CDMX., 19 de noviembre 2025-Los líderes cañeros de las organizaciones independientes, Cañeros Produciendo por México, Unidad Cañera Democrática y Movimiento Rural 9 de Septiembre, presentaron ante el Subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, un Plan Nacional Emergente para el Rescate del Precio de la Caña, donde contempla un análisis de la producción cañera en las últimas cinco zafras. Estuvieron en mesa de diálogo con enviados de las Secretarías de Economía, Bienestar, Conagua y Conadesuca, donde de entrada les dijeron que no existe presupuesto para otorgar 300 pesos por tonelada a cada productor de las 47 millones de toneladas producidas la zafra anterior 2024 / 25, donde quedaron a deber a los industriales, por el exceso de entradas de azúcar centroamericana y fructuosa, que provocó excedentes de dulce en México y una caída de los precios.
Los líderes Germán Corro Galó, Ruperto Ruiz Cortés, Arturo Hervis, Almaquio Sámano, José M Cruz Vicente, Karina Bautista,Octavio Lizárraga y Refugio Polanco Sojo, llevaban un estudio previo de afectaciones, orígenes y posibles salidas a la crisis, que entregaron en ese momento, donde ofrecen alternativas, como apoyar principalmente a los productores de menos de 5 hectáreas, que son los que no tienen ni para pagar el seguro Social en estos momentos, que son personas de la tercera edad que requieren medicación constante. Que todo se puede hacer por medio de la Secretaría de Bienestar,que es la que paga anualmente el apoyo de Producción para el bienestar, misma que ya cuenta con un padrón. Que el apoyo técnico (que no se puede llamar subsidio por la prohibición del TLC que hace Estados Unidos contra México acusando Dumping), puede ser de manera directa al productor, sin que las organizaciones toquen ese dinero. Que sería para los cañeros de todas las organizaciones, sin diferencia de siglas.
Que los aranceles que cobró Hacienda superaron los 9 mil millones de pesos de aranceles. Mientras Hacienda ganó dinero, los cañeros lo perdieron.
La reunión se llevó a cabo este 19 de noviembre 2025 en las oficinas de SADER.
La parte gubernamental pidió dos semanas para poder analizar sus peticiones.
