que mediante proveído judicial de fecha 24 de junio de 2025, fecha en la aún se desempeñaba como Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, dejó sin efectos el lanzamiento en el caso en cuestión, precisamente por considerar que no se perfeccionaron adecuadamente las notificaciones por parte de la actuaría.
Finalmente, anunció que en breve presentará las denuncias correspondientes ante las instancias competentes, a fin de qué, de existir un mal uso de los documentos oficiales exhibidos como pruebas dentro del expediente, o en su caso, de quienes los aportaron o fungieron como participes en el procedimiento (testigos y demás involucrados en el desarrollo de dicho juicio) se investigue y se finque la responsabilidad en contra de quien resulte responsable de los posibles actos ilícitos que pudieran haberse cometido en la configuración de las pruebas.
