_La maestra Landy Ramona Pacheco Santos enfrenta una batalla interminable contra la impunidad. A más de dos años de denunciar a su hermano José Antonio “N” por violencia, secuestro y amenazas, el proceso judicial está detenido por decisión de un juez federal que favoreció al agresor._
José Vargas.
Coatzacoalcos, Ver.— A más de dos años de haber denunciado agresiones, amenazas y secuestros, la maestra Landy Ramona Pacheco Santos sigue esperando justicia. El proceso penal 271/2023, abierto por violencia familiar y amenazas en su agravio, permanece paralizado luego de que el juez federal Juan José Contreras Madero concediera una suspensión definitiva que impide continuar con las audiencias, pese a que dos jueces locales ya habían determinado que no procedía otorgar más tiempo al imputado.
El acusado, José Antonio “N”, hermano de la víctima, ha utilizado recursos legales y amparos para frenar la investigación, prolongando el caso y manteniendo en indefensión a Landy.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el agresor habría exigido una fuerte suma de dinero cuando intentó secuestrar a uno de los hijos de la maestra; a otro de sus hijos lo intimidó en múltiples ocasiones lanzando amenazas de muerte dedespues a ella y posteriormente, la agredió físicamente , finalmente, obligándola a abandonar Coatzacoalcos para así quedarse con todos sus bienes y recursos económicos.
La víctima cuenta con peritajes médicos y psicológicos oficiales, elaborados por la Fiscalía General del Estado y validados por especialistas del Poder Judicial, que confirman daño físico irreversible y emocional severo. A pesar de ello, los tribunales no han tomado en cuenta estos dictámenes, que deberían ser determinantes en el proceso.
El 1 de agosto de 2025, José Antonio “N” promovió el amparo directo 658/2025 ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Veracruz, impugnando la resolución emitida el 16 de julio de 2025 por el juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Coatzacoalcos, licenciado Juan Carlos González Hernández, quien negó reabrir la investigación complementaria dentro del proceso 271/2023.
El caso fue posteriormente turnado al Juzgado Decimocuarto de Distrito, encabezado por el juez federal Juan José Contreras Madero, quien declaró su competencia y resolvió conceder la suspensión definitiva, aun cuando los actos reclamados ya se habían consumado y, de acuerdo con la jurisprudencia, no era procedente hacerlo.
Esta decisión contradijo también el criterio del licenciado Manuel Eduardo Vidal Alor, juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, quien coincidió en que no era legal ni procedente otorgar más tiempo al imputado.
No obstante, la resolución federal ordenó detener nuevamente el proceso penal, paralizando las audiencias y todos los actos procesales de fondo, lo que afectó directamente a la víctima.
El 26 de agosto de 2025, el Juzgado de Control de Coatzacoalcos acató la orden federal y suspendió el procedimiento.
Días más tarde, el 2 de octubre de 2025, se celebró la audiencia bajo la orden del juez federal, quien confirmó la ampliación del plazo solicitada por la defensa del imputado.
Ni la fiscal del caso, ni la defensa de la víctima, ni la propia maestra recibieron copias físicas de la resolución, siendo notificadas únicamente del fallo, lo que aumentó la incertidumbre jurídica y el desgaste emocional de Landy.
Familiares y allegados de la maestra describen su situación como una segunda forma de violencia, ahora institucional.
“El tiempo siempre juega a favor de ellos, porque el sistema los deja actuar. Ella ha cumplido con todo, ha ido a todas las audiencias aún en muletas debido al daño fisico ocasionado por su agresor, pero la justicia no responde”, expresó un familiar cercano.
Actualmente, Landy vive bajo medidas de protección, vigilada y con temor constante, mientras sus hijos tuvieron que salir de Coatzacoalcos por seguridad.
La maestra, reconocida en su comunidad por su trayectoria educativa, hoy enfrenta afectaciones psicológicas y emocionales graves, derivadas tanto de la violencia que sufrió como del abandono del sistema judicial que debía protegerla.
“Una justicia que no protege a las víctimas”
Especialistas en litigios de género advierten que los amparos concedidos sin analizar el contexto de violencia familiar y los vínculos de parentesco entre víctima y agresor, son una de las causas más recurrentes de impunidad en Veracruz y en el país.
En este caso, el otorgamiento de la suspensión definitiva a favor de José Antonio “N”, pese a la existencia de pruebas periciales médicas y psicológicas, representa una forma de violencia institucional que revictimiza a Landy Ramona Pacheco Santos.
De acuerdo con organizaciones que acompañan a víctimas de violencia, este tipo de resoluciones erosionan la confianza en las instituciones y perpetúan un patrón en el que las mujeres no solo deben sobrevivir a sus agresores, sino también a un sistema que minimiza su dolor y favorece la impunidad.
Es de suma importancia destacar que José Antonio “N” fue detenido en flagrancia por agentes ministeriales, tras golpearla, y aun así se atreven a concederle amparos, lo que representa una burla inaudita para la victima, al principio de que la justicia debe ser pronta y expedita para garantizarle una vida libre de violencia y una vida digna y libre sin miedo.
La maestra Landy Ramona Pacheco Santos, reconocida y prestigiada en la ciudad, ha visto truncada su vida personal y profesional por esta situación, y aún enfrenta la doble batalla de sobrevivir a la violencia directa de su hermano y al abandono institucional de las autoridades.
Este caso refleja una grave falla estructural en el sistema judicial, donde los recursos legales y la lentitud institucional terminan favoreciendo a los agresores y revictimizando a las mujeres que se atreven a denunciar.
De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, la situación no es aislada. En México, más del 70% de las mujeres víctimas de violencia reportan haber sido revictimizadas en su búsqueda de justicia.
Cada expediente sin resolver se convierte en un recordatorio doloroso de que la impunidad sigue siendo la regla, no la excepción.
Ninguna mujer tiene que luchar sola contra la violencia y la indiferencia institucional.
Landy, No solo ha sido víctima de amenazas, golpes y daño psicológico, sino también del abandono e indiferencia de las autoridades, que en lugar de protegerla, han permitido que su agresor su propio hermano continúe libre y sin consecuencias.
A pesar de las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes, de los dictámenes psicológicos que confirman el daño emocional, y de las pruebas que sustentan la violencia física y verbal, la víctima denuncia que las autoridades han actuado con lentitud, negligencia y revictimización.
El agresor, según consta en el expediente, ha promovido diversos amparos y recursos legales que han sido admitidos, retrasando la justicia y debilitando el proceso penal en su contra.
Mientras tanto, la víctima continúa padeciendo afectaciones psicológicas graves, viviendo en estado de alerta y sin recibir la protección que por ley le corresponde.
Colectivos de mujeres en la región han señalado que este no es un caso aislado. Denuncian que en Veracruz las víctimas de violencia familiar y de género enfrentan un sistema insensible y burocrático, donde la impunidad y la revictimización siguen siendo prácticas comunes.
“Cuando el agresor es parte de la familia, la víctima enfrenta el doble castigo: el del maltrato y el del silencio institucional”, denunció una activista local.
El caso ha despertado indignación entre ciudadanos y organizaciones civiles que exigen a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial de Veracruz que actúen con perspectiva de género, apliquen la ley y garanticen seguridad y justicia para la víctima.
Diversas organizaciones de derechos humanos en Veracruz exhortan a las autoridades a garantizar la seguridad de la víctima y a revisar con urgencia los procedimientos legales que han favorecido al agresor.