Orizaba, Ver.+-Tras casi 19 años de impunidad, la Corte IDH responsabiliza al Estado mexicano por crímenes cometidos por militares en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Orizaba, Ver.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, ocurrida en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz, a manos de elementos del Ejército Mexicano.
La sentencia pone fin a casi diecinueve años de impunidad y negación de justicia, y representa un fallo histórico al reconocer que los hechos fueron resultado de violencia institucional, discriminación estructural y violación del derecho a la verdad, particularmente en un contexto de militarización.
La Corte subrayó que las violaciones cometidas contra doña Ernestina se agravaron por la intersección de factores de vulnerabilidad como su edad, género, origen indígena y condición de pobreza, y señaló que el Estado mexicano incurrió en violencia institucional tanto contra la víctima como contra su familia.
Asimismo, el tribunal internacional evidenció cómo las declaraciones públicas de altas autoridades del Estado, incluido el entonces Presidente de la República, contribuyeron a la impunidad y profundizaron la discriminación hacia la víctima y sus familiares.
Medidas ordenadas al Estado mexicano
Entre las reparaciones dictadas por la Corte IDH destacan:
Realizar una investigación penal exhaustiva y seria que sancione a los responsables.
Brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuada a los familiares.
Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y difundir la sentencia.
Otorgar becas educativas a nietas y nietos de la víctima.
Fortalecer el centro de salud de Soledad Atzompa.
Implementar políticas de justicia y salud con perspectiva de género, etnia y edad.
Eliminar barreras lingüísticas para mujeres indígenas en Veracruz.
Crear un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas.
Capacitar a servidores públicos en derechos humanos.
El Estado mexicano deberá informar a la Corte en un plazo de un año sobre el cumplimiento de estas medidas, las cuales serán supervisadas hasta su total implementación.
Reacciones
Martha Inés Ascencio, hija de la víctima, expresó:
> “Hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.
Organizaciones representantes de la familia señalaron que esta sentencia sienta un precedente clave en la lucha contra el racismo estructural y la violencia hacia las mujeres indígenas en México.
El caso fue llevado ante la Corte IDH en 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras casi dos décadas sin una respuesta efectiva del Estado mexicano.
