Ciudad de México, 15 de julio de 2025 —
La muerte de un trabajador agrícola mexicano tras una redada migratoria en Estados Unidos ha encendido las alarmas en el gobierno federal, que evalúa presentar una demanda en tribunales estadounidenses contra quienes resulten responsables.
La víctima, Jaime Alanís García, tenía 56 años y era originario de Michoacán. Según reportes oficiales, falleció debido a las heridas sufridas mientras intentaba escapar de una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Durante la conferencia presidencial matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento y calificó los hechos como “inadmisibles”.
“Es inaceptable. Estamos explorando las vías legales necesarias para que haya consecuencias. Nuestra solidaridad está con la familia. No puede volver a suceder algo así”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
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Aumentan redadas y deportaciones: más de 1,400 mexicanos repatriados
La mandataria detalló que, desde el pasado 20 de enero, 1,427 ciudadanos mexicanos han sido deportados en redadas similares. De ese total, 435 ocurrieron a partir del 6 de junio, fecha en que los operativos del ICE se intensificaron con el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense.
En términos generales, 75,341 personas han sido expulsadas de EE.UU. en lo que va del año, de las cuales 68,790 son de nacionalidad mexicana.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos migrantes y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores coinciden en que la muerte de Alanís García no debe quedar impune. El gobierno mexicano busca con esta posible demanda establecer un precedente legal que obligue a las autoridades estadounidenses a respetar los derechos de las personas migrantes.
“Estos hechos muestran una falta total de respeto a la vida y la dignidad de nuestros compatriotas. No se trata solo de números, sino de personas con familias e historias que merecen justicia”, subrayó Sheinbaum.
El caso ha generado indignación en comunidades migrantes dentro y fuera de México. La exigencia común: justicia, protección y garantías frente a futuras redadas violentas.