Topolobampo, Sinaloa.— Aunque las autoridades de Protección Civil aseguraron que no se trató de un secuestro ni de tráfico de personas, el hallazgo de 28 menores de edad —27 adolescentes y un joven de 18 años— en una embarcación interceptada en altamar frente a las costas de Sinaloa ha despertado inquietud y sospechas entre la población.
Según la versión oficial, los menores eran jornaleros agrícolas originarios de Chiapas que trabajaban en campos del Valle de Constitución, en Baja California, y fueron retirados de esos centros laborales tras detectarse que no contaban con los permisos requeridos para emplear a menores de edad. El traslado marítimo —aseguran las autoridades— formaba parte de un “proceso administrativo preventivo” para devolverlos a su lugar de origen.
El encargado de Protección Civil en la zona norte, Ángel Daniel Corrales López, explicó que el operativo fue coordinado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía del Estado y otras instancias federales. “No se trata de un rescate ni de un secuestro. Los menores venían en tránsito, en un operativo coordinado por las autoridades, únicamente porque no se comprobó que contaran con el consentimiento de sus padres para trabajar”, declaró.
Sin embargo, los detalles del caso no terminan de convencer. La primera versión difundida hablaba de un rescate marítimo realizado por la Marina tras detectar una embarcación sospechosa con casi treinta jóvenes a bordo. La propia Fiscalía de Sinaloa informó que las personas fueron “auxiliadas en altamar” y quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Resulta difícil para muchos creer que un grupo de menores —trasladados por mar desde Baja California hasta Sinaloa, sin acompañantes adultos ni documentos legales— estuviera simplemente “en tránsito” por razones administrativas. La distancia, el medio de transporte y la falta de claridad sobre quién organizó su desplazamiento alimentan las dudas de que este caso pueda estar relacionado con redes de trata o explotación laboral infantil.
Por ahora, las autoridades insisten en que no existe investigación penal en curso y que los menores serán entregados al DIF para continuar su traslado hacia Chiapas. Pero entre las versiones contradictorias y el inusual recorrido de los jóvenes, la versión oficial deja más preguntas que respuestas.