El Licenciado Melitón Alejos Baxin, delegado de Política Regional, advierte sobre la complejidad de una disputa que suma más de 50 años; autoridades buscan establecer mesas de diálogo ante el temor de enfrentamientos.
Armando Azamar |
Ángel R. Cabada, Ver.
Un añejo conflicto agrario en el predio conocido como “El Mesón” en Ángel R. Cabada, ha alcanzado niveles críticos de tensión, poniendo en alerta a las autoridades estatales.
Lo que comenzó hace más de cinco décadas como una disputa de linderos, hoy se ha convertido en un complejo problema social que involucra a ejidatarios, colonos y posesionarios.
El Licenciado Melitón Alejos Baxin, delegado de Política Regional, informó que tras una revisión exhaustiva, existen registros documentales de este conflicto que datan desde 1932. A pesar de que ambas partes aseguran tener la razón jurídica, presentando escrituras y sentencias de tribunales, la resolución definitiva sigue pendiente.
En una reciente visita a la zona, el funcionario se reunió con más de 50 personas, entre ellos el presidente del comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y el tesorero, quienes presentaron testimonios de habitantes de hasta 93 años de edad para sustentar la posesión histórica de las tierras.
El delegado Alejos Baxin calificó la situación actual como “muy tensa”. Según lo recabado en el lugar, la convivencia se ha fracturado debido a la incertidumbre.













Miembros de la comitiva ejidal de Ángel R. Cabada, manifestaron ante el funcionario sentirse amenazados y con miedo, reportando que grupos de la zona de El Mesón mantienen vigilancia día y noche.
El conflicto se ha agudizado debido a que ya existen viviendas y cercados en predios donde los ejidatarios planean construir, lo que genera roces constantes.
El delegado subrayó que su deber es vincular estos temas directamente con el Gobierno del Estado para evitar que el problema escale.
“Se tiene que aterrizar este conflicto. Es necesario arreglar este problema con las instituciones correspondientes, en este caso el Tribunal Unitario Agrario, donde se está llevando el proceso jurídico”, afirmó el Licenciado Melitón Alejos Baxin.
Ante el riesgo de confrontación, la delegación de Política Regional anunció que en las próximas semanas se buscará concretar un acercamiento formal entre ambas partes. El objetivo primordial será establecer una mesa de diálogo que permita revisar la documentación comprobatoria y encontrar una solución legal que devuelva la paz social al municipio de Ángel R. Cabada.
– Ejidatarios de Ángel R. Cabada denuncian agresiones, amenazas y campaña de desprestigio en medio de conflicto agrario histórico
Ejidatarios de Ángel R. Cabada alzaron la voz para denunciar agresiones físicas, amenazas contra sus familias y una presunta campaña de señalamientos falsos difundidos a través de redes sociales, situación que, advierten, podría derivar en hechos de mayor gravedad si no se atiende de manera oportuna por las autoridades competentes.
▪️Agresión directa contra el presidente del Consejo de Vigilancia y su familia
Armando Azamar Nato, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de Ángel R. Cabada, relató que el pasado 16 de enero del presente año, cuando se desplazaba junto con su esposa rumbo a la colonia Benito Juárez, fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes lo obligaron a descender de su camioneta y los agredieron físicamente, advirtiéndole que “se dejara de cosas” y que no se metiera “donde no debe”.
Posteriormente, el 20 de enero, mientras se encontraba junto con otros compañeros ejidatarios en las tierras en disputa, volvió a ser agredido, resultando con diversas lesiones. En relación con estos hechos, Armando Azamar señaló que ha comenzado a circular en redes sociales un video de menos de 30 segundos, el cual, afirma, se encuentra editado, mostrando únicamente fragmentos que favorecen a la parte contraria, omitiendo el contexto completo de la agresión de la que también fue víctima.
El entrevistado explicó que ese día se encontraban en las tierras buscando leña para un campamento, cuando se suscitó el altercado, y reiteró que el material audiovisual difundido no refleja la totalidad de los hechos, ni las provocaciones previas.
▪️Denuncias formales y temor por su integridad
Azamar Nato también denunció que, además de las agresiones físicas, han sido víctimas de robo de ganado, señalando que los presuntos responsables ya se encuentran identificados. Indicó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, y que en los próximos días interpondrán una denuncia adicional en la ciudad de Xalapa, con el objetivo de llegar “hasta donde la ley lo permita”.
Asimismo, expresó su temor por su vida y la de su esposa, al considerar que las amenazas han escalado y que en redes sociales perfiles anónimos han dañado su imagen y su integridad moral, realizando acusaciones que calificó como falsas. Aseguró que el conflicto sigue latente, señalando además que la Procuraduría Agraria habría realizado una ejecución que calificó como amañada, por lo que solicitó la intervención directa de la gobernadora del estado, advirtiendo que pareciera que las autoridades solo reaccionan “hasta que hay una muerte de por medio”.
▪️Conflicto agrario con origen en 1976 y responsabilidad institucional.
Por su parte, Saturnino Machucho Pérez, presidente del Comisariado Ejidal de Ángel R. Cabada, explicó que el conflicto agrario se originó en el año de 1976, y que en este 2026 se cumplen 50 años de una disputa que no ha sido resuelta de fondo.
Detalló que los ejidatarios beneficiados con una ampliación ejidal nunca recibieron 77 hectáreas que, en su momento, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria no entregó. Posteriormente, el Tribunal Agrario emitió una sentencia condenando al ejido, a pesar de que dichas tierras no se encuentran en posesión del ejido, sino de diversas personas asentadas en una colonia.
Añadió que recientemente el Tribunal Agrario entregó de manera parcial 27 hectáreas, como intento de concluir el juicio, lo que derivó en la invasión de la colonia El Mesón. Al no existir resistencia por parte de algunos colonos, los beneficiarios intentaron ocupar tierras pertenecientes a otro grupo de posesionarios, quienes se niegan a desalojar, generando un nuevo foco de tensión.
Machucho Pérez responsabilizó de esta situación al Tribunal Agrario y al Juez Tercero de Distrito con sede en Boca del Río, al intentar otorgar tierras que, aseguró, no existen físicamente, ya que las superficies en disputa pertenecen al fondo legal del municipio de Ángel R. Cabada y se encuentran ocupadas por distintas personas, lo que, advirtió, seguirá generando violencia si no se corrige el origen del problema.
▪️Señalamientos falsos y defensa del marco legal ejidal.
En cuanto a los señalamientos difundidos en redes sociales contra el comisariado ejidal y el Consejo de Vigilancia, Saturnino Machucho aclaró que el ejido administra bienes de carácter social, regidos por un reglamento interno, y que cualquier ejidatario que desee obtener el dominio pleno debe cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Agraria.
Precisó que actualmente solo 10 personas cuentan con dominio pleno, quienes realizaron las aportaciones correspondientes al ejido, desmintiendo que se hayan cobrado cantidades excesivas, como se afirma en redes sociales. Explicó que el proceso requiere la celebración de una asamblea con la asistencia de al menos el 75 % de los ejidatarios, la intervención de un notario y el cumplimiento de pagos establecidos conforme al reglamento.
Indicó que la persona que realiza los señalamientos, una ejidataria, o más bien su hija, conoce perfectamente el procedimiento, pero en su momento decidió no participar por no cubrir la aportación requerida, y ahora, ante su inconformidad, ha optado por realizar acusaciones sin sustento, dañando la moral y reputación de quienes integran la administración ejidal.
▪️Llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía
Tanto Armando Azamar Nato como Saturnino Machucho Pérez hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales, estatales y federales, para que intervengan de manera inmediata y eviten que el conflicto escale a hechos de mayor violencia, señalando que la falta de atención oportuna podría derivar en daños colaterales y una crisis de gobernabilidad en la región.
Finalmente, pidieron a la ciudadanía no dejarse llevar por videos editados ni por publicaciones anónimas en redes sociales, reiterando que los procedimientos ejidales se realizan conforme a la ley, y que cualquier inconformidad debe resolverse por la vía legal, no mediante agresiones, amenazas o campañas de desprestigio.



