“El proceso contra Rafael “Lafita” León reabre el debate sobre el uso del delito de terrorismo y sus implicaciones para la libertad de expresión en Veracruz”
José Vargas.
Coatzacoalcos, Ver. — Bajo un despliegue policial inusual, con patrullas estatales y municipales y portando esposas, el periodista Rafael “Lafita” León fue trasladado al recinto judicial para enfrentar la audiencia en la que su defensa presentó pruebas orientadas a desvirtuar los señalamientos en su contra, tras su detención ocurrida el pasado 24 de diciembre.
El operativo, que contrastó con la naturaleza de su actividad profesional, generó reacciones inmediatas entre comunicadores y organizaciones civiles, al considerar que se envió un mensaje de criminalización contra el ejercicio periodístico. La utilización del delito de terrorismo en este caso encendió alertas, al tratarse de una figura penal reservada para conductas de extrema gravedad.
Durante la audiencia, los abogados defensores expusieron ante el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, José Guadalupe Nucamendi, elementos que, aseguran, desmontan la acusación. Señalaron que los hechos que se le imputan datan de 2023 y derivan de una carpeta de investigación que permaneció inactiva por más de dos años, misma que fue reactivada tras la apertura de una nueva indagatoria el pasado 10 de diciembre.
Al concluir la diligencia, Rafael León afirmó ser víctima de una persecución directa y sostuvo que el proceso no obedece a la comisión de delitos, sino a una animadversión personal desde la Fiscalía. “No se me juzga por hechos reales, sino por mi trabajo y por intereses ajenos a la justicia”, expresó ante medios.
El comunicador enfrenta cargos por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Su defensa insiste en que las imputaciones carecen de sustento jurídico y constituyen un intento por inhibir la labor informativa mediante el uso del aparato penal.
La investigación es conducida por la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, encabezada por Karla Díaz Hermosillo, la cual informó que la audiencia continuará este martes, cuando se determinará la situación jurídica del periodista.
El caso ha trascendido el ámbito local y se ha colocado en la agenda del gremio periodístico a nivel estatal. Para diversos sectores, el proceso representa un punto crítico: si se valida la imputación de terrorismo contra un periodista, se abriría la puerta a que cualquier ciudadano sea procesado bajo criterios similares, poniendo en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información en Veracruz.
