José Vargas.
Sayula de Alemán, Ver.— El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) detectó irregularidades y posible daño patrimonial en diversas obras ejecutadas durante la administración municipal encabezada por Lorena Sánchez Vargas, al identificar proyectos que fueron reportados como concluidos, pero que en la práctica permanecen incompletos.
Uno de los casos señalados corresponde a la ampliación de la red eléctrica realizada en la calle Altamirano, entre Miguel Alemán y Miguel Hidalgo, en el centro de la cabecera municipal. Aunque la obra fue registrada dentro del ejercicio fiscal 2024, actualmente presenta faltantes estructurales que impiden su correcta operación.
De acuerdo con documentación oficial del ORFIS, la obra carece de luminarias, elementos de media tensión, transformador, retenidas y conductores, lo que confirma que no fue concluida conforme a lo contratado, pese a que se reportó como finalizada.
El organismo fiscalizador informó que el proyecto tuvo un costo de 2 millones 200 mil pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), un fondo federal destinado al mejoramiento urbano y social en municipios con población indígena y en situación de marginación, como Sayula de Alemán.
El ORFIS precisó que estos recursos están etiquetados y su uso indebido podría implicar responsabilidades administrativas y legales, al tratarse de fondos federales destinados a atender rezagos sociales prioritarios. La obra inconclusa de la calle Altamirano se suma a otras detectadas en la cabecera municipal con observaciones similares.
Derivado de estas irregularidades, el organismo deberá cuantificar el daño patrimonial y determinar las responsabilidades correspondientes, las cuales podrían escalar a procedimientos penales por posibles delitos como desvío de recursos, uso indebido de atribuciones o daño al erario, una vez agotados los procesos de auditoría y solventación.
Mientras avanzan las revisiones, en Sayula de Alemán persiste el reclamo ciudadano por obras pagadas que no funcionan y por recursos públicos que no se reflejan en mejoras reales para la población. El ORFIS continuará con la fiscalización de la cuenta pública para determinar el alcance de las responsabilidades de la administración saliente.
