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El gobierno federal a través de un decreto presidencial anunció la intervención activa de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad pública en el resto de tiempo del actual sexenio.
La decisión es entendible de un reforzamiento del combate a la delincuencia organizada en todo el país, pero no es comprensible desde el punto de vista de las convicciones políticas e ideológicas de un Presidente de la República, hombre de izquierda que por años reiteró en su lucha política su rechazo a sacar al ejército de sus cuarteles y ponerlo en las calles por el grave riesgo de que se violenten los derechos humanos de la población, como lo denunció en el pasado.
La decisión es dura para una sociedad democrática y son motivo de al menos tres reflexiones personales.
En primer lugar, el momento en que se toma la decisión. Vivimos un escenario en el que las estadísticas de violencia delictiva no se detienen y siguen en ascenso. La participación activa de las fuerzas armadas sería el indicador de que la guardia civil y el plan de contención de la delincuencia no están dando los resultados deseados y por tanto hay un reforzamiento para lograr los objetivos. Sin embargo, como lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay un problema de indefinición y certeza jurídica en el Decreto sobre la forma concreta de participación de las fuerzas armadas, lo que en principio se contrapone al debido proceso de custodia de cualquier detenido que podría alegar violación de sus derechos humanos.
En segundo lugar, el contexto de la pandemia y sus consecuencias sociales. Inevitablemente como ocurre en todo el mundo, las restricciones sanitarias impactan negativamente las economías de las naciones, con crisis financieras, quiebra de empresas y enorme desempleo. Este contexto empata con la idea de que el ejército será para el gobierno un factor de contención de posibles reacciones sociales que se entiendan como actos de desestabilización gubernamental, por lo que se prepara lo necesario para una situación de crisis nacional mayor.
En tercer lugar, entender las justificaciones que ha declarado el Presidente, respecto a su confianza en las fuerzas armadas y la necesidad de que prevalezca la disciplina militar en las tareas de seguridad pública. Reconocer la labor y aportación social del Ejército nacional no está en debate. Lo que sí es cuestionable es que sea la mayor opción de un gobierno de izquierda que, por décadas de lucha política, se ha manifestado en contra de esta opción que contraviene los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales que le obligan a tener mandos e instituciones civiles en el combate delictivo y la vigilancia de las calles.
Lo que vemos es un Presidente que ajusta sus convicciones políticas e ideológicas a una emergencia de seguridad pública y explica sus actos con argumentos que contrastan con sus posturas y declaraciones, acciones que desde su lucha política de izquierda hizo para condenar actos similares en el pasado.
En el proceso de construcción de la Cuarta Transformación de México, el progresivo militarismo no debe ser la mayor carta de presentación de sus promotores en detrimento de los derechos humanos que deben prevalecer.
El Frente por la Cuarta Transformación reitera su convicción de que hay que construir un plan estratégico para la Pacificación Nacional. Se debe construir un Nuevo Acuerdo que sea legalizado en el Congreso de la Unión.
Seguimos creyendo que el presidente de México cumplirá sus 3 principios básicos : No Mentir, No Robar y No traicionar al Pueblo de México!
Dr. Elias Miguel Moreno Brizuela
Presidente del CEN del Frente por la Cuarta Transformación.
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