José Vargas.
Agua Dulce, Veracruz. — El tesorero municipal de Agua Dulce, Manuel Alvarado Martínez, se encuentra actualmente prófugo de la justicia tras evadir su detención, luego de que un juez librara una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en un caso de desvío de recursos públicos.
La acción judicial se deriva de la carpeta de investigación FES/347/2014/111 y de la causa penal 01/2024, relacionada con actos de corrupción cometidos durante su gestión como tesorero en el municipio de Minatitlán en el periodo 2011-2014.
Este caso cobró fuerza tras la reciente detención de otros dos ex funcionarios de esa misma administración: el ex alcalde Leopoldo Torres García y el ex regidor Joaquín González, quienes enfrentan cargos por incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
El origen de las acusaciones se remonta a la fallida construcción del puente Copoacan. Aunque los recursos públicos fueron entregados a la empresa Secort Construcciones S.A. de C.V., las obras nunca se ejecutaron. La denuncia por estas irregularidades fue interpuesta en su momento por la ex alcaldesa Isabel Morales Aguirre, conocida como “La Potra”, pero durante años el caso permaneció sin mayores avances.
De acuerdo con información recabada, al tener conocimiento de la orden de aprehensión, Manuel Alvarado habría abandonado el Palacio Municipal de Agua Dulce por una salida trasera, presuntamente con el apoyo de elementos de la Policía Municipal, situación que ahora también es objeto de investigación.
El nombramiento de Alvarado Martínez como tesorero de Agua Dulce durante la actual administración de Noé Castillo Olvera ha sido duramente cuestionado, ya que pese a los antecedentes judiciales que arrastraba desde su paso por Minatitlán, se le confió la administración de los recursos públicos municipales.
Cabe destacar que Manuel Alvarado es identificado como persona cercana al ex secretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, actualmente también bajo proceso judicial.
Por el momento, las autoridades continúan las labores de localización del funcionario, mientras el caso vuelve a poner bajo la lupa los procesos de selección de servidores públicos y los presuntos vínculos de protección política que persisten en algunos municipios de Veracruz.