Orizaba, Ver.- Luego de permanecer siete meses privada de la libertad en el penal de mediana seguridad de Amatlán de los Reyes, Maribel “N”, trabajadora doméstica de 30 años originaria de Rafael Delgado, recuperó su libertad mediante una suspensión condicional del proceso. Su caso reveló graves irregularidades como tortura, fabricación de delitos y, de manera clave, el ocultamiento de un informe oficial que probaba su inocencia desde el primer día.
La defensa legal de Maribel, integrada por abogados de la Brigada Internacional de los Derechos Humanos, documentó que la Fiscalía del Estado ocultó un informe de Plataforma México emitido el mismo 5 de febrero de 2025, fecha de su detención, en el que se confirmaba que no existía ningún antecedente ni registro en su contra. Este documento permaneció retenido de manera intencional, prolongando su encarcelamiento y la tortura psicológica sufrida durante el proceso.
El caso se remonta a la madrugada del 5 de febrero, cuando fiscales y agentes ministeriales irrumpieron violentamente en el domicilio de Maribel, ubicado en la colonia Cuarto Barrio de Rafael Delgado. De acuerdo con la defensa, los agentes golpearon a nueve adultos y seis menores de edad, los encañonaron con armas de fuego y sustrajeron pertenencias y dinero en efectivo. La mujer fue detenida, incomunicada y sometida a golpizas y descargas eléctricas, con el objetivo de obligarla a autoinculparse por un delito contra la salud relacionado con la Carpeta de Investigación 84/2025.
Maribel sostuvo en todo momento que la marihuana que se le atribuía había sido “sembrada” en una mochila dentro de las instalaciones de la Fiscalía, pese a lo cual un juez la vinculó a proceso y la Fiscalía solicitó prisión preventiva oficiosa, medida que carecía de justificación legal y vulneró su derecho al debido proceso.
Un juicio de amparo federal posterior reconoció la existencia de tortura y concedió una suspensión a su favor; sin embargo, la Fiscalía ignoró los mandatos judiciales e insistió en realizar la audiencia inicial de imputación. Fue la labor de sus defensores, que incluyó la aplicación del Protocolo de Estambul y la interposición de denuncias penales por tortura, lo que finalmente permitió evidenciar que la prueba de su inocencia había sido deliberadamente suprimida.
La libertad de Maribel fue posible gracias al acompañamiento jurídico especializado, el respaldo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y la cobertura de periodistas independientes. Ahora, tanto la defensa como organizaciones civiles exigen la investigación y sanción de los funcionarios de la Fiscalía del Distrito XV y de los agentes ministeriales responsables de la detención ilegal y los actos de tortura.