José Vargas.
Nanchital, Ver.- En un movimiento que ha encendido las alarmas de activistas ambientales y ciudadanos, el Cabildo de Nanchital aprobó la extinción de una reserva ecológica colectiva de más de 31 hectáreas para ceder su espacio a la construcción de un gigantesco complejo de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (LP), impulsado por capital privado.
La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Cabildo celebrada el pasado 17 de enero de 2025, donde, con el voto mayoritario de los ediles presentes, se avaló el cambio de uso de suelo del predio denominado Santa Lucía Fracción A, ubicado sobre la carretera Nanchital-El Chapo, en el kilómetro 4.70. Solo el regidor primero, Elvis Ventura Juárez, estuvo ausente por permiso, evitando así emitir voto en el polémico dictamen.
La presidenta municipal, Esmeralda Mora Zamudio, junto con los regidores Félix Olarte Ferral (síndico único), Rosa Elena Alemán Sierra (regidora segunda) y Virginia Bartolo Lagunes (regidora tercera), firmaron la autorización para modificar el programa de desarrollo urbano del municipio, eliminando la categoría de “Reserva Ecológica Colectiva” y reclasificando el terreno como zona de uso industrial.
El predio, ahora en manos de Abraham Córdoba Peralta, apoderado legal de la empresa Servicios de Gas y Equipos S.A. de C.V., será el epicentro de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Gas LP “TERMISUR”, un complejo con capacidad para almacenar 46 mil barriles de gas LP, distribuidos en dos gigantescos tanques esféricos. Además, se contempla la construcción de un gasoducto y un nuevo camino de acceso que atravesará parte de la zona anteriormente protegida.
Este proyecto industrial se encuentra actualmente bajo evaluación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), quien revisa el expediente ASEA 30VE2025G0064 y el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, indispensable para obtener el permiso federal de construcción.
La obra representaría una inversión superior a los 46 millones de dólares, con un tiempo estimado de construcción de 24 meses, proyectando su inicio de operaciones hacia finales de 2027.
Mientras las autoridades municipales defienden la iniciativa como una palanca para la generación de empleo y el desarrollo económico de Nanchital, los habitantes no comparten el entusiasmo. Las voces de inconformidad han empezado a alzarse ante lo que consideran una amenaza directa al medio ambiente y a la salud pública.
Nanchital es una de las ciudades del sur de Veracruz más golpeadas por la presencia de complejos industriales, incluyendo petroquímicas y refinerías de PEMEX, cuyas emisiones tóxicas han deteriorado la calidad del aire durante décadas. La eliminación de este pulmón verde, advierten los ciudadanos, agravaría la situación de contaminación atmosférica que aqueja a la región.
“Nos están quitando la última reserva ecológica del municipio, y todo para enriquecer a una empresa privada. Mientras tanto, seguimos respirando gases tóxicos diariamente”, expresó uno de los vecinos organizados en los primeros colectivos de resistencia.
El Programa de Ordenamiento Urbano vigente en el municipio definía claramente este polígono como área de conservación ecológica colectiva. Para modificar este estatus, el Cabildo recurrió a la figura de sesión extraordinaria, permitiendo con rapidez el cambio de uso de suelo sin procesos de consulta pública amplios.
El gobierno municipal argumenta que “el proyecto se ajustará a las leyes, normas y reglamentos de los tres niveles de gobierno”, sin embargo, especialistas advierten que el caso podría ser impugnado si se comprueba que se vulneraron principios de consulta ciudadana, participación pública y respeto a los instrumentos de planeación territorial.
El futuro de TERMISUR depende ahora de la autorización que emita la ASEA, organismo federal encargado de revisar los impactos ambientales, riesgos industriales y cumplimiento normativo del sector hidrocarburos. Aunque la inversión está asegurada, el permiso definitivo aún no ha sido otorgado.
Este caso se suma a otros conflictos ambientales recientes en Nanchital, como la polémica instalación del relleno sanitario en la reserva “Casa Caracol” en 2023, lo que deja en evidencia el patrón sistemático de sacrificio ambiental para habilitar proyectos industriales o de infraestructura sin el suficiente consenso social.
Mientras las obras no han comenzado, la comunidad observa con creciente desconfianza el rumbo que está tomando su municipio, convertido paulatinamente en un corredor energético con cada vez menos áreas verdes.
El dilema es claro: desarrollo industrial a costa del patrimonio ecológico o buscar alternativas sostenibles que no arriesguen la salud de las próximas generaciones.